LIBERACIÓN DE INDÍGENAS
Por Teodoro Rentería Arróyave
JALAPA, VERACRUZ. Hasta estos confines de la ciudad capital de la cultura y de la comunidad universitaria, nos llegó una gran noticia procedente del muy sufrido estado hermano de Chiapas: la liberación de 137 indígenas, presos políticos del anterior gobierno encabezado por ese dictadorzuelo de quinta que responde al nombre que el mismo se encargó de quebrantarlo, Pablo Salazar Mendiguchía y de sus aláteres de la ignominia: Mariano Herrán Salvatti, quien ocupó la titularidad de Fiscalía General del Estado y Rubén Velásquez López, quien fuera secretario general de Gobierno.Efectivamente, fue un acto de justicia y humanidad sin precedente en la historia nacional que honra al actual gobernador Juan Sabines Guerrero, pero que queda inconcluso hasta que no lleve ante los tribunales a los responsables de esta ignominia que aún no termina, pues quedan todavía en el oprobio del confinamiento más de cuarenta víctimas.
Claro que nos referimos al propio ex dictadorzuelo, Salazar Mendiguchía y desde luego a los que fueron sus brazos derecho y izquierdo para cometer todos estos atentados a las libertades, a los derechos humanos y por consecuencia a la potestad de las leyes, Mariano Herrán Salvatti y Rubén Velásquez López.
El primero se inventó el puesto casi vitalicio de Fiscal General del Estado, al suprimir con la ayuda de un Congreso títere la figura de Procurador General de Justicia del Estado; este sujeto primero deber ser corrido del gabinete estatal, ocupa inexplicablemente la titularidad de la Secretaría de Economía, para que se le termine el fuero del que goza indebidamente.
En el caso de Rubén Velásquez López, hay que esperar al término de su fuero, puesto que logró colarse como senador de representación proporcional, es decir de dedazo. Usted lo recuerda, fue aquel legislador que cuando quiso, desvergonzado, homenajear en la casona de Xicontencalt al mártir de la las libertades, Belisario Domínguez, el valiente periodista y amigo, Miguel González Alonso se manifestó con cartulinas y con un esparadrapo en la boca para denunciar y significar sus atrocidades
Sabemos que el gobernante chiapaneco es de tiempos para cumplir con la palabra empeñada, pero al final es cabal en su compromiso, como lo ha probado con las demandas de los periodistas: primero retiró a Herrán Salvatti de la titularidad de la procuración de justicia, luego inició el cambio de la ley mordaza privativa del tal Pablo, con la cual persiguió a prácticamente a todos periodistas de la entidad y a los de fuera que se le atravesaban en su camino de abusos y de ignominias, y después de un año la derogó el Congreso a propuesta del propio Jefe del Ejecutivo.
Lo anterior está más que probado y de la ahí la exigencia de que los delitos cometidos no queden impunes, cuando se ha afirmado que los excarcelados pertenecen al grupo de presos inocentes, que tácitamente el gobierno de Juan Sabines Guerrero reconoció como “políticos”, y precisó que son víctimas del gobierno anterior, el de Pablo, Mariano y Rubén.
“Libertad para hacer justicia”, se le titulo al acto llevado al cabo en el Palacio de Gobierno de Tuxtla Gutiérrez, ahí el nuevo el ministro de Justicia, Amador Rodríguez Lozano y la presidenta de Magistratura General, Sonia Simán Morales, quien además encabeza la Mesa para la Reconciliación con el Movimiento de Chiapas, devolvieron la libertad a 137 personas que se encontraban recluidas en 11 de los 14 centros de readaptación social.
Los supuestos delitos de los mencionados excarcelados, quedaron borrados de tajo cuando el propio Rodríguez Lozano expuso que las distorsiones que existieron en la procuración y administración de justicia abrieron profundas heridas en la sociedad de Chiapas, simple y sencillamente por que los liberados no cometieron delitos, como concluyeron las investigaciones llevadas al cabo por instrucciones del gobernador Sabines Guerrero.
Efectivamente, se trata de un acto de justicia inédito que es ejemplo para toda la nación y que debe completar Juan Sabines Guerrero, con otro muy importante “acto de justicia”: llevar a los tribunales a los presuntos responsables de esos delitos contra la libertad y los derechos humanos: Pablo, Marino y Rubén.
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