Carlos Bazdresch
La semana pasada, el Congreso de la Unión, guiado por los líderes de los tres partidos políticos más importantes del país, aprobaron elevar al nivel de leyes federales: 1) la prohibición de que los partidos compren tiempo a las transmisoras de radio y de tv para anunciar sus proyectos y, en fin, para anunciarse ellos mismos; y 2) también aprobaron como ley federal la nueva propuesta de ley impositiva que incluye, entre otras cosas, la autorización a la SHCP para poner en operación el famoso IETU.
Así, se espera que importantes fracciones de los impuestos a pagar por las empresas vayan directamente al fisco —como impuestos cobrados— en vez de financiar publicidad que generaba un ambiente de competencia desleal por la atención del ciudadano. Ahora, estas acciones las regirá el IFE.
Lo importante no es que hayan sido votadas favorablemente dos iniciativas que, evidentemente, van contra los intereses de los más poderosos, sino el hecho de que, por ese mismo camino, se puede llegar a la construcción de un país mucho más fuerte, y, a la vez, más justo. Es decir, lo logrado puede ser el principio de la creación de un sistema de leyes más inteligentes y efectivas, y también más justas.
Hay que notar que lo ocurrido en materia de ingresos públicos lleva también a mejorar los sistemas por los cuales se define el gasto público. Es cierto que el sexenio pasado se votó a favor de una iniciativa para reformar los mecanismos con los que se opera el gasto público. Sin embargo, esta iniciativa se orientó, sobre todo, a fortalecer el control del gobierno central —es decir, la Presidencia.
¿En qué gastar? ¿Con qué ritmo se debe ejercer el gasto público? Actualmente, casi todas las decisiones de gasto importantes, especialmente cuando se gasta, las toma, al final, la SHCP. Esto es lo legal, y no necesariamente está mal.
Sin embargo, esto lleva a que se forma una cola de proyectos buenos y malos, y es difícil escoger primero a los mejores. Al imponer un control muy estricto de la burocracia hacendaria sobre cuáles proyectos se aprueban primero, esta burocracia adquiere un poder importante. De hecho, con frecuencia, su voluntad se impone a la opinión de las diversas secretarías que van a realizar los proyectos.
En el presente, se requiere acelerar el proceso de autorización del gasto de las principales obras públicas que ya han sido aprobadas. De no ocurrir lo anterior, la tasa de crecimiento seguirá disminuyendo. La Subsecretaría de Egresos tiene que agilizar su toma de decisiones. Hay muchas maneras de lograr esto, pero ciertamente las cosas se harían mejor si se ampliara el campo de decisiones para las secretarías responsables de cada ramo.
La cuestión aquí es que si el gobierno no actúa para acelerar las decisiones en egresos, el ritmo de la actividad económica seguirá cayendo. A este respecto hay que notar que el gasto público ha mantenido un perfil muy bajo desde hace mucho tiempo. Si queremos crecer habrá que estimular en forma más decidida el gasto público, y por eso es imperativo revisar todo el sistema de autorización del gasto público para descentralizar de manera más adecuada las decisiones.
Un último problema que vale la pena mencionar aquí es el del sistema anual de la aprobación del gasto. Aparentemente, los diputados sienten que la aprobación de proyectos multianuales lesiona sus facultades. Esto puede ser cierto en algunos casos, pero como todos sabemos, la anualidad tiene altos costos por obras no acabadas, que no tienen el flujo adecuado de fondos.
Profesor e investigador del CIDE