José Luis Calva
Cada vez que en México se ha intenta-do una reforma fiscal basada en impuestos sobre el ingreso, los “jinetes del Apocalipsis” han asomado en el horizonte. En el más consistente de estos intentos, realizado durante la época del desarrollo estabilizador, el Plan de Acción Inmediata —enmarcado en la Alianza para el Progreso—, propuso elevar la recaudación agregada de México —en sus tres niveles de gobierno: federal, estatal y municipal, así como en su componente de contribuciones a la seguridad social— de 10.3% del PIB en 1960, a 15% del PIB en 1965 y a 19.8% del PIB en 1970.
Para la elaboración técnicamente consistente del proyecto de reforma fiscal, el entonces secretario de Hacienda, Antonio Ortiz Mena, formó un grupo de trabajo integrado por destacados economistas mexicanos, como Víctor Urquidi, Ifigenia Martínez y Ernesto Fernández Hurtado. Paralelamente, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) contrató al brillante economista británico Nicholas Kaldor para que presentara un análisis técnico riguroso del sistema fiscal mexicano y propuestas para su reforma.
Según el proyecto fiscal de los economistas mexicanos —que conocieron el análisis de Kaldor—, un sistema de impuestos progresivos sobre el ingreso que suprimiera los privilegios fiscales aumentaría la recaudación tributaria de México —incluyendo los tres niveles de gobierno— de 10.3% del PIB en 1960, a 14.1% del PIB en 1965 y 17.8% del PIB en 1970.
Sin embargo, el valioso proyecto de reforma fiscal quedó en mero ejercicio de rigurosidad técnico-económica, debido a la cerrada oposición de la élite empresarial. En un libro escrito casi cuatro décadas después, Ortiz Mena describe la resistencia empresarial enmarcándola en “una desafortunada crisis de confianza”.
“En este entorno, la reforma tributaria comenzó a ser atacada como parte de una supuesta estrategia para aplicar en México políticas de corte socialista y como un instrumento para confiscar la riqueza de los particulares de una manera análoga a lo que había ocurrido en Cuba con la reforma urbana” (A. Ortiz Mena, El desarrollo estabilizador: reflexiones sobre una época, FCE-Colmex, México, 1998). “Frente a esas circunstancias —concluye Ortiz Mena—, me di cuenta de que no era posible políticamente en esos momentos realizar la reforma tributaria global. Sin embargo, me pareció que podríamos realizar algunos cambios en el sistema fiscal vigente”.
Los cambios fueron tan moderados —preservando los privilegios fiscales de la clase acaudalada— que la recaudación tributaria del gobierno federal apenas pasó de 7.2% del PIB en 1960 a 8% del PIB en 1970, y la recaudación agregada —incluyendo los tres niveles de gobierno y las contribuciones a la seguridad social— apenas alcanzó 12.3% del PIB en 1970, más por efecto del dinamismo de la economía —que creció a una tasa media de 6.8% anual, con su correlativa generación acelerada de empleos formales— que por obra de la minirreforma.
Así, la extrema cerrazón de la élite privilegiada de México, sumada al miedo de la clase política a recaudar y a colocar el interés superior de la nación por encima de los intereses especiales, lastró el desarrollo de México. Recuérdese que al principiar los 60, el PIB per cápita de México era superior al de España y duplicaba al de Corea del Sur.
Hoy día, ambos países cuentan con economías de primer mundo, con un PIB per cápita tres veces y dos veces superior al de México, respectivamente. Entre las causas de nuestro rezago se encuentra la ausencia de una reforma fiscal basada en impuestos progresivos sobre el ingreso, que España realizó en el marco del Pacto de la Moncloa, y que Corea del Sur copió de su vecino Japón, desde el comienzo de su modernización.
Casi medio siglo después, la historia parece repetirse. El tímido proyecto de reforma fiscal basada en impuestos sobre el ingreso, presentado por el secretario de Hacienda, Agustín Carstens, ha desencadenado nuevamente la resistencia de la élite empresarial en defensa de sus privilegios fiscales.
Lo realmente extraño sería que, en un futuro de ensueño, un partido de izquierda ganara las elecciones presidenciales y preguntara a las élites empresariales: ¿desean ahora sí tributar con un régimen moderno de impuestos progresivos sobre el ingreso? Y los “poderes fácticos” dijeran al unísono: ¡Sí!
Investigador del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM