Javier Yau Dorry /ASICh
Datos sobre hablantes de lenguas indígenas
A partir de la premisa de que la educación constituye un proceso útil y significativo, que inciden favorablemente en el mejoramiento de las condiciones de vida y de producción y desarrollo cultural para la persona y la sociedad, una exigencia ineludible se relaciona con el conocimiento de estos factores condicionantes; ya que sólo a partir de éste entendimiento se podrán generar alternativas educativas pertinentes, acorde con las necesidades y patrones culturales de los grupos culturalmente diversos.En este análisis interesa aquí destacar algunas de las características que necesariamente deben tomarse en cuenta para cualquier planteamiento de intervención social con los pueblos indios.
Acercamiento al contexto. Una parte significativa del rezago educativo se concentra y se acentúa en la población adulta hablante de lenguas indígenas. Este rezago ha sido considerado institucionalmente como uno de los mayores lastres del progreso nacional.
La población indígena es un conjunto heterogéneo de grupos sociales; cada grupo indígena representa una identidad particular, en ello radica la riqueza cultural. También, la diversidad de la población indígena se manifiesta en las diferentes formas de asumir su lengua materna, el español y, sobre todo, los elementos culturales que le dan sentido de pertenencia.
La situación actual de los pueblos indígenas en México es resultado de las complejas relaciones entre estos pueblos y la sociedad no-indígena -establecidas desde la Conquista-. La discriminación hacia los indígenas y su subordinación han sido persistentes, no obstante, en ciertas coyunturas históricas se han reconocido a estos pueblos un conjunto de derechos -en algunas ocasiones ante la presión de la persistente lucha indígena, en otras por conveniencias políticas o económicas, y en algunas más por la influencia de otras naciones u organismos internacionales-.
Después de la colonización española la población indígena pasó a ser sometida y discriminada por su origen autóctono. Más adelante con la independencia política, el ascenso al poder de élites mestizas y la constitución del Estado mexicano se fue consolidando una identidad mestiza, en contraposición con la identificación de los grupos sociales originarios; los diferentes pueblos, pasaron a ser una minoría genérica conocida como india.
En primer término, habría que fijar una posición respecto a qué tipo de población puede considerarse indígena. A partir de los criterios censales, usualmente se identifica a la población indígena como aquella que declara hablar una lengua indígena. Otros criterios consideran a la cultura como una unidad que, incluyendo a la lengua como particular forma de expresión de la misma, va más allá de ella, siendo todo el resultado de la producción material e intelectual del ser humano.
El modelo de desarrollo ha implicado que algunos sectores sociales participen, en mayor o menor medida, del consumo y disfrute de bienes y servicios, así como de la posibilidad de tener injerencia en los asuntos públicos; mientras que otros sectores, aunque están integrados al sistema de producción-distribución económica, permanecen excluidos, total o parcialmente. La clasificación de los municipios según los grados de marginación es muy elocuente: 295 municipios, de los 871 con presencia indígena significativa, están catalogados como de muy alta marginación; 363 como de marginación alta, de tal manera que el 75.5% de los municipios indígenas están en esas categorías. A ello podemos agregar que de las viviendas de la población indígena el 73% carece de drenaje, el 42.3% no tiene agua potable y el 20.7 carece de electricidad. Además, el 86.1% de la población indígena carece de servicios de salud.
Como elemento importante de su situación de exclusión, los indígenas, en nuestro país viven mayoritariamente en comunidades rurales, pequeñas y alejadas de las vías de comunicación. Así, de las 21,407 comunidades que tienen más del 40% de población indígena, el 92.8% tienen menos de 1,000 habitantes. Más aún, de un total de 17,436 localidades con 70% o más de población indígena, el 73.9% tienen menos de 500 habitantes (INI-CONAPO: Estimaciones) Este hecho supone características en cuanto al tipo de organización social comunitaria, que hay que considerar para fines educativos, en estas comunidades no es habitual el uso ni una función específica de los conocimientos escolares, ni siquiera de la lectura y la escritura..
Existen comunidades indígenas propietarias de sus tierras, otras las poseen en la modalidad de ejidos y otras aún están asentadas en propiedades privadas de diversa magnitud, con relaciones fincadas en alguna de las diferentes modalidades de aparcería. No obstante, la mayor parte de la población que habita en estas comunidades, subiste por la práctica de una agricultura de autoconsumo, con tecnología tradicional y con una ínfima generación de excedentes para el mercado. En general la producción propia se da en minifundio, lo que implica una economía de infrasubsistencia[i], basada en el cultivo de productos alimenticios de autoconsumo.
