Enrique del Val Blanco
Una vez más la inconsis-tencia y debilidad de este gobierno, junto con el contubernio de algunos diputados de varias fracciones, han retrasado y quizás echado abajo la posibilidad de que a las empresas que realizan actividades consideradas monopólicas o que se ponen de acuerdo para la fijación de precios sean multadas en serio, y no como ahora, que se mueren de risa por lo complicado de la legislación en materia de competencia económica.
La propuesta supuestamente negociada con todas las fracciones, cuyo dictamen había sido aprobado por unanimidad y había pasado la primera lectura, ya era bastante suave en comparación con la propuesta original, la cual se asemejaba a lo que se realiza en otras partes del mundo en condiciones similares y en países tan diferentes como Estados Unidos, Brasil, Sudáfrica o los miembros de la Unión Europea.
Pero es claro que en nuestro país los empresarios son cada día un poder más grande y más fuerte, ya que muchos políticos dependen de ellos para realizar sus campañas destinadas a ocupar cargos públicos, por lo que les piden abiertamente el apoyo para los temas que les interesan, como éste. O bien reciben las amenazas veladas, y otras no tanto, que seguramente les hacen los cabilderos que utilizan comúnmente estas empresas —algunos de ellos reclutados entre actuales o pasados miembros de los poderes Ejecutivo o Legislativo—, provocando que les tiemblen las corvas y, por ende, hayan detenido la iniciativa. Ahora se está en la etapa de volver a estudiar, con una comisión ad hoc, la propuesta apoyada por la Comisión Federal de Competencia (Cofeco).
Si no se logra por lo menos que se establezcan las multas en montos equivalentes a las que se aplican en otros países, lo mejor sería que la citada comisión desapareciera y que el Estado les preguntara a comerciantes e industriales cómo quieren que se hagan las cosas en esta materia.
Si al gobierno y a los diputados les pasó de noche el tema del “mercado relevante” para establecer las multas y ahora se pretende cambiar a la fijación conforme “al valor de las ventas de los bienes o servicios a que se refiere la infracción”, que es como se hace en la Unión Europea y en otras partes del mundo, habría que hacerlo de inmediato para que pudiera ser aprobada en esta Legislatura, porque de otra manera seguramente entraría a la famosa “congeladora” de leyes y asuntos espinosos.
Y si ya están en la revisión, también podrían analizar la posibilidad, acorde con otros países, de que la sanción no sólo sea pecuniaria sino también penal para los directivos empresariales, como se aplica en Estados Unidos.
Hay muchos temas y casos en que las grandes empresas hacen lo que les viene en gana, y cuando el gobierno tímidamente trata de ponerlas en orden casi nunca lo logra o lo hace parcialmente, sin aplicar sanción alguna. Ejemplos hay muchos. Recordemos el caso del iluso que quiso traer cemento ruso y que el barco en que lo transportaba estuvo varado meses y meses, sin poder entrar a puerto debido a la oposición férrea de la empresa regiomontana Cemex, que recibe muchos premios en el extranjero y en su propia casa muestra actitudes de monopolio.
O también en asuntos que afectan a los consumidores, como es el caso del cinismo de la empresa Coca-Cola en el cual, a raíz de las notas aparecidas en la prensa informando que su producto Coca-Cola zero contenía un ingrediente prohibido en Estados Unidos y Canadá y aquí lo comercializaba, a la Secretaría de Salud no le quedó más remedio que hacer una supuesta investigación —de la cual por cierto hasta la fecha no se ha informado nada—, pero ¡oh sorpresa! ahora la empresa estadounidense saca nuevos anuncios promoviendo el mismo producto, pero ya sin el ingrediente prohibido. ¿Cuál fue la negociación que el gobierno llevó a cabo con la empresa, de manera que al final ésta tuvo que retirar el ingrediente dañino que estaban consumiendo los mexicanos, quedando tan campante sin alguna sanción o multa, tan sólo en silencio y con un acuerdo en lo oscurito?
Un país que se precie de ser de primer mundo o que aspire a serlo tiene que demostrar que su gobierno puede con los actos monopólicos o irregulares de las empresas, tanto nacionales como extranjeras, y en México esto no ocurre.
¿Qué hubiera pasado si la propuesta de reformas a la Ley Federal de Competencia Económica se queda como había sido presentada al Congreso? Sin duda veríamos un mayor respeto por la ley y no la burla que hasta ahora hacen de la misma empresas como las de telecomunicaciones o las bancarias. Además, se debería trabajar en paralelo para sancionar severamente las mentiras publicitarias de varias de las mayores empresas de productos de consumo que hay en nuestro país y que en muchas ocasiones nos utilizan como “conejillos de indias” en la introducción de sus productos.
Qué vergüenza sería para el gobierno y para algunos de los partidos en el Legislativo que, en vez de defender a los millones de consumidores, defendieran las utilidades comerciales de las empresas privadas que en muchas ocasiones tienen actitudes monopólicas, pensando sólo en su futuro político e incluso económico. Llegará el día en que a algunos de ellos la población les castigue en serio, porque sólo buscan sus intereses particulares y no los de la sociedad, a la cual supuestamente representan.
Analista político y economista