*Finísimas personas
René Delios
Ahora resulta que Florencio Madariaga, Librado de la Torre y Eduardo Montoya son unas finísimas personas; ciertamente fue injusta la privación de la libertad que les aplicó Pablo Salazar, el ex gobernador chiapaneco, pero su caso no es exclusivo y puede que sepan de algunos en corto, cuando les tocó a estos tres personajes ser parte del gobierno represivo e intolerante de Roberto Albores Guillén, gobernador de Chiapas entre 1997 y 2000.¿O ya se les olvidó que estuvieron en una administración que promovió la guerra de baja intensidad en contra del EZLN y las comunidades indígenas denominadas “bases de apoyo”?
– “Marcos debe estar en la cárcel”-, dijo ese gobernador caciquil de entonces, y el subcomandante le acomodó desde la selva misma, el mote de “el croquetas” que, ya no podrá quitarse jamás.
A éstos funcionarios hoy de víctimas, se les recuerda con mucho por su suficiencia y prepotencia cuando ostentaron cargos públicos en el gobierno alborista, y en una de esas, hasta aparecen por ahí algunos que pudieran reseñar lo perdona vidas de Florencio y Eduardo desde su elite policiaca y judicial –pues Madariaga fue jefe de seguridad pública estatal y el Montoya procurador-, pues ni negar que también –como Mariano Herrán u Horacio Schoeder- obedecieron ordenes de Albores Guillén, para desgraciarle la vida a los que pensaban diferente al régimen canino.
Ahora, con las vestiduras desgarradas, flagelándose ante la sociedad que los mira de reojo, arremeten en contra de supuestos pablistas como catalogaron ayer a Juan Carlos Moreno Guillén –el obudsman chiapaneco- y muchos otros que trabajaron en la pasada administración, como si su formación y talento dependiera de ese lapso, o como si fueran corruptos e intolerantes por el solo hecho de que así fue Salazar.
Sería lo mismo que acusar a los hoy quejosos como parte de la guerra de baja intensidad que permitió Albores, en aras de desarticular un movimiento legitimo que acabó con el caciquismo rural en Chiapas e hizo reaccionar a la federación toda, sobre la necesidad de darle atención a las 56 etnias del país, todas en la miseria y la marginación, como para justificar con algo esa ausencia institucional-, en una historia que aun esta por madurar –contrario a los que insisten en la miopía, que ha sido una guerra de papel, despersonalizando el hecho de que el movimiento es de ideas, y no de sangre- y analizarse desde el punto de vista sociológico, en la que pudieran no salir tan librados los hoy quejosos, y en el exceso, se les encontrara también que como padecieron con Salazar, ellos en su momento encarcelaron gente desde la Procuraduría de Justicia, que persiguieron a dirigentes prozapatistas y zapatistas, con la policía de seguridad pública, o que compraron conciencias desde la secretaría del campo, cuyo titular fue Librado de La Torre, en el gobierno de Albores.
¿Quién les creería que no fueron parte de esa actividad subterránea que no reconocían oficialmente ni Albores ni Zedillo, pero que cada semana arrojaba muertos en comunidades y trabajaderos dentro de la zona gris, acordonada por el ejército mexicano, que tenía sitiado a Chiapas, y nunca, pero nunca, dijeron nada estos tres sobre el respeto a la soberanía del estado, y la vigencia del 11 constitucional?
¿Dijeron algo cuando los hechos prepotentes en los municipios autónomos zapatistas de El Bosque, San Juan de la Libertad, Moisés Gandhi, Chavajebal, Amparo Agua Tinta, Guadalupe La Montaña e infinidad de otros acontecimientos de incursión paramilitar?
¿No fueron esos actos de Lesa Humanitae?
Digo, porque fueron parte de ese gobierno y no los veo tan parejos con sus actos y recuentos.
Si la justicia tiene que llamar a Pablo Salazar por sus actos de represión, y se va a juzgar a sus funcionarios por el solo hecho de haber participado en ese gobierno gris, ciertamente hay que ser parejo con los del gobierno negro de Albores –por un mero ejercicio de memoria, y hasta el de Ruiz Ferro (1994-1997), para develar ya y en serio, la masacre de Acteal-, cuyas historias de sangre se dieron a borbotones, y que avalaron en su momento todos sus funcionarios ignominiosos, siendo lamentable que algunos vivieran con Salazar, lo que en otrora, vivieron los que tuvieron la desgracia de ser presos políticos durante el stablisment zedillista.
Como lo que le hizo Salazar a éstas tres personas que hoy reclaman justicia, los hechos durante el gobierno alborista están reseñados en los medios informativos del mundo, como testimonio social de que no ha habido gobierno más represivo en Chiapas, que el de Albores Guillén, y los tres quejosos que hoy se lucen cual víctimas de la represión total, ¿fueron parte medular de la guerra de baja intensidad?, que instrumentó el gobierno federal desde alguna de sus oficinas -¿En las calles de Bucareli?, y puede que si se hicieran indagaciones éstas suban de tono y rocen tantito al Senado de la República, y a uno de los presidentes de sus comisiones, y me refiero al de energía, Francisco Labastida Ochoa, que en aquel entonces era el Secretario de Gobernación, y el que saliera candidato del PRI a la presidencia de la República, por el que México –sabio pueblo- no votó, ganando Fox, que fue un presidente divertido y guasón, que dijo acabar con el problema chiapaneco en 15 minutos, y siguen pasando los años y como apunté líneas arriba, hay quienes se olvidan del recuento de los daños, y solo por eso –y aun los que me dicen que pierdo lectores por eso-, mantenemos vigente el siguiente:
Envío
¡Larráinzar; cumplimiento y paz!