*De uno en uno
René Delios
En otro importante fallo, no definitivo aún, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó el fin de semana pasado que sí hubo una confabulación contra la periodista Lydia Cacho, por parte del gobernador de Puebla, Mario Marín, y lo más probable es que se pronunciará porque se le haga juicio político al mandatario local en la Cámara de Diputados federal.
No habría precedentes. Una comisión de la Corte, nombrada para revisar este caso, también pedirá acción penal contra los procuradores de Puebla y de Quintana Roo, y exhortará al Congreso a impulsar la creación de tribunales contra la pederastia “a fin de salvaguardar la integridad de la niñez” y pedirá desaforar al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Puebla, ya que todos esos funcionarios judiciales están firmemente indiciados como partícipes directos en el acoso, detención y encarcelamiento de la periodista Cacho Ribeiro, que denunció la red de pederastas encabezada por Jean Succar Kuri, junto con el empresario textil Kamel Nacif Borge, quienes contaron con la complicidad activa del gobernador Marín.
Es pues que la Suprema Corte de Justicia de la Nación esta ganando la confianza de los mexicanos con sus determinaciones, muy por encima de los congresos federales de diputados y senadores, desprestigiados desde tiempo ha, primero por levantadedos y luego por su7s cofradías partidistas cuando no camarillas legislativas que, anteponen sus intereses políticos a las grandes determinaciones que les encomendaron los mexicanos.
Ciertamente ha habido iniciativas presidenciales inicuas que solo buscan beneficiar un plan sexenal, pero otras, como la apertura necesaria para competir en el comercio mundial, o la cuestión de la Reforma Fiscal inequitativa –pues a los trabajadores sí les cobran impuestos fijos y a los restauranteros millonarios un valor proporcional-, se politiza, aun la necesidad nacional de competitividad o la evasión fiscal tan evidente que merece sanciones más severas.
La Suprema Corte no ha politizado nada, aun otros sectores si buscaron hacerlo, como sucedió con la llamada “Ley Televisa”, la inscontitucionalidad de demandar al Congreso Federal por parte del IFE al revocarle la reducción de gasto público a partidos, la investigación en torno a los sucesos de Oaxaca hace un año, y ahora, al entrar en el caso tremendo de Lidia Cacho que, ilustra la corrupción y el bajo mundo de un político y un empresario poblanos.
Esto último es expectante, porque aterriza ya en los intereses afectados de un ciudadano mexicano, en éste caso la Cacho, que merece la atención superior de esos honorables magistrados.
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¡Larráinzar; cumplimiento y paz!