El 43.3% de la población indígena ocupada trabaja en el sector primario. La Población Económicamente Activa (PEA) indígena ocupada, asciende a 2’345,959 de personas, de ellos el 48.1% son asalariados, el 40.5 están clasificados como trabajadores por su cuenta, el 10.4 trabajan con su familia, sin percibir salario, y sólo el 1.0 está en la categoría de “patrones”. Y cuando la población india alquila su fuerza de trabajo, su situación salarial se convierte en otro factor de exclusión, ya que el 56% gana hasta 2 salarios mínimos, y sólo el 19.4 percibe más de esa cantidad.
El inmigrante indígena no representa mano de obra especializada; generalmente es analfabeta y habla poco español, lo cual se ve como limitación para incorporarlo al mercado de trabajo y lo convierte en una demanda potencial de atención educativa. Según el Programa Nacional de Solidaridad con Jornaleros Agrícolas Migrantes (PRONSJAG 1989) se registraron 4 millones de jornaleros agrícolas migrantes, de los cuales el 60% eran indígenas.
La educación escolarizada es un satisfactor insuficiente en nuestro país. El porcentaje de personas sin instrucción o con la primaria incompleta se eleva a 53%, mientras que el 32.8% de la población indígena es analfabeta. El 24.6% del analfabetismo a nivel nacional corresponde a la población indígena. Un dato relevante en el tema del analfabetismo, lo constituye el hecho de que aún entre la población indígena existen diferencias entre los hablantes de alguna lengua indígena y los no hablantes, presentando los primeros mayores tasas de analfabetismo que los segundos; así entre las mujeres hablantes el analfabetismo llega al 43.3%, mientras que entre las no hablantes es del 10.4%; esta relación, aunque disminuida, es la misma en el caso de los hombres indígenas: 23.4% contra 6.7%
Las oportunidades de acceso, permanencia y egreso a los diferentes niveles del sistema educativo son claramente desfavorables para los indios. Según cifras del INEGI, la comparación entre el nivel de instrucción de la población mayor de 15 años hablante de lengua indígena y la población general es como sigue:
NIVEL DE INSTRUCCIÓN POBLACIÓN GENERAL POBLACIÓN HLI
Sin instrucción 10.3 31.7
Primaria incompleta 18.1 30.6
Primaria completa 19.4 18.4
Secundaria incompleta 5.3 3.4
Secundaria completa 19.1 8.9
Algún año aprobado en educación media superior 16.8 4.3
Algún año aprobado en educación superior 11.0 2.7
La selectividad del sistema educativo mexicano, es aún más cruel para la población india, los promedios de escolaridad de la población de 15 años y más así lo indican, ya que para la población general es de 7.3 años de estudio, mientras que para la población HLI es de 4.0.
La situación socio-política de los indígenas es producto histórico de la forma en que se ha conformado la República Mexicana a partir de la Conquista y hasta la época actual. En ese transcurso, las relaciones entre los gobernantes y el resto de la sociedad, han sido asimétricas: dominación/subordinación.
Estas relaciones se han legitimado a través de las leyes. No obstante, las luchas de los pueblos indios para lograr justicia, han propiciado que en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se les reconozca un lugar y una serie de derechos, aun no plenamente otorgados ni ejercidos. En la actualidad se llevan a cabo esfuerzos desde diversas organizaciones indígenas por abrir espacios en el marco jurídico y lograr condiciones de vida más justas. Estas demandas incluyen el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas, la ampliación y representación en los espacios políticos, el acceso a la justicia, el respeto y promoción de sus culturas, la garantía de acceso a una educación pertinente, la satisfacción de sus necesidades básicas, el impulso a la producción y el empleo y la protección de los indígenas migrantes.
Es evidente que esta somera caracterización de la población indígena mexicana no aporta los elementos suficientes para el diseño de alternativas educativas pertinentes para esta población. Para pretender un conocimiento de esta realidad, es indispensable partir de una apropiada categorización, que permita delimitar los elementos necesarios y suficientes para un acercamiento a los varios niveles de pertenencia de la población indígena, concretizados tanto en lo geográfico (nacional, estatal, regional, municipal y comunitario), como en categorías socioculturales, económicas y políticas (ruralidad, formas de producción, etnicidad, exclusión, comunalidad, organización, participación, educación, usos y costumbres…)
Es necesario realizar estudios e investigaciones documentales y de campo, a nivel estatal y comunitario que aporten los datos más precisos que, al dar cuenta de la diversidad de la población indígena en nuestro país, permitan darle pertinencia a un proyecto educativo. (Primera de tres partes)