Miguel Carbonell
La propuesta para realizar exá-menes antidoping en escuelas secundarias y primarias de México es la más clamorosa confesión de que el Estado mexicano ha perdido todas las batallas en su “guerra” contra las drogas. Pero además es una propuesta que intenta llevar los métodos de ese fracaso hacia un frente sumamente sensible, como lo es el de nuestros niños y jóvenes.
El practicar ese tipo de exámenes es perjudicial para los estudiantes por partida doble. Por un lado, pone en jaque su presunción de inocencia y tiende a ofrecer una visión criminalizadora de la juventud; en un país con tantos prejuicios como lo es el nuestro, no hace falta ser muy inteligente para advertir las consecuencias que, en la práctica, tendrá este intento de “limpieza” en las escuelas. Por otra parte, no combate el fondo del problema, sino que orilla a quienes lo sufren directamente a abandonar la escuela, refugiándose en manos de los grupos de criminalidad organizada, los cuales seguirán captando clientes cada vez más jóvenes.
Pensemos por un momento qué pasará en la práctica el día en que se haga el examen antidoping en una secundaria pública de cualquiera de las colonias pobres de la periferia de nuestras grandes ciudades; los muchachos que son adictos harán hasta lo imposible por no hacerse dicha prueba; faltarán ese día y todos los siguientes para evitar posibles operativos “sorpresa”. De ahí los separará poca distancia para que salten hacia el terreno de la abierta ile-galidad y queden a disposición de las mafias de narcomenudistas. Las buenas intenciones del gobierno chocarán con la dura realidad y veremos engrosar la nómina de la criminalidad organizada, a costa de sacar del sistema educativo a jóvenes que están atravesando por un enorme problema personal.
El hecho de que los padres den su consentimiento para hacer el examen no salva en modo alguno a la propuesta. Los padres no son titulares de los derechos de los menores. Éstos también tienen derecho a la intimidad y pueden legítimamente negarse a que se les practique un examen de ese tipo, pese al consentimiento de sus progenitores. ¿Qué pasaría si de pronto llegara una brigada de médicos a una empresa y comenzara a tomar muestras de sangre o de saliva, para ver qué empleados consumen tal o cual droga? ¿Verdad que no se valdría? Pues lo mismo pasa para el caso de los menores, que son titulares de derechos fundamentales y portadores de una dignidad propia y completa, distinta de la que tienen sus padres.
No deja de llamar la atención el nombre del programa: Limpiemos México. Esta denominación pone de manifiesto una permanente e histórica pulsión de los grupos más conservadores de la sociedad mexicana, de acuerdo con los cuales hay que tener una sociedad “limpia”, para lo cual hay que hacer a un lado la “suciedad”, la “escoria”, la “basura”. Se trata de la peor retórica que pudieron haber imaginado.
Es lamentable que algunos funcionarios públicos encargados dentro de la Administración Pública Federal de defender el derecho a la no discriminación se hayan apresurado a darle el visto bueno a este programa. Lamentable porque olvidan el sentido y la función de su cargo, y además porque colman de bendiciones una situación objetivamente peligrosa para los menores, misma que conlleva un alto riesgo de discriminación. Ese es el nivel de nuestro debate público: por un lado el gobierno queriendo hacerla de “barrendero” para limpiar escuelas, y por otro algunos supuestos defensores de derechos humanos prestándose al juego de la exclusión y la discriminación juvenil. Lamentable por ambos lados. Ojalá la opinión pública, por una vez, se sitúe sin ambages del lado de los derechos humanos de los menores.
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Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM