Por. Antonio Zavaleta
Cuenta pública 2008
Luego de una serie de decadencias y graves robos en varios municipios de Chiapas en pasadas administraciones locales; ahora los nuevos alcaldes dentro del trienio que comprende el 2008- 2010 buscan eficientar todas las decadencias y hurtos que dejaron los salientes y sustitutos en regiones como el Soconusco con Huixtla, Huehuetán, Tapachula, Tuxtla Chico, Unión Juárez, Frontera Hidalgo y Suchiate por mencionar los mas saqueados y dejados en la vil desgracia a consecuencia de una ambición que no solamente paró en la manutención de tres negros y pasados años. Algunos ex alcaldes todavía tuvieron el descaro de buscar una Diputación Local, con el objetivo de un trampolín político combinado con un fuero constitucional; el cual se convierte en charola para su protección y salvaguarda.
Algunos que buscaron dicho trampolín sin duda alguna no lograron sus objetivos y se quedaron en la espera de consolidar sus ambiciones. Aunque luego de tres años sus posibilidades de resurgir en política son escabrosas y difíciles, por que en los pasados años los impusieron precisamente por que estaban aptos para ser manejados a conveniencia del viejo sistema.
Las repercusiones por el mal manejo de administraciones antiguas; aquellas que se fueron y ahora no existen, han generado desajustes económicos, retrasos en los trabajos administrativos actuales, que repercuten en la ciudadanía; por que la mayoría de los alcaldes no habían tenido la certeza de chequeras y el manejo de los recursos con los que instruyeran a sus dependencias principales como Obras Públicas, Servicios Públicos, Seguridad Pública, por mencionar las más solicitadas.
Con el paso de los días y lejos de tintes políticos y franjas partidistas; finalmente los alcaldes de la Costa- Soconusco de Chiapas resurgieron con la seguridad entre sus embestiduras; cuando les autorizaron la cuenta pública para el 2008; En el caso de Tapachula encabezada por Ezequiel Orduña Morga, resultó similar a la autorizada al pasado trienio que fue encabezado por Barrios Zea y sustitutamente por el presunto prófugo Eduardo Reyes Ruíz.
Lo afortunado de esta situación fue que precisamente a Eduardo Reyes no le aceptaron la cuenta pública de su corto periodo de gobierno por inconsistencias, faltantes y malos cálculos presupuestales. Por ahora la cuenta pública para Tapachula y otras alcaldías está autorizada y se espera la estrecha colaboración con sus respectivos cabildos para que comiencen sus labores dentro de las iniciativas de sus Presidencias hacia proyectos estratégicos que sean de bien común hacia la ciudadanía y aquellos grupos vulnerables, pobres y mermados entre la zozobra.
Anarquía y retrazo social
El único retrazo para algunos Ayuntamientos se encuentra en falta de consensos y anarquía de malos perdedores como en Cacahoatán, ciudad que ha sido rehén de un grupo de seudo líderes que están en lucha por posiciones administrativas que no ganaron ni en campaña y que ahora resurgen de las catacumbas de la derrota para tratar de mandar en media presidencia Municipal. Seguramente Rolfi Gómez, Presidente Municipal de la ciudad del Cacahuate despache a la población desde su domicilio; tal como lo ha dicho el Presidente actual de Suchiate; luego de ser amenazado por la serie de seudo líderes en busca de chiche y cargos administrativos con ingerencia estatal y municipal. Es importante que la población no sea manejada por esta serie de perturbadores sociales; que lejos de abonar en la tranquilidad y buen manejo de las alcaldías y los municipios irrumpen en la paz y seguridad, al grado que acrecientan los vicios y antivalores que de por si tienen hundida a la Frontera Sur.
