Los urgidos de impunidad
Por Mario Luis ALTUZAR SUÁREZ
Ciudad de México, 10 de ene.- Designa a Felipe Calderón como “Personaje del Año” 2011 la empresa de Liébano Saénz Ortiz, ex secretario particular del entonces presidente Ernesto Zedillo, ambos incriminados en Connecticut, por la masacre de 45 indígenas de Acteal el 22 de diciembre de 1997.
Reportó El Sol de México, periódico insignia de OEM, que la designación se da de acuerdo con una encuesta telefónica de Gabinete de Comunicación Estratégica (GCE) levantada el 20 de diciembre entre mil 500 mexicanos.
Indicó el rotativo capitalino: La figura presidencial superó apenas al candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a la Presidencia, Enrique Peña Nieto, y en el imaginario colectivo de la gente está presente en un tercer lugar significativo el futbolista Javier Chicharito Hernández.
Contrastó: No obstante el clima de violencia e inseguridad que afecta al país y los altos niveles de pobreza, el presidente Felipe Calderón fue elegido como Personaje del Año 2011.
Cifras de los medios estiman en más de 50 mil las víctimas de la supuesta guerra calderonista al crimen organizado, que incluye a 85 periodistas asesinados y 14 desaparecidos en completa impunidad.
Curiosamente, el anuncio de la empresa creada en 2009 por el chihuahuense de 62 años, se da a escasas 24 horas de que Roger Kobert, lamentara en Washington que Ernesto Zedillo Ponce de León intente eludir su responsabilidad de la masacre de Acteal el 22 de diciembre de 1997 al apelar su inmunidad como ex mandatario.
La petición de Zedillo la presentaron sus abogados el viernes 6 de enero de 2012, ante un tribunal federal que sigue el caso en Connecticut EU, para desestimar la demanda presentada el pasado 19 de septiembre de 2011 por una decena de familiares de las víctimas.
Se recuerda que la firma de abogados Rafferty, Kobert, Tenenholtz, Bounds & Hess puso en nombre de un grupo de familiares de las víctimas una demanda en una corte de Connecticut, donde Zedillo es ahora profesor en la Universidad de Yale.
Roger Kobert es uno de los abogados los demandantes en Hartford, Connecticut, y argumentó que “Como ciudadano privado sin un cargo oficial en un Gobierno por más de diez años no hay un propósito legítimo en su intento de obtener la inmunidad por responsabilidad legal”.
Los diez demandantes mexicanos, en su demanda de septiembre contra Zedillo, lo acusan de crímenes en contra de la humanidad y, además de las penas señaladas por la ley, exigen una indemnización por 50 millones de dólares para las familias de los muertos.
El 22 de diciembre de 1997 45 indígenas tzotziles fueron asesinados mientras oraban en una iglesia de la comunidad de Acteal, en el estado mexicano de Chiapas.
De las víctimas, 16 eran niños, niñas y adolescentes; 20 eran mujeres y 9 hombres adultos. Siete de las mujeres estaban embarazadas.
Los responsables directos de la masacre fueron grupos paramilitares opuestos al Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).
Según testigos, las mujeres, hombres, niños y pertenecientes al grupo comunitario de “Las Abejas”, fueron todos masacrados sin la menor misericordia por unos 90 paramilitares, presuntamente miembros del grupo Máscara Roja, en una operación que se extendió durante siete horas y que se desarrolló a sólo 200 metros de un retén de la policía.
El 26 de octubre de 2011, a casi seis años de su creación, la Fiscalía Especializada de Chiapas para la investigación de delitos en el caso Acteal presentó un informe en el que responsabiliza penalmente al ex presidente Ernesto Zedillo de la matanza de 45 indígenas tzotziles en esa comunidad el 22 de diciembre de 1997.
El documento es base de la demanda que presentaron el 19 de septiembre de 2011, en Estados Unidos, abogados de los familiares de 10 de las víctimas en contra de Zedillo, a quien reclaman por la vía civil la reparación del daño.
A lo largo de 126 páginas, el informe argumenta que el ex mandatario y su entonces secretario particular, Liébano Sáenz Ortiz, así como el ex gobernador Julio César Ruiz Ferro, son penalmente responsables de los homicidios por omisión impropia conspirativa, pues tuvieron información para impedir la matanza desde un año antes y no lo hicieron.
Señala además que la masacre fue resultado de una política de contrainsurgencia, denominada Plan de Campaña Chiapas 94, que fue aplicada por la Séptima Región Militar con sede en Tuxtla Gutiérrez, diseñada y puesta en marcha por la administración de Zedillo para enfrentar al Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), que incluyó el fomento a la creación de grupos paramilitares.
“Ambos funcionarios (Zedillo y Sáenz) incurrieron en responsabilidades antes, durante y con posterioridad a los hechos: antes, puesto que previo al crimen actuaron de manera conspiratoria, ya que se coaligaron para ignorar y ocultar las múltiples advertencias y avisos que se les hicieron sobre la inminente matanza”, dice el reporte.
Parecería que el señor Zedillo y asociados presienten que el artilugio legal está condenado al fracaso, y su empleado de 1994 al 2000 en la secretaría particular, Liébano Saénz Ortiz, le concede al panista moreliano Felipe Calderón, la distinción de “Personaje del Año 2011”.
No es la primera vez que usa su empresa con fines de acercamiento al presidente de México. El 21 de septiembre de 2011, su segundo, el director general, Federico Berrueto, afirmó en entrevista con el diario Milenio, tener “la película completa” en las elecciones de Michoacán, en que superaba según sus encuestas, la panista Luisa María Calderón al priísta Fausto Vallejo.
Aunque también ofrece sus servicios al virtual candidato presidencial del PRI, el mexiquense Enrique Peña Nieto. El 24 de agosto de 2010 dio a conocer la supuesta encuesta que ajustó las cifras de Consulta Mitofsky, del liderazgo tricolor en las preferencias electorales presidenciales del 2012.
Así, en la manipulación de aparentes encuestas, los asociados a Ernesto Zedillo buscan la impunidad con cualesquiera sea el ganador de las presidenciales del 2012.