BURLAS
Por Teodoro Rentería Arróyave
Después de esperas nunca explicadas y de fincar falsas expectativas, en la Cámara de Diputados, se aprueban iniciativas mochas como la que pretende federalizar los delitos contra las libertades de expresión y de prensa y la llamada de Salarios Máximos.
La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, sin coordinación alguna con la de Justicia que presiden, el priísta César Octavio Camacho Quiroz y el perredista Raymundo Cárdenas Hernández, respectivamente, aprueba la iniciativa del Presidente de la República, que no la surgida del la Comisión de Seguimiento a Agresiones a Periodistas y Medios de Comunicación de ese órgano Legislativo y de su Consejo Consultivo, mucho más amplia, que federaliza los delitos cometidos contra la libertades de prensa.
Así también, aprueba por unanimidad dicha Comisión la Ley de Salarios Máximos que establece que ningún servidor público podrá percibir ingresos mayores a los del Presidente de la República, sin embargo deja sueltos los abultado ingresos de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, SCJN; de los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, TEPJF; de los consejeros del Instituto Federal Electoral, IFE, y del Consejo de la Judicatura Federal CJF, así como de jueces y magistrados. Con tal decisión, obvio, continúa la protección a los funcionarios que por sus desorbitados sueldos provocaron la polémica.
En efecto, lo que se pretende al federalizar los delitos cometidos contra la libertades de expresión y de prensa es proteger por igual a reporteros, conductores de noticiarios, editorialistas, como a todo trabajador o empleado de un medio de comunicación que se vea agredido por el desempeño de su labor.
La iniciativa de la Comisión de Seguimiento de Agresiones a Periodistas, que por cierto preside el panista diputado, Gerardo Priego Tapia es mucho más completa y prevé la creación de la Subprocuraduría Especializada en dichos delitos dependiente, como es lógico, de la Procuraduría General de la República y por ende reemplazaría o mejor dicho anularía esa entelequia de la Fiscalía que no ha servido para maldita la cosa. Nunca su titular entendió su función y por ello los asesinatos, desapariciones forzadas y demás atentados contra informadores se han multiplicado escandalosamente.
No lo dice el periodismo organizado, lo dicen incontables organismos tanto nacionales como internacionales, incluyendo en forma preponderante a Naciones Unidas: México es el país más peligroso del mundo para ejercer el periodismo, por una sola razón: la impunidad y la corrupción imperante en esta, nuestra dolorida y vejada nación.
Por lo que respecta a la Ley de Salarios Máximos, nos salen con una aclaración que no aguanta el mínimo análisis, sobre todo por la situación de pobreza y de emergencia que vive el país; aclaran los señores legisladores de la Comisión de Marras “que esta ley no es retroactiva, por lo tanto no aplicará a los actuales magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y demás beneficiarios en activo y si a los que ingresen después de aprobada dicha ley”.
Como siempre, tanto la iniciativa de la federalización de delitos contra periodistas como la de los salarios máximos, tal como fueron aprobadas en la Comisión de Puntos Constitucionales, representan nuevas burlas al pueblo mexicano.
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