OPACIDAD
Por Teodoro Rentería Arróyave
Desde las primeras intentonas para reglamentar los artículos VI y VII constitucionales que garantizan la libre manifestación de las ideas y las libertades de prensa y expresión, el gremio periodístico organizado se ha opuesto a tal despropósito por considerar, como ha quedado comprobado, que se vulneran exactamente esos caros y fundamentales derechos.
Fue en tiempos del presidente José López Portillo, a raíz de su agregado: “El derecho a la información será garantizado por el Estado”, cuando se inició el tránsito que finalmente aterrizó en tiempo de Vicente Fox Quesada para imponernos la ley mordaza llamada pomposamente Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.
Las tres últimas informaciones sobre el tema en que ha profundizado el diario El Universal en primera plana nos otorgan la razón: la norma aprobada en el primer gobierno de la derecha sólo ha servido para favorecer la opacidad de los gobiernos federal y d todos las entidades del país.
Desde aquel lejano sexenio lopezportillista se iniciaron las consultas públicas sobre la conveniencia o no de la ley reglamentaria; en todas participamos con argumentos basados en estudios tan claros y precisos como los del desaparecido jurisperito Ignacio Burgoa Orihuela.
La ley mordaza que nos han impuesto ha servido precisamente para eso: garantizar la opacidad y violar constantemente el espíritu de la garantía aprovechándose de otra reforma que se le hizo a la Carta Magna en el inciso I, después del mandamiento de que “Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo federal, estatal y municipal, es pública” se le agregó el resquició “y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público en los términos que fijen las leyes. En la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad”.
Aquí está la trampa: ¿quién fija o quien interpreta “el interés público” para “reservar temporalmente” la información pública gubernamental pues obvio por disposición de esa aberrante ley son los propios gobiernos los que mandan a la reserva las informaciones que no les conviene se conozcan y luego avalan 5 notables que forman, con muy buenos o excesivos emolumentos, el consejo de esa entelequia llamada Instituto Federal de Acceso a la Información, IFAI.
Lo mismo sucedió en todas las entidades federativas del país, tanto con las clonadas leyes de supuesta transparencia y acceso a la información como con las clonadas juntas de notables. Esta situación se ha prestado a toda clase de pingües negocios, ya que vivales se dedicaron a esas clonaciones y vendieron a muy buenos precios a los legislativos o a los ejecutivos locales copias y copias de la ley mordaza que luego promulgaron como suyas.
En los cabezales de El Gran Diario de México se dice todo: El gobierno federal se cierra a transparencia, El gobierno encontró un resquicio jurídico para evitar la entrega de datos a los ciudadanos, invocando la figura de “información inexistente”; Estados violan ley de transparencia, Opacidad impide a ciudadanos saber el destino de los recursos públicos, Corte relega transparencia en averiguaciones previas
Sólo un dato para comprobar nuestro aserto: Fox Quesada mandó a la congeladora, perdón a la reserva, 4 millones 718 mil expedientes y en sus primeros cuatro meses el gobierno de Felipe Calderón, agregó 255 mil –no se tiene información de cuantos más se han acumulado-, por que la administración pública federal los clasifica como “confidenciales” según Índice de Expedientes Reservados, proporcionado por las 240 dependencias federales al Instituto Federal de Acceso a la Información, IFAI. Definitivo se nos ha impuesto una ley mordaza que burla nuestra posición de que toda información gubernamental es propiedad, patrimonio del pueblo puesto que se genera con sus propios recursos.
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