José Luis Calva
La iniciativa de reforma del régimen fiscal, recientemente presentada por el Ejecutivo federal, prevé un incremento de la recaudación tributaria equivalente a 1.8% del PIB, además de una tributación adicional de 1% del PIB derivada de una mayor eficiencia recaudatoria. Más allá de la pertinencia, equidad y viabilidad de la reforma, