El Senado de la República aprobó por unanimidad una reforma a la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, presentada por la Senadora María Elena Orantes López, que busca establecer la obligación de la SEMARNAT, de expedir, por excepción, las autorizaciones de cambio de uso del suelo de los terrenos forestales atendiendo de forma integral el aprovechamiento forestal.
Las Comisiones Unidas de Desarrollo Rural, y Estudios Legislativos, emitieron su dictamen aprobatorio a estas reformas presentada el pasado 10 de noviembre de 2009. Orantes López solicitó que a través de éstas, se establezca que el Sistema Nacional de Información Forestal deberá integrar datos en esa materia, incluyendo proyectos de aprovechamiento en ese rubro.
Cabe mencionar que en esta propuesta aprobada por unanimidad, se plantea además como infracción con una multa de 800 a 30 mil veces de salario mínimo, toda actividad de personas que provoque el deterioro de los suelos, el agua y el hábitat de las especies silvestres; los ingresos que se recauden por concepto de las infracciones se destinarán para restablecer los daños ocasionados.
Explicó la parlamentaria que el objetivo a seguir es la conservación de la naturaleza y su biodiversidad, pero tomando en cuenta las necesidades sociales, culturales y económicas de las comunidades locales con la sostenibilidad a largo plazo, respetando la historia, identidades económicas y culturales, de tal modo que no constituyan un riesgo para las generaciones futuras, preservando bosques y selvas.
Además se busca resarcir el daño ecológico provocado por un mal uso y explotación indebida de los recursos forestales, imponiendo sanciones que serán retribuidas a las comunidades o personas afectadas que permitan reestablecer los daños ocasionados por terceros con el objeto de inhibir conductas adversas al aprovechamiento sustentable del medio ambiente.
Orantes López considera que para restablecer el equilibrio ecológico, es necesario implementar medidas radicales a través de cambios a la legislación, para que a través de las políticas públicas, evitemos que los intereses individuales de los taladores de árboles y una urbanización mal planeada y desmedida, estén por encima del bien común y provoquen perjuicios a las comunidades, así como daños severos a la biodiversidad que causan afectaciones irreversibles al medio ambiente. ASICh
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