Sumidero
Tráfico de influencias en el Poder Judicial
Impiden entrega de un niño a su madre
ÉDGAR HERNÁNDEZ RAMÍREZ
María Guadalupe Haro Villaescusa, quien reclama la custodia de su hijo –resuelta ya a su favor por la juez que lleva el caso— ha puesto en evidencia la indignante realidad del sistema judicial chiapaneco. El viejo engranaje de ese aparato, que por fuera aparenta una nueva cara pero que por dentro sigue siendo el mismo, se ha puesto en marcha para someter a la madre y para mostrarnos a los ciudadanos, una vez más, que la justicia no es un derecho al alcance de todos sino una burda mercancía con la que se puede especular, vender y transar, a favor de los poderosos.
Dilación premeditada, tráfico de influencias, represalias, ilegalidades y amenazas, han marcado el proceso judicial que desde hace seis meses emprendió la señora Haro para rescatar a su hijo Jorge Gustavo de las manos de su exesposo el doctor Juan Carlos Arrazola Vázquez y de los padres de éste. Arrazola ha movido su red de influencias para retener a toda costa al menor, así sea violentando la ley. Han salido a relucir sus relaciones familiares con la esposa del exgobernador Juan Sabines Guerrero y con el magistrado Alberto Cal y Mayor Gutiérrez, las cuales ha utilizado para incumplir la resolución de la juez Gabriela Alcázar Castañón, quien ha ordenado la entrega de la custodia a la madre del niño.
Denuncias públicas y por escrito ante instituciones de derechos humanos, plantones en el Congreso, peticiones a autoridades de gobierno, no han sido suficientes para que se haga justicia expedita. La última bribonada que le hicieron a la quejosa fue esconder el expediente del caso para que se pudiera llevar a cabo la diligencia de localización y entrega del menor. El viernes pasado, fecha programada para la ejecución del procedimiento en domicilios de Tuxtla Gutiérrez, la primera secretaria de Acuerdos del Juzgado Tercero de lo Familiar, Claudia Hernández Pérez, simplemente se esfumó de la faz de la tierra pues no fue localizable ni dentro ni fuera de su trabajo para que entregara el documento sobre el cual se sustenta la actuación judicial.
Ante la obvia actitud dolosa de la funcionaria y el evidente intento de obstrucción de la justicia, la señora María Guadalupe Haro Villaescusa anunció una marcha (Fuente de la Diana-Palacio de Gobierno) para seguir exigiendo que le entreguen a su hijo y para denunciar la corrupción que impera en el Poder Judicial. En su reclamo ya no estará sola como otras veces, porque a su causa se han unido ciudadanos y organizaciones civiles que creen que está sufriendo un atropello que no debe seguir más y por eso se solidarizan con ella.
Hasta estos extremos ha tenido que llegar la madre en su inquebrantable convicción de obtener justicia. Y en este extenuante recorrido, ha dejado en evidencia no sólo a quienes directamente han influido en el incumplimiento de la ley, sino a todo el Poder Judicial encabezado por el magistrado presidente Óscar Rolando Ramos Rovelo. El mutismo de la institución respecto al caso del niño Arrazola Haro, que ya ha trascendido las fronteras del estado, revela indiferencia, prepotencia, machismo, pero sobre todo, una silenciosa complicidad.
En este contexto, la lucha de la señora Haro ya no es sólo de ella ni se circunscribe a la custodia de su hijo, rebasa el ámbito familiar para ubicarse en el plano de las demandas sociales. La lucha no es sólo por un caso particular sino contra el tráfico de influencias y la impunidad, dos vicios que corroen al sistema judicial.
Veremos si la institución encargada de impartir justicia recompone el camino o termina por desobedecer sus propias resoluciones, sometiéndolas a los ilegítimos deseos de quien puede burlarse de ellas. Por lo pronto, ayer una vez más Arrazola Vázquez y sus padres evadieron entregar al niño a su madre.
REMOLINO.- Un nuevo e improbable diálogo entre el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y el gobierno federal queda descartado desde ahora. Cualquier intento de acercamiento de la comisión legislativa con los rebeldes, estará deslegitimada por la presencia de dos senadores chiapanecos que resultan personas non gratas para la dirigencia del EZLN, por más que los legisladores brinquen de contentos por formar parte de la Comisión Bicameral de Concordia y Pacificación. Zoé Robledo Aburto y Roberto Albores Gleason, más que facilitadores serían un obstáculo en un eventual proceso de reconciliación. El primero es hijo del exgobernador defenestrado a raíz del levantamiento zapatista y el segundo es vástago del exmandatario interino Roberto Albores Guillén, a quien el Subcomandante Marcos ha llamado “Croquetas” por su perruna animadversión al movimiento. Pero además de ese estorboso pasado, los noveles senadores no tienen la experiencia ni la estatura política para cumplir con la encomienda; si acaso llegara a darse una señal de diálogo, lo primero que tendría que hacer el Poder Legislativo es cambiar a los integrantes de dicha comisión.
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