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Los poderes Ejecutivo y el Legislativo de Chiapas deben de asignar una partida presupuestal para no violentar los derechos humanos a trabajadores que han ganado laudos laborales y por lo cual ya hay ayuntamientos con cuentas congeladas, señala Noé Maza Albores, presidente de la CIDH en el estado. Indicó que esta representación de la Comisión Internacional de Derechos Humanos en Chiapas ven con mucha preocupación que hay trabajadores que no han podido cobrar sus salarios caídos desde hace muchos años y todavía mantienen la esperanza de resolver estos problemas laborales.
Señaló que sus derechos humanos están siendo lacerados porque no existe una partida presupuestal que permita sufragar esos reclamos sociales que fueron pronunciados, a través de una sentencia ya sea de la Junta de Conciliación o del Tribunal del Trabajo Burocrático, de los llamados laudos. Es un derecho legítimo que ya está consagrado, a través de un laudo o sentencia emitida por una autoridad laboral, aseveró.
Dijo que la mayor parte de los 125 municipios están sufriendo el problema social, por lo que consideró que es inminente necesario abocarse a resolver este problema, toda vez que está trayendo como resultado que se embarguen o se congelen cuentas de los ayuntamientos, de recursos federales, lo cual afecta a toda la comunidad, porque se trata de recursos destinados a infraestructura.
Anotó que debe existir solidaridad con estos grupos de trabajadores para poder cumplir con esos ordenamientos legales que ya están debidamente sustentados mediante un procedimiento.
Enfático dijo que aun cuando hay disposiciones de la ley de coordinación fiscal en su artículo 49, que dispone que los recursos son inembargables, pero los trabajadores a través de sus representantes legales están incurriendo en estos embargos, que en un momento dado son anulados por el Tribunal del Trabajo Burocrático y en su caso por la propia autoridad federal, dependiente del juzgado de distrito del Tribunal Colegiado de Circuito.
Mencionó que en tanto se corre el proceso y se resuelve, el embargar cuentas a los ayuntamientos los pone en problema caótico, porque estos recursos están debidamente etiquetados y puede incurrir el presidente municipal en una responsabilidad hasta el grado de ser penal, porque son recursos federales destinados para infraestructura de los municipios. ASICh