Alejandro Gertz Manero
De acuerdo con las estadísticas publica-das esta semana por EL UNIVERSAL, la delincuencia y la inseguridad son los temas que más preocupan a la ciudadanía, que le achaca esta crisis a la pobreza y al desempleo, para después señalar como otras causales la falta de profesionalismo de las policías, la corrupción y el narcotráfico; reiterando que 70% de los mexicanos no denuncian los delitos por considerar inútil, engorroso e incluso hasta peligroso el hacerlo, y muchos de los que sí ejercen ese derecho lo hacen obligados, porque de otra manera no cobran los seguros sobre vehículos robados o bienes sustraídos.
El 73% de los encuestados también manifestó su acuerdo en el sentido de que el Ejército mexicano realice labores de seguridad, ya que esa institución les merece confianza y consideran que su participación en la recuperación del estado de derecho en las áreas críticas del país ha sido fundamental, oportuna y eficiente.
Ese diagnóstico de la opinión pública nos está señalando con toda claridad que los temas de seguridad y justicia son los que más afligen a toda la población del país, que se encuentra cercada por el delito, fundamentalmente el robo, el secuestro exprés y la extorsión telefónica; teniendo todos ellos el común denominador de ser un asedio al patrimonio de los mexicanos más necesitados, ya que 90% de los robos que se cometen en el país son por menos de 8 mil pesos y tienen principalmente como víctimas a los sectores más desprotegidos de la sociedad.
Es también muy cierto que las crisis económicas y el desempleo han sido tradicionalmente los grandes promotores de los incrementos delictivos, ya que en 1982, después de 12 años de orgía, corrupción y derroche, el desastre financiero produjo el primer gran salto de los índices delictivos en el país; después en 1995, y como consecuencia de los “errores de diciembre” de 1994, la enorme crisis económica que sufrió la población se expresó en otro incremento, el más desmesurado de la criminalidad a nivel nacional; y ahora que estamos previendo una reducción en el Producto Interno Bruto y la posibilidad de una recesión estadounidenese, que golpeará a nuestra economía, la percepción de la ciudadanía es que la pobreza y el desempleo serán los factores que multipliquen la delincuencia.
Aceptando estas premisas, es lógico que la pobreza y el desempleo incidan en el delito. Pero también es evidente que la delincuencia que nos abruma también ha crecido durante las épocas de prosperidad, lo cual nos indica que el sistema de seguridad y justicia del país es el que ha dejado de funcionar, convirtiéndose en un lastre social.
Por otra parte, también debemos reconocer que los narcotraficantes, los contrabandistas y el crimen organizado, que son los grandes promotores del resto de los delitos, no habrán de disminuir sus actividades criminales en razón de los movimientos de la bolsa, del Producto Interno Bruto o de la pobreza del pueblo, ya que dichos delincuentes operan al margen de esos parámetros económicos y tienen sus propias reglas, que están sustentadas en la corrupción y en la ineficiencia del actual sistema de seguridad y justicia.
Por todo ello, es urgente que este clamor ciudadano contra el delito y la impunidad alcance las alturas del Con-greso para que nuestros padres conscriptos distraigan algo de su valiosísimo tiempo en medio de su refriega por el poder, para dedicarlo a los problemas que abruman a este pueblo llano, al que sólo le tocan “Las Malas”.
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Doctor en Derecho