Rosario Green
…(la migración) aún estaba ahí”, como en la fábula de Tito Monterroso, y esa será por un largo tiempo una realidad inescapable. El problema migratorio entre México y Estados Unidos no sólo sigue presente, sino que tiende a empeorar, tanto porque la esperanza de recompensas económicas al intentar cruzar la frontera norte sin documentos supera notablemente a las advertencias acerca de los múltiples riesgos de hacerlo, como porque no se han generado en México condiciones productivas y sociales que hagan contrapeso a esa percepción.
Como complemento, en la política y la opinión estadounidenses no hay avances hacia una visión capaz de combinar las necesidades de mano de obra inmigrante y las entendibles preocupaciones por cuidar su seguridad nacional. Al analizar esta situación se debe considerar el éxito de las campañas de influyentes comentaristas de radio y televisión que pregonan el fin del sueño anglosajón a manos de unos inmigrantes mexicanos absolutamente indispuestos a aceptar los valores y el lenguaje de la sociedad estadounidense. A esos voceros les ha brindado un espléndido argumento el despliegue de banderas mexicanas en las espontáneas y nutridas manifestaciones en las que se exigía una reforma migratoria integral.
En la etapa previa a su toma de posesión, Felipe Calderón expresó su propósito de “demigratizar” la agenda bilateral con el gobierno de Estados Unidos, con miras a diversificar la temática de la relación más importante y compleja que tiene México con país alguno.
Sin embargo, la cancelación del debate acerca de una reforma integral en el Senado de Estados Unidos abrió la puerta tanto a la aplicación de criterios antimigratorios sumamente estrictos por parte de las instancias del Ejecutivo estadounidense, incluido el ominoso muro, como a la proliferación de ordenamientos de estados, condados y ciudades destinados a penalizar a quienes tengan relaciones laborales con migrantes no documentados, e incluso a los propietarios de inmuebles que les renten viviendas.
Los resultados, en términos de la persecución de los trabajadores migrantes así como de la proliferación de las transgresiones a sus derechos humanos, no se han hecho esperar. Esto ha obligado al presidente Calderón a retomar el tema con un gran énfasis, como lo hizo en la reciente Conferencia de Gobernadores Fronterizos, dedicándole más de la tercera parte de su intervención. En esa ocasión manifestó que “es imprescindible que se retome el debate legislativo para crear una legislación migratoria que dé certeza a los trabajadores mexicanos y a los empleadores en Estados Unidos”.
Es claro que estamos ante un impasse que difícilmente podrá ser superado antes de que inicie la próxima administración estadounidense. Como lo han señalado quienes vieron el debate de los precandidatos demócratas a la Presidencia de Estados Unidos, el tema migratorio es una verdadera papa caliente y ninguno de ellos está dispuesto a asumir riesgos electorales pronunciándose abiertamente al respecto.
En México algunos comentaristas reclaman que no se haya realizado una intensa acción de cabildeo en Estados Unidos sobre una reforma migratoria integral, semejante al utilizado para impulsar el TLCAN. No obstante, se trata de dos materias con contenidos culturales, emotivos e ideológicos absolutamente diferentes, por más que en lo migratorio haya factores económicos de un enorme peso para las dos economías y riesgos de desencuentros políticos que pueden contaminar al resto de la relación.
Dadas las circunstancias existentes en Estados Unidos, no queda sino trabajar en México con el aporte de todas las fuerzas políticas, económicas y sociales, para construir estrategias y ejecutar acciones que permitan replantear la agenda bilateral posible, en la cual, a pesar de cualquier ilusión, la migración seguirá ocupando el lugar central.
Senadora de la República (PRI)