Fernando Serrano Migallón
Bartleby, el escribiente de Wall Street, hizo famosa esta frase que, desde la pluma de Herman Melville, se convirtió en epónimo de un fenómeno que los sicólogos contemporáneos han dado en llamar “disonancia cognitiva”. Bartleby sabe qué es lo que tiene que hacer y, sin embargo, “preferiría no hacerlo”. Algo similar a lo que ocurre con Gregory Samsa, que siendo un escarabajo insiste en comportarse como un ser humano.
En la vida cotidiana de nuestra sociedad está ocurriendo algo similar a la disonancia cognitiva, pero a niveles que deben invocar nuestra preocupación. Todo ciudadano, toda autoridad educativa y administrativa, todo legislador y comunicador sabe que la educación superior es algo urgente, que hay que atenderla y formar auténticas políticas de Estado para protegerla y alentarla y, sin embargo, como dice siempre Bartleby, “preferirían no hacerlo”.
En los últimos años, las universidades mexicanas, en especial las públicas, han hecho esfuerzos enormes para lograr mejores cuotas de integración, han ensayado programas semiformales de intercambio de profesores y maestros y han tratado de dar fuerza a las ligas interuniversitarias como la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), porque el tiempo apremia y es necesario ganar la carrera de un tiempo en el que la equidad educativa corre peligro y la educación es, cada vez más, un factor determinante en la dimensión de la brecha entre países ricos y pobres.
Resulta angustiante que cada universidad pública, cuando se aproxima la confección del Presupuesto de Egresos de la Federación, o aun de sus propias entidades federativas, se esfuercen en negociar mejores perspectivas de futuro sin que podamos partir de una base firme para ir siempre mejorando; que los planes de intercambio con otras instituciones y el extranjero dependan sólo de nuestro ingenio y no del apoyo que necesariamente deberían prestar los poderes públicos, nunca a través de acciones de gobierno, sino de verdaderas políticas de Estado en las que tanto la calidad educativa y como el régimen de la autonomía universitaria se vieran beneficiados.
Resulta de un auténtico síndrome de “disonancia cognitiva” el hecho de que cada ciclo escolar, cada año y cada semestre, nos enfrentemos al mismo problema de los jóvenes que no encuentran cupo en una universidad pública mientras se insiste en la necesidad de crear nuevas alternativas dentro del marco de la educación superior.
Así, recurriendo a nuestras propias capacidades, los universitarios vamos construyendo nuestras propias formas de trabajo y de desarrollo; sería no sólo deseable, no sólo conveniente, sino aun urgente y perentorio que se dibujaran auténticas políticas públicas en materia de educación superior, pero no sólo en el discurso o en el programa de largo plazo, sino más bien en la inmediatez de las acciones que las universidades podemos ir tomando ya para mejorar la calidad y la cobertura de nuestros servicios.
Las políticas de Estado no tienen por objeto la solución inmediata de los problemas; se constituyen como cauces institucionales por los cuales se pueden construir las soluciones a los problemas que la realidad inmediata va presentando; le llamamos sistema de educación superior a una colección de principios y acuerdos que bien podrían coincidir, que mejor harían en alejarse del discurso para adentrarse en acciones concretas.
El apoyo que el Estado debe a las universidades autónomas no se limita al apoyo económico; debe extenderse en una plataforma de entendimiento por el que las universidades puedan empeñar sus mejores esfuerzos para incrementar su calidad, los universitarios tenemos la capacidad, los programas y el deseo; es necesario crear el ambiente institucional que aliente ese esfuerzo, que nos dejemos en la política y la sociedad mexicana de decir “preferiría no hacerlo”.
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Abogado