Se borra estigma del Stan
En otro tema, el encargado de infraestructura en Vivienda Julián Domínguez López Portillo comentó que lejos de haber demandado a 3 empresas por incumpliendo de contrato, el Gobierno de Juan Sabines Guerrero busca eficientar las acciones para la población en varios municipios con obras; sin la necesidad de terminar la reconstrucción en los tribunales, cuando las viviendas fueron encontradas sin agua potable, electrificación, drenaje como Huehuetán. La irresponsabilidad de los constructores finalmente tuvo que ponerse en cintura al grado, que en zonas rurales tampoco habían cumplido contratos para la conclusión de caminos, puentes y dragados de ríos. De allí se derivo el señalamiento penal en contra de 3 empresas para solicitarles urgentemente cubrir los rezagos en Villa Comaltitlan y Paso Hondo. Por ahora, el Gobierno del Estado también realiza una auditoria general a los recursos que se invirtieron en el STAN; es decir, una investigación muy a fondo que en breve se dará a conocer para saber cuales han sido las deficiencias que sin duda alguna han ocasionado muchos retrasos. Por ello la iniciativa de crear el “Plan B” de la reconstrucción. Es decir, planes alternativos creados por dependencias federales como la propuesta de CONAGUA que logró la integración del programa ríos de Chiapas en donde se contemplan 38 afluentes en la Costa; señalados por sus caudales y por la cercanas que tienen con determinadas zonas poblacionales. Ahora ya se llama “Plan ordinario de las dependencias”. El cual entrará a Suchiate, Villa Comaltitlan y Tapachula de forma permanente de llegar a requerirse. Las decisiones son varias y el Secretario de Infraestructura Ricardo Alberto Serrano Pino muestra beneplácito de su nuevo cargo, el cual surgió como una iniciativa propuesta por el Gobernador Sabines. Dicha Secretaría tiene una fusión de todas las dependencias con 2 mil 500 empleados. Es seguro que luego de los anuncios para Tapachula ya se encuentran en proceso de contratación de Obra Pública plural; la cual está integrada por Ricardo Serrano Pino, la Secretaria de Finanzas, Desarrollo Sustentable, Sociedad Civil y Cámaras empresariales, además de transparencia plena para realizar los consensos adecuadamente.
Inseguridad e impunidad
Al inicio de la presente administración Nacional, la seguridad pública fue la bandera del gobierno federal, bandera que derivó en el pronunciamiento de la conocida “guerra contra el narcotráfico”, en que se hizo uso de la desgastada frase “mano firme” y se buscó la legitimación ante los resultados de las elecciones presidenciales de 2006.
En concordancia con esa postura, en marzo se anunció la “Estrategia integral para la prevención del delito y combate a la delincuencia”, que desglosaba con mayor detalle las acciones que se emprenderían.
Sin embargo, a un año de distancia, los resultados concretos reflejan más bajas del gobierno que conquistas.
Por ejemplo, de las poco más de dos mil ejecuciones vinculadas al narco en el año, no hay un solo sentenciado por esos homicidios dolosos. Por su parte, el decomiso de 205 millones de dólares al señor Zhenli Ye Gon, ocurrido en marzo, está envuelto en sospechas aún no aclaradas; y la incautación de 23.5 toneladas de cocaína en Manzanillo aún no conduce a detenciones directas.
Otro reflejo más de vulnerabilidad son los actos subversivos contra instalaciones de Pemex reivindicados por el EPR en septiembre. No existe sistema de seguridad nacional que pueda prever cuándo y dónde tendrán lugar estos actos; no obstante, mientras que en otros países, como Gran Bretaña, se establecen procedimientos para encontrar a los responsables y llevarlos ante la justicia, como ocurrió con los atentados del subterráneo en Londres, en nuestro país no hay un solo sospechoso de esos delitos.
Al ciudadano común le afecta en lo cotidiano la desorientación de las instituciones. En materia de los delitos del fuero común, seguimos arrastrando una inmensa nube de impunidad que lacera a todas las instancias que convergen en el sistema nacional de seguridad pública.
Según las encuestas más recientes del ICESI, el número anual de delitos supera los once millones, sólo se denuncian dos de cada diez y en apenas siete de cada mil se sentencia a un responsable. ¿Usted que opina sobre esto?
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