*Los consentidos
René Delios
Los derechos humanos son el conjunto de prerrogativas inherentes a la naturaleza de la persona, cuya realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral del individuo que vive en una sociedad jurídicamente organizada. Estos derechos, establecidos en la Constitución y en las leyes, deben ser reconocidos y garantizados por el Estado y sus integrantes, sin importar del nivel e instancia que sean.
Obvio los ciudadanos mismos.Todos estamos obligados a respetar los derechos humanos de las demás personas. Sin embargo, según el mandato constitucional, quienes tienen mayor responsabilidad en este sentido son las autoridades gubernamentales, es decir, los hombres y mujeres que ejercen la función de servidores públicos.
La tarea de proteger los Derechos Humanos representa para el Estado la exigencia de proveer y mantener las condiciones necesarias para que, dentro de una situación de justicia, paz y libertad, las personas puedan gozar realmente de todos sus derechos. El bienestar común supone que el poder público debe hacer todo lo necesario para que, de manera paulatina, sean superadas la desigualdad, la pobreza y la discriminación.
Sí, ya sabemos –y lo hemos señalado- que en México, diversas Organizaciones no gubernamentales han denunciado las importantes fallas en la defensa y protección de los Derechos Humanos; no todas son portadoras de la verdad, las más son fanfarronas. Sin embargo, las violaciones del derecho a la vida, a la integridad y a la libertad personal y también a las garantías y protección judiciales, han sido motivo de preocupación de las organizaciones civiles mexicanas.
Como lo reseñan los diarios a diario, las violaciones del derecho a la vida en México se han incrementado y gozan de una total impunidad, especialmente en las zonas militarizadas del norte, por lo que ojalá no traigan sobre carga de presencia militar al sureste, porque se arma la vaina.
Regresando al tema, los actores oficiales señalados como autores de la mayoría de los delitos asociados a la violación del derecho de la vida son el ejército, los cuerpos de seguridad del Estado y por supuesto, los grupos paramilitares o sicarios o zetas o narcos.
Los casos de tortura, tratamientos crueles e inhumanos, detenciones arbitrarias, intimidación, etcétera, continúan produciéndose. Estas se justifican con argumentos de lucha contra la insurrección y contra la delincuencia. La mayoría de las violaciones de los derechos humanos son consecuencia de la actuación del Ejército o de los grupos de reacción que actúan en diversas zonas del país. En cuanto a los casos de tortura, Amnistía Internacional afirma que hay muchos en México a causa de las deficiencias en el sistema judicial –No se ignora que los jueces admiten confesiones obtenidas bajo tortura, me consta- y de la deficiencia que sufre gran parte de la policía mexicana.
Parece que la práctica de las detenciones arbitrarias y de las desapariciones también se convirtieron hacia finales de 1998 en una acción habitual en México: se permitieron grupos paramilitares de manera cuasi institucional en Chiapas de 1996 a 1999. Las desapariciones son ya un problema grave en México a partir de 1994 y de 2000 a la fecha han últimado a 48 periodistas y de éstos 8 están desaparecidos y aun nada, nada, nada.
Desde Amnistía Internacional se apuntaba la posibilidad de que la impunidad de que goza esta serie de delitos genere una oleada de desapariciones bajo la pasividad de las autoridades y ¿saben qué? Ya está pasando: los levantones son la consecuencia.
Se insiste: la delincuencia organizada, y lo extrajudicial solo es posible gracias a la corrupción: si estas secuelas están presentes es porque la corrupción sigue vigente.
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¡Larráinzar; cumplimiento y paz!