Alfonso Carbonell
Día del presidente??
Ayer 1º de septiembre, la tradición impuesta desde el primer presidente de México Guadalupe Victoria (1824-1829 y cuyo nombre real era José Miguel Ramón Adaucto Fernández Félix), de presentarse ante el Congreso de la Unión (antes Congreso General un 1º de enero de 1825) para rendir su informe de actividades, éste, como tal, llegó a su fin. Fue necesario que pasarán 183 años para que el legislativo federal se diera cuenta que, así como lo habían construido los últimos 80 años (71 del PRI y lo que va del PAN) dicho Informe Presidencial era toda una parafernalia
Así, y no como concesión gratuita del presidente en turno sino por la fuerza de la misma sociedad cansada hasta el hartazgo de estas reminiscencias virreinales, es decir, del culto al gobernante y sin ninguna razón de ser ni provecho alguno para el ciudadano en general, y habría que apuntar de que aunque insustancialmente en su formato sí de menos a partir de 1988 con interpelaciones al presidente, se había convertido en una verdadera romería digna de un parian prehispánico, al cambiar del besamanos acostumbrado a la serie de interpelaciones de lo más grotesco, recordarán, hasta de llegar a ponerse una máscara de cerdo por parte de los legisladores de la oposición, en claro desacato y repulsa al presidente en turno.
Ahora, y ya lo vimos ayer mismo, el presidente Felipe Calderón ante la modificación del artículo 69 de la Constitución General de la República que obliga -aún- al mandatario nacional presentar al Congreso de la Unión el 1º de septiembre de cada año un informe de actividades a la nación, y cuyo protocolo consistía, como bien se sabe, en un cortesano evento en el que la presencia de figuras ilustres del mundo de la política como gobernadores, miembros de la cúpula empresarial y del clero, de invitados especiales venidos del extranjero incluso de mandatarios de otros países; ah y de por supuesto, todos las y los legisladores de ambas cámaras y del gabinete en pleno, decía, con la reforma en cuestión únicamente está obligado a presentarlo por escrito, tal y como lo hizo a través de la persona de Juan Camilo Mouriño, el cuestionado Secretario de Gobernación.
Así también, esta fecha se inscribe en la historia de México, como el día que dejó de ser, así llamado: “El día del presidente”, para pasar a ser, opinión personal, “el día de nadie”. Me queda claro. Pero sin duda este nuevo formato, par bien insisto, ha pasado a formar parte de lo que ya el país y los mexicanos todos ya no estamos dispuestos a que sigan existiendo, no sólo por el fastidio que generan entre la ciudadanía sino igualmente por su alto costo económico, político y social. Así y por fin, el informe presidencial pasó a “vida mejor”. “Requiescat in pace”.
Breve historia de los informes presidenciales
Pero para entender mejor de la trascendencia de lo que es y representa un informe presidencial y así pueda usted tener una más clara idea de la reforma al 69 constitucional (y no es albur), aquí un breviario cultural al respecto:
El Artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que el presidente de la República asistirá a la apertura de sesiones ordinarias del primer periodo del Congreso y presentará un informe por escrito en el que manifieste el estado general de la administración pública del país.
El primer antecedente del artículo 69 vigente data de los artículos 121 y 123 de la Constitución Política de la Monarquía Española, jurada por las Cortes de Cádiz el 19 de marzo de 1812, que tuvo vigencia temporal en la Nueva España. Establecía la obligación del monarca de asistir a la apertura y clausura de las Cortes y disponía que el rey pronunciara un discurso con propuestas sobre lo que juzgara necesario, que debía ser respondido por el presidente de las Cortes en términos muy generales.
Entre las normas contenidas en el Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana, que fue expedida en Apatzingán el 22 de octubre de 1814, se establecían -en el artículo 74- las obligaciones del Supremo Gobierno. Una de ellas consistía en presentar al Congreso, cada seis meses, un informe breve de los ingresos, inversiones y sobre la existencia -o la falta- de caudales públicos.
La Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos del 4 de octubre de 1824, ordenaba en sus artículos 67 y 68 que el presidente de la Federación asistiera a la apertura de sesiones del Congreso General, momento en el que debía pronunciar un discurso que reflejara la importancia del acto. Su discurso sería respondido por el presidente del Congreso.
