La evaluación
René Delios
La reunión que el gobernador Sabines realizó con el gabinete legal y ampliado hace unos días, es el cierre del ordenamiento que marca el trabajo integral del Plan Estatal de Gobierno Chiapas Solidario, luego de que se decía que el ejercicio gubernamental estaba desarticulado.
Contrariamente, esta reunión articula lo necesario para que los programas y políticas de gobierno cumplan sus metas, toda vez que la evaluación comprenderá focos verdes, amarillos y rojos, a los que tendrán que responder los funcionarios deficientes en su caso, ante el magro cumplimiento de metas especificas que, desde luego, influirán en la de las demás dependencias con las que tengan programas “transversales”, como les llaman ahora.Esto quiere decir que como hay programas en los que participan varias dependencias, será fácil detectar en dónde están las fallas y se tendrán que exponer tal cuales en esas mesas de evaluación, para solucionar lo conducente o de plano, cesar al o a los malos funcionarios.
Las preferencias que dicen tener algunos quedan así, a tras, y los funcionarios que no cumplan sus metas quedarán exhibidos ante el pleno gubernamental.
De esta manera Sabines ordena su plan de gobierno y lo conduce tal su proyecto para “Chiapas Solidario”, silenciando –nuevamente- las versiones de que la cosa no estaba muy en orden. Nada de eso: todo derecho y con transparencia, rendición de cuentas y eficacia.
Ahí lo van a ver.
Matraz
La Suprema Corte de Justicia de la Nación, se puede convertir en el órgano rector de la legalidad en el país, en cuestiones metaconstitucionales, luego de que determinó que el Instituto Federal Electoral (IFE) no tiene facultades para interponer controversias constitucionales, y por lo tanto desechó el recurso que promovió contra la Cámara de Diputados por razones presupuestales. De esta manera, el IFE está impedido de poder modificar el presupuesto de los partidos políticos para el presente año.
Es un prescedente para los legislativos en las entidades.
Pero antes se dio la vaina de la ley televisa, en la que invirtieron días y presupuesto en el congreso de la Unión, para beneficiar a un buen de concesionarios poderosos precisamente en un año de elección presidencial, y que ahora, echan para atrás desde esas tribunas del país, con la participación de legisladores que supieron de primera mano como estaba el asunto desde sus sillas privilegiadas como funcionarios públicos, como es el caso de Santiago Creel Miranda.
Ahora resulta que, las autoridades federales, estatales y municipales violaron gravemente las garantías individuales en el estado de Oaxaca a partir del dos de junio de 2006 y hasta el 31 de enero pasado, sostuvo el ministro Juan N. Silva Meza, al presentar ante el pleno su proyecto de dictamen en el que propone que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ejerza su facultad de investigación para conocer sobre los hechos ocurridos en la entidad que gobierna Ulises Ruiz.
Al tomar como base el informe emitido por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), el cual señala que autoridades y corporaciones policíacas de los tres niveles de gobierno “afectaron físicamente a un gran número de personas, en forma cruel e inhumana” y en donde además de personas torturadas se registraron muertos, Silva Meza planteó que la investigación, de ser aprobada por el pleno, tendría como encomienda establecer ¿por qué se dieron esas violaciones graves?, ¿quién las ordenó?, ¿obedeció a una estrategia estatal o al rebasamiento de la situación y a la deficiente capacitación de las policías?.
De esta manera, el proyecto será sujeto a estudio, pues se propone crear, como en su momento lo solicitó la Cámara de Diputados, una comisión especial encargada de investigar la participación de funcionarios y ex funcionarios públicos en el conflicto que se vivió en Oaxaca el año pasado.
Cabe señalar que tal intervención generó muchos detenidos.
¿Les dirán el clásico “usted disculpe?
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¡Larráinzar; cumplimien to y paz!