Jorge Luis Sierra
Estados Unidos multiplicará el monto de la ayuda antinarcóticos que le ofrece cada año a nuestro país. Por el momento y la naturaleza de las políticas de seguridad mexicanas, existe el riesgo de que esos recursos se utilicen para reforzar la participación de los militares en la lucha contra las drogas.
Aunque no se han revelado datos específicos, se estima que la oferta a México será varias veces superior a los 45.67 millones de dólares del monto de la ayuda actual, según las cifras del Centro de Política Internacional, un organismo sin fines de lucro con sede en Washington DC.
El aumento no sería extraño, pues se ha multiplicado de manera consistente en los últimos 11 años. Según documentos del Congreso estadounidense, la administración del presidente Bill Clinton destinó 8 millones de dólares en fondos antinarcóticos para México en 1997, un aumento de casi 400% en comparación con los 2.2 millones de dólares asignados en 1996.
El monto nuevo, previsto en cientos de millones de dólares, implicaría una cifra récord en la historia reciente de la cooperación México-Estados Unidos. La cuestión principal es qué se haría con ellos.
Esta ayuda será incluida como parte de una nueva estrategia estadounidense de alcance regional, destinada a combatir la proliferación de pandillas, el narcotráfico y el contrabando de armas pequeñas en Centroamérica y México. La estrategia quedó delineada en la declaración final de la reunión de la Comisión de Seguridad Centroamericana que se realizó el 18 de julio pasado en Guatemala y que firmaron Belice, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá, además de la República Dominicana y Estados Unidos. México participó como observador.
Según los documentos de la reunión en Guatemala, el plan tiene un enfoque multidimensional donde se mezcla el desarrollo de la fuerza policial y los sistemas de inteligencia para combatir el tráfico ilícito de drogas, armas y el lavado de dinero, así como la participación las instituciones de educación y salud para prevenir la drogadicción y el alistamiento de niños y jóvenes en las pandillas.
El plan incluye la búsqueda del apoyo de organizaciones no gubernamentales, la iniciativa privada, las instituciones religiosas y los medios de comunicación en los esfuerzos nacionales antinarcóticos. No se habló en la reunión del uso de recursos militares.
En Washington, los observadores del nuevo giro de la política de seguridad de Estados Unidos hacia México y Centroamérica resaltan la premura con la que está trabajando el gobierno del presidente George W. Bush. La hipótesis principal es que Bush buscará fondos adicionales del periodo fiscal 2008 en el reinicio de la sesión del Congreso estadounidense en septiembre. Todos los fondos para operaciones internacionales de seguridad que se aprueben para el periodo fiscal 2009 serán usados en la siguiente administración. De ahí la urgencia.
El gobierno del presidente Felipe Calderón Hinojosa también tiene prisa y todo indica que aceptaría la ayuda ofre-cida por Estados Unidos. El despliegue de tropas y de las Fuerzas Federales de Apoyo en las regiones afectadas por el narcotráfico está consumiendo rápi-damente los recursos del gobierno mexicano y Calderón necesita reforzar su imagen de fuerza en la lucha contra los cárteles de las drogas.
A diferencia del carácter militar de la ayuda que Estados Unidos le ofreció a México en 1996 con la donación de 73 helicópteros Huey, además del entrenamiento de fuerzas especiales mexicanas, el Departamento de Estado podría ofrecerle a México una oportunidad para profesionalizar a sus policías y reducir el riesgo social que empuja a los jóvenes a las drogas y las pandillas. No se descarta, sin embargo, que una parte de la ayuda se invierta en equipo militar aplicado a la lucha antinarcóticos.
Los participantes en la reunión de Guatemala aceptaron rápidamente la propuesta estadounidense. Después de los conflictos armados internos que dejaron un saldo trágico de más de 160 mil muertos tan sólo en Guatemala y El Salvador, los países centroamericanos modificaron sus constituciones para orientar a sus Fuerzas Armadas a la defensa exterior, alejarlas de su participación en la seguridad pública, incluir a los excombatientes de las guerrillas en los nuevos cuerpos de policía y reconstruir sus sistemas de inteligencia en un marco de seguridad democrática.
Pero el progreso hacia estos objetivos ha estado limitado por la escasez de los presupuestos nacionales y las presiones estadounidenses originadas por la lucha contra el terrorismo después de los ataques del 11 de septiembre.
El acuerdo alcanzado en Guatemala podría impulsar otros aspectos de la política regional antinarcóticos, como la creación de mecanismos de cooperación conjunta para abatir la corrupción de los cuerpos de seguridad, con base en el derecho internacional.
El nuevo esquema de seguridad considera también la creación de un Centro Regional de Coordinación de los Esfuerzos Antinarcóticos en Centroamérica, el Caribe y México. El gobierno mexicano estaría comprometido a intercambiar más inteligencia con los demás gobiernos de la región.
Cada país deberá vigilar ahora que la nueva estrategia de seguridad de Estados Unidos hacia Centroamérica sea compatible con sus procesos individuales de reconstrucción democrática. En el caso mexicano, el gobierno de Calderón podría aprovechar la oportunidad para trazar un nuevo enfoque multidimensional en el combate al narcotráfico, y pensar seriamente en un proceso simultáneo y creciente de profesionalización policial y desmilitarización.
jlsierra@hotmail.com
Especialista en temas de seguridad y fuerzas armadas