Héctor Larios Córdova
El pasado jueves en la reunión de la comisión ejecutiva para la reforma del Estado, cada partido presentó sus propuestas generales y específicas sobre este tema.
Para el Partido Acción Nacional es importante, primero, establecer que nosotros no vamos por una refundación del Estado, no buscamos una nueva Constitución, no queremos desconocer el camino andado, buscamos perfeccionar nuestras normas para lograr un Estado moderno, una democracia eficaz que alcance una mejoría sustancial en el nivel de vida de los mexicanos y una mejor convivencia social.
En segundo lugar, nosotros no buscamos el debilitamiento de algún poder o institución, por el contrario, el fortalecimiento de todas en su naturaleza, no coincidimos en reducir las facultades del Presidente, sino buscamos fortalecerlas e incrementarlas, no creemos en debilitar al Congreso, sino en incrementar sus facultades y formas de control sobre el Ejecutivo y, desde luego, la modernización de nuestro Poder Judicial.
A partir de estos criterios, nosotros pensamos en mantener las definiciones básicas de nuestro sistema político, un gobierno civil y laico, una República federal, un sistema presidencial y una separación en tres poderes que colaboran entre sí; y desde luego, una democracia como forma de vida.
Si se mantienen estas definiciones básicas, quizá el mayor problema a resolver es la generación de incentivos para que exista colaboración entre el Ejecutivo y el Congreso; sin esta colaboración nuestra democracia pierde eficacia y no sirve como debiera a los ciudadanos. En un gobierno dividido, en el que el Ejecutivo no tiene mayoría en el Congreso, debemos generar los cambios y las nuevas instituciones que fomenten la colaboración entre estos poderes.
Para la oposición existe el incentivo de no colaborar para que al Ejecutivo le vaya mal, y en consecuencia, pueda en las siguientes elecciones arrebatar la Presidencia, el mejor incentivo sería la maduración de la ciudadanía que castigara con su voto a los partidos que no colaboraran, pero esto tardará muchos años.
Para muchos la solución está en adoptar un sistema semiparlamentario que transfiera algunas facultades del Ejecutivo al Legislativo para garantizar la colaboración entre poderes. Entre estas propuestas está someter a ratificación del Congreso el nombramiento de los secretarios de Estado, el voto de censura, el establecimiento de un jefe de gabinete, etc. En general, todos los que impulsan esta solución evaden proponer los instrumentos que en un sistema parlamentario tiene el Ejecutivo para equilibrar a las cámaras como la capacidad de disolverlas y convocar a nuevas elecciones.
Después de este tema central, el segundo en importancia es la consolidación democrática en las entidades federativas y municipios. Los grandes avances que se han logrado a nivel federal no se reflejan en los estados.
Se han transferido recursos y facultades a los estados como nunca; sin embargo, no se han incrementado sus responsabilidades. Los gobiernos estatales suelen ser autoritarios a semejanza del gobierno federal en el siglo pasado. No existe verdadera transparencia que garantice a los ciudadanos conocer los datos públicos, y sobre todo, no existe rendición de cuentas eficaz. En general, los gobernadores no tienen el acotamiento del Congreso y controlan el Poder Judicial de su estado. Un Estado moderno supone vida democrática plena en estados y municipios.
En tercer término, debemos cambiar nuestras leyes e instituciones para evitar dominios sin autoridad o la existencia de poderes generados no democráticamente, los llamados poderes fácticos. Particularmente debemos trabajar en la mejora de nuestras reglas de competencia que eviten la existencia de monopolios y empresas dominantes, la democratización de los sindicatos, y desde luego el sometimiento del crimen organizado que es sin duda el poder fáctico más lesivo para nuestra democracia.
Coordinador de diputados federales del PAN