Rodolfo Tuirán
España ha experimentado una caída pronunciada de la natalidad en las últimas décadas, producto de cambios profundos en las mentalidades y de notables transformaciones sociales. A principios de los años 70, este país aún registraba una de las tasas de fecundidad más altas en Europa (cercana a tres hijos por mujer). En contraste, hoy en día forma parte del grupo de naciones que registra la fecundidad más baja del mundo (con una tasa que ha variado de 1.1 a 1.3 hijos por mujer en la última década). Esta tendencia ha propiciado un intenso debate en España acerca de las consecuencias de la baja natalidad, así como de las políticas más eficaces para revertir o frenar su caída.
En este contexto sobresale la reciente y súbita decisión del gobierno español de fomentar la fecundidad, mediante el otorgamiento de una subvención o pago único de 2 mil 500 euros (el llamado “cheque bebé”) a las familias españolas y a las de inmigrantes (con al menos dos años de residencia legal) por cada hijo nacido a partir de julio de 2007.
El proyecto de ley que regula esta nueva prestación económica ya fue enviado al Parlamento. De ser aprobado, el incentivo pronatalista tendría un carácter tanto universal (se otorgaría a las familias con independencia de su nivel de ingresos), como acumulativo (se sumaría a otros incentivos pronatalistas). Se estima que el costo de esta medida podría ascender a más de mil 200 millones de euros y beneficiar a cerca de medio millón de familias por año.
La iniciativa ha sido calificada como electorera, populista y demagógica. A menos que incorpore importantes cambios, la propuesta difícilmente contará con el respaldo de los grupos parlamentarios de la oposición. Por ejemplo, el Partido Popular pedirá que el apoyo sea de 3 mil euros por el primer hijo y aumente con los siguientes, al tiempo que éste se haga extensivo a niñas y niños nacidos desde enero de este año. A su vez, los partidos de izquierda creen que esta medida es regresiva e injusta porque reparte dinero por igual a ricos y pobres, abarcando a segmentos cuyas decisiones reproductivas no van a resultar afectadas por la nueva prestación.
En todo caso, la mayoría de los críticos piensa que la medida fracasará si no se articula a una política integral para fomentar la natalidad. De hecho, la experiencia de otros países demuestra que difícilmente una acción aislada es capaz de revertir o frenar la caída de la fecundidad. Por lo general, resulta preciso combinar y sostener durante muchos años un conjunto amplio y estratégico de políticas y programas para lograrlo.
Entre esas políticas sobresalen las de inmigración, las de igualdad entre hombres y mujeres y las enfocadas a reconciliar la vida familiar y laboral, a través de la amplia disponibilidad de servicios de cuidado infantil, de apoyo a la familia y de mejora en las condiciones laborales para las personas con hijos (como los horarios de trabajo flexibles y los permisos de paternidad y maternidad). Esas políticas deben ser complementadas con otras dirigidas a reducir el costo de criar a los hijos, a través del otorgamiento de incentivos a la natalidad en la forma de ayudas directas y deducciones impositivas.
De cualquier manera, la combinación de estas políticas no representa una fórmula infalible y sus posibilidades de éxito varían debido a la diversidad, complejidad y dinámica de cambio de los países. Si bien en el balance los resultados de estas políticas son positivos, éstos suelen tener escasa profundidad y limitado impacto.
Las lecciones de la experiencia española resultan relevantes para nuestro país y habrá que seguirlas de cerca. No debe olvidarse que la política de población de México se propuso hace varias décadas disminuir la fecundidad hasta registrar un nivel equivalente al del reemplazo intergeneracional (2.1 hijos por mujer). Ese nivel será alcanzado en 2007 (o 2008) y es muy probable que la fecundidad siga en los próximos años su trayectoria de descenso. La tendencia enunciada debe obligar al país a prever desde ahora los efectos de una baja fecundidad y actuar en consecuencia.
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Analista y subsecretario de Educación Superior de la SEP