Alejandro Gertz Manero
Desde que se nos vinieron encima la glo-balización y la apertura económica, que han dejado saldos de ambulantaje, quiebras y migración laboral crecientes, se vio también con mucha claridad que sus “reglas” eran bastante disparejas, ya que los productos chatarra provenientes de Oriente nos invadieron sin piedad y sin control, aniquilando a las industrias juguetera, zapatera y de videogramas, entre otras muchas, mientras las normas del Tratado de Libre Comercio de América del Norte también tuvieron un doble rasero que se expresó en los transportes de carga, la exportación de productos agrícolas y pecuarios, y fundamentalmente en la industria automotriz, que ha venido asentándose en México con capital totalmente extranjero para evadir costos laborales y modernizar y automatizar sus instalaciones.
Dicha industria obtuvo consideraciones que sonrojarían a cualquier defensor del “libre comercio”, mientras los vehículos producidos en México siguen siendo notablemente más caros que los extranjeros, gracias a un sistema impositivo que le carga la mano a los mexicanos pobres, mientras en Estados Unidos dichos costos son mucho más reducidos para sus ricos, que se benefician con el paraíso fiscal mexicano.
En sospechoso contraste con ese aperturismo, se estableció una cerrazón primitiva y arcaica de las fronteras para impedir la importación libre de vehículos a México, abriéndolas sólo a cuenta gotas y para puros vejestorios, lo que fue duramente criticado por la propia industria automotriz aquí asentada, que tiene una visión bastante esquizofrénica sobre la libertad de comercio en cuanto le afecta en lo más mínimo.
En ese contexto tan bizarro, y gracias a los altos costos de los vehículos en México, la apertura selectiva para automotores usados ha desatado un fenómeno especulativo en Estados Unidos, al acumular en sus fronteras con nuestro país a decenas de miles de vehículos chatarra para que se exporten junto con aquellos que nuestros migrantes dejan en México cada vez de que vienen de visita.
En esas circunstancias, el país sufre todos los males de la bienaventurada libertad de mercados, ya que los vehículos nos cuestan más caros, nos inundan con todo el mugrero que allá está prácticamente abandonado, y también nos dejan una herencia semejante de vehículos ilegales, convirtiendo a nuestras ciudades en un nudo gordiano de conflictos viales y de contaminación creciente, mientras nuestros benditos políticos enseñan sus galas coyotas, encabezando tumultuarias legalizaciones vehiculares en aras de la benemérita mercadotecnia electoral.
Frente a esta anarquía, que todos comentan y sufren, pero que nadie resuelve ni se hace responsable, como es ya nuestra sólida e inveterada costumbre en la vida pública nacional, nosotros nos atrevemos a proponer, con humildad y respeto, para no generar irritaciones innecesarias, la posibilidad de que el asunto se resuelva, aunque sea por esta ocasión, en beneficio de los mexicanos, para lo cual sólo se necesita hacer algo muy sencillo, que consiste en obligar a que todos los vehículos usados que ya han ingresado al país y los que vayan a entrar, pasen en toda la República por una verificación de sus niveles de contaminación, lo cual nos llevaría a liberarnos de un porcentaje inmenso de toda esa chatarrería, que ya no podría circular, permitiéndoles también a los políticos manipular las suculentas franquicias de los verificentros, lo cual sería el verdadero incentivo para que esos padres de la patria se interesen por el tema.
Si logramos convencerlos con estas inocentes propuestas, a lo mejor de un solo golpe nos salvamos de la nube de veneno que está cubriendo a todas las ciudades de nuestro país; siempre y cuando el anzuelo sea mordido por los tiburones insaciables de la política.
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Doctor en Derecho