El proyecto de reformas a las leyes constitucionales de 1836, que data de julio de 1840, ordenaba que el presidente de la República estaría presente en la apertura y clausura de cada periodo de sesiones.
El 1° de enero de 1825, el presidente Guadalupe Victoria ofrece el primer informe presidencial en la apertura de sesiones ordinarias del Congreso General. Los primeros mensajes que rindieron los gobernantes del México independiente, al inaugurar los periodos de sesiones del Congreso, fueron declaraciones de carácter general, en las que sólo excepcionalmente se hacían referencias a problemas particulares del país. Más que Informes de Gobierno, eran proclamas con contenidos casi exclusivamente políticos o militares.
En octubre de 1835 la Constitución de 1824 fue abrogada y sustituida por las Leyes Constitucionales, un sistema centralista que mantuvo la Cámara Alta, pero la convirtió en un organismo aristocratizante y nulo. La Constitución de 1857 determinó la supresión del Senado, y en su artículo 51 estipuló que el Poder Legislativo sería unicameral.
El artículo 63 de la Constitución de 1857 señalaba que a la apertura de sesiones del Congreso asistiría el Presidente de la Unión, quien pronunciaría un discurso sobre el estado de la administración pública del país, el cual sería contestado por el Presidente del Congreso. Para entonces, el Presidente de la República no estaba obligado a asistir a la clausura de sesiones, solamente a la apertura.
En 1867 el presidente Benito Juárez propuso al Congreso nuevamente el restablecimiento de la Cámara de Senadores para propiciar un equilibrio adecuado del poder en un sistema federalista, sin embargo, la legislatura rechazó la propuesta, pues no consideró oportuno modificar la Constitución cuando acababa de terminar una cruel guerra en la que los liberales esgrimían como bandera la de la Carta Magna.
Durante el gobierno del presidente Sebastián Lerdo de Tejada, se presentó nuevamente la iniciativa bicameral. El presidente Lerdo de Tejada afirmaba que en una República Federal son necesarias dos Cámaras que combinen en el Poder Legislativo los elementos popular y federal. La Cámara de Diputados, por su elección en número proporcional a la población representa por sí misma el “elemento popular”, y un Senado, compuesto de igual número de miembros como estados existen, vendría a representar el “elemento federativo.
Ya de salida
Sólo una breve reseña de los últimos 20 años de informe presidencial, a lo que también los analistas le han dado en llamar “la guerra presidencial”:
Una guerra que puede cumplir 20 años este primero de septiembre (que ya no se dio), empezó con unos puñetazos de priistas ofendidos por las 13 interrupciones del entonces Frente Democrático Nacional a Miguel de la Madrid, quien leía su último Informe envuelto en un ritual propio de los dioses.
Había un reclamo al presidente por el fraude electoral de ese año, 1988 y no hubo respuesta, pues se carecía, al igual que hoy, de un mecanismo de rendición directa de cuentas del Ejecutivo al Legislativo.
En casi dos décadas, el formato del Informe, que es del siglo 19, operó como una trampa en la que año tras año cayeron el presidente en turno, así como las oposiciones.
“Hemos construido muchos muros”, diría Vicente Fox en el año 2005, en el último mensaje que pudo dirigir desde la tribuna del Congreso. Al año siguiente no pasó del vestíbulo.
Sólo Ernesto Zedillo, logró una vez impedir las interpelaciones. Su estrategia: dirigir el mensaje breve y omitir palabras que al oírlas los opositores desplegarían cartulinas y mantas y desatarían silbatinas y protestas.
Miguel de la Madrid Hurtado, Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo y Vicente Fox Quesada, sometieron su presencia en la ceremonia más relevante del calendario político a una regla anacrónica que, dicen especialistas en derecho parlamentario, obstruye la facultad del poder Legislativo de ejercer control sobre el Ejecutivo. El beneficio general que supone una democracia eficaz, posible con un programa completo de rendición de cuentas, quedó sepultado bajo escándalos, tomas de tribuna, grescas: el código del caos que aún perdura.