*Homologar
René Delios
El tema ya ha sido “concurrencia” en varios legislativos estatales, a los que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ha dado marcha atrás: sucedió en Coahuila, Puebla, Oaxaca y Chiapas, pero también ha sido tema en el Senado y la Cámara Federal de diputados: homologar elecciones estatales y federales. Incluso el llamado niño verde chiapaneco, fue el que tocó el tema al decir no hace mucho que “Es un gran avance político que las senadoras y los senadores tengamos puntos de acuerdo respecto a los beneficios de homologar los comicios electorales en todo el país”.
Y es que todo deriva ahora de la famosa ley electoral aprobada en la Unión y que ya fue ratificada por más de la mitad de los estados del país, por lo que es vigente y que debe ser publicada en el diario oficial de la federación en dos meses luego de su aprobación, para que entre en vigencia.
Pero no ha trascendido nada en la entidad hasta ahora que la aborde la apruebe la LXII Legislatura para que sea efectiva hasta la LXIV Legislatura que entrará en Vigor en 2010.
Obvio es que de lo primero que se mira en esto es lo referente a abaratar el costo de las elecciones en Chiapas, gasto que muchos consideran excesivo ante las grandes carencias y desigualdades que hay, por lo que hacer concurrir -esa palabrita, hermano-, los procesos electorales representa una necesidad económica compartida.
Muchas elecciones todo el tiempo significan competencia política permanente, la cual genera desgastes innecesarios y gastos millonarios que bien podrían canalizarse al gasto social, por lo que la homologación de elecciones abona el terreno para la estabilidad política tan necesaria en estos tiempos.
La idea pues no es mala, sin embargo el asunto era el cómo: aun me queda en la memoria el cómo la presente legislatura gandalla, se quiso prorrogar hasta 2009, cuando ninguna ley es retroactiva y, pese a saberlo lo hicieron y que me los endereza el TRIFE.
Esta va a ser la segunda vez que van a darle entrada a una reforma de homologación electoral, pero planteando lo evidente: legisladores de un año ocho meses por única vez en 2010 y hasta 2012.
La misma vaina para alcaldes, primito.
Así que el mismo año en que se elige a gobernador, presidente de la República, diputados y senadores federales, se van a elegir a diputados locales y alcaldes, y para cada mediado de sexenio, diputados federales con alcaldes y diputados locales, abaratando costos, aunque cada una se dé en su respectivo ámbito federal y estatal, con mucha regulación del IFE, previos acuerdos, desde luego.
Esa es la intención mayor, me dicen.
Pero la otra es que en casi todas las entidades de la República -y qué bueno- se presenta una urgencia más allá de lo dicho por la vox populi, y no es otra que adelgazar y reducir los gastos operativos del gobierno; lo mismo piensa el de Oaxaca o el de Puebla, por ubicar a los que han vivido reciente escándalo, o Sabines y Granier por hablar de dos gobernadores del sureste emanados de diversas corrientes político partidistas y que no tienen mucho tiempo en posesión.
Es una necesidad imperante que motiva a coincidencias más allá de los partidismos que vemos en las cámaras, pues la administración pública tiene mucho tiempo prometiéndole a los mexicanos y no ha cumplido satisfactoriamente en más de cinco lustros con sus postulados, ni partidistas ni constitucionales, cosa grave en la credibilidad de la gente que se manifiesta, a huevo, en el abstencionismo y en la poca participación social en todo sentido, incluyendo el altruismo.
Así que no es mala la idea la de homologar elecciones con las federales; lo fue para la pasada administración que hizo de esa necesidad una burla con la prorroga a modo con los actuales diputados, pero que por fortuna con más objetivo social y oficio político reorienta Sabines, de acuerdo a lo que marca la nueva ley.
Al inicio asomaba unas líneas sobre el tema, tratado en el Senado de la República y llevado a tribuna en la Cámara de Diputados; aprobada sigue su transito en las entidades de México: no se han referido a esto en las dirigencias de los partidos nacionales -y menos estatales-, tan volátiles en sus posicionamientos ante el poder de decisión que tienen en verdad y así se conducen los legisladores de la Unión y el empoderamiento real de los gobernadores, quienes recientemente se reunieron en Colima para hablar de ello.
A la reunión de la Conago llegaron casi todos los titulares de los ejecutivos estatales, más allá de siglas condensadas y concensuaron lo necesario para encontrar la forma de mayores recursos a las entidades, aun el anuncio calderonista de 700 mil millones de pesos a provincia. Sin precedente sin duda, pero insuficiente para los pendientes sociales en cada entidad, algunas de ellas con increíbles niveles de subsistencia humana ante la ausencia institucional y el desplazamiento social de décadas.
Aunque para el ciudadano común persista la idea de que los políticos están robándose la paga, la verdad es que no es tan escandaloso ese rubro; padecemos corrupción, si, pero a la vez mejores candados administrativos y desde luego, de auditoria y seguimiento, además de la llegada de nuevos conceptos de la política social y económica para la mejoría de los que menos tienen.
Y eso ya no puede verse como frase: son demasiados millones en México con hambre y carencias de todo, como para que no se valore que eso es una bomba de tiempo, cuyo conteo regresivo inició el primero de enero de 1994.
En nuestra incipiente democracia hace falta más que esta pequeña reforma electoral, esta simple transición de la política, esta aparente tranquilidad social.
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¡Larráinzar; cumplimiento y paz!