Acusan a mujer juez de sostener relaciones con presunto secuestrador

Saúl Galdámez /ASICh
Pichucalco, Chiapas.- Sectores sociales de la zona Norte manifestaron su inconformidad en contra de Renata Cabrera Sánchez, juez penal de este lugar, por el mal desempeño de sus funciones, toda vez que el trato que da a quienes acuden a sus oficinas es déspota y prepotente.Los denunciantes quienes pidieron el anonimato por temor a futuras represalias, dieron a conocer que la juez Cabrera Sánchez, viola flagrantemente los acuerdos que se llevaron a efecto en el marco de los convenios asumidos por el Consejo Nacional de Seguridad Publica, en el que el presidente de la republica Felipe Calderón Hinojosa y mandatarios estatales se comprometieron en adoptar medidas que eficiente los procesos de procuración e impartición de justicia.
Losa acuerdos del consejo destacan entre otros, que los funcionarios dedicados a delegar e impartir justicia no tengan forma alguna relación con miembros relacionados con el crimen organizado, pero esta juez se dice sostiene relaciones sentimentales con un reo procesado por el delito de secuestro, que se encuentra internado en el penal de Copainalá.
Los inconformes aseguran que aunado al trato déspota y prepotente que tiene hacia la ciudadanía y a los propios trabajadores del juzgado penal a su cargo, Cabrera Sánchez, a quienes obliga a trabajar jornadas inhumanas para que supuestamente ella se pueda ausentar del juzgado y de esta forma puede atender sus visitas al centro de readaptación social mencionado.
En ese contexto, los inconformes solicitan la urgente intervención de las autoridades competentes para parar las diversas irregularidades de la servidora publica y se sancione, ya que -dicen- que argumenta abiertamente estar protegida por la titular de la magistratura superior del estado.
Finalmente, dieron a conocer que la juez penal en mención ha manifestado que por la estrecha amistad que la une con la presidenta de la magistratura ninguna queja resultara procedente en su contra como los antes expuesto lo que establecen pruebas reales en su contra, por lo que piden que la autoridad competente demuestre a la ciudadanía que las líneas de acciones en contra de la corrupción y la delincuencia organizada no sean meros discursos políticos, concluyeron. ASICh

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