Ernesto Villanueva
La Comisión Federal de Telecomunicaciones ha anunciado que técnicamente sí es posible que el Gobierno de la ciudad de México tenga un canal de televisión abierta. En principio, se trata de una noticia que puede considerarse positiva. No obstante, no existe ningún medio público en el país conforme a la definición que ofrece la experiencia comparada. Veamos por qué no se trata de un asunto accesorio o menor.
Primero. La legislación mexicana carece de definiciones sobre lo que son medios públicos. Únicamente diferencia entre permisos y concesiones, entre los primeros, que no tienen fines de lucro, y los segundos, que hacen del lucro su razón de existir. De esta suerte, al margen de una definición legal han nacido medios que viven con cargo al erario y que algunos intentan definirlos genéricamente como “medios públicos” sin decir qué cosa es eso.
Segundo. La experiencia mexicana permite afirmar con la evidencia empírica en la mano que todos y cada uno de los medios que subsisten con cargo al presupuesto son muchas cosas, menos medios claramente al servicio del público, jurídicamente hablando. El gobernador nombra y remueve discrecionalmente a sus directores, no hay estatutos de redacción para regular las relaciones profesionales no sindicales entre la mesa de redacción y sus directivos, no hay un derecho de acceso a esos medios y carecen de detallados códigos de ética y de defensores de la audiencia que vigilen el cumplimiento de su contenido. En el gobierno federal las cosas apuntan en la misma dirección.
Tercero. En el Distrito Federal, el 14 de noviembre del año pasado, el diputado Salvador Martínez della Rocca presentó en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal un punto de acuerdo aprobado por unanimidad por todas las expresiones parlamentarias.
No es para menos, Martínez Della Roca propuso un modelo que no tiene desperdicio porque define qué es un medio público, entre cuyos elementos destacan: a) que cuente como punto de partida con una serie de principios o valores sociales; b) que sea gestionado de manera independiente como una entidad de Estado y no del gobierno; c) que sea un espacio plural, imparcial para debatir y discutir de manera amplia los más distintos temas de la compleja agenda pública de la ciudad de México; d) que tenga una programación susceptible de formar masa crítica; e) que cuente en la factura programática la participación de organismos no gubernamentales, instituciones académicas, culturales y diversas expresiones de la comunidad; f) que sea fiscalizado por la propia sociedad a través de detallados códigos de ética y ombudsman internos que garanticen, por un lado, la independencia del medio y, por otro, mínimos de calidad programática en beneficio de la sociedad toda; y g) que se sancione el uso de recursos públicos para fines privados, de manera tal que el gobierno no esté en condiciones de algún tipo de aprovechamiento por razones de ventaja política en perjuicio de la credibilidad y del propio sentido que debe animar a los medios públicos. A esa iniciativa siguieron algunos foros de distintos diputados en el mismo sentido.
Cuarto. El Gobierno de la ciudad de México ha tenido hasta ahora un discurso en doble sentido. Por un lado, ha anunciado la creación de un Consejo de la Radio y Televisión de la Ciudad de México que retoma algunas de las propuestas del punto consensado en la ALDF, pero el cual no se encuentra plasmado en ninguna disposición normativa.
Por otro, lo único cierto es que el Gobierno de la ciudad de México publicó en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 22 de enero de este año el “Acuerdo para operar una estación oficial de televisión a cargo del Gobierno del DF”. Eso significa un medio claramente del gobierno, “oficial” apunta, “a cargo del gobierno”, remata, en un enunciado normativo que no deja lugar a dudas de su intención ajena a cualquier idea de medio público.
Quinto. Sin duda, habría que hacer todo lo posible para que la ciudad de México tenga un canal de televisión, pero público. Ello supone que el Gobierno de la ciudad retome el punto de acuerdo aprobado en la ALDF, con la explícita injerencia de todas y cada una de las fracciones parlamentarias.
Sólo así se podrá generar un verdadero contrapeso que evite la posibilidad jurídica de que el canal de televisión posible se convierta en un foro de expresión para servir a los intereses del gobernante capitalino.
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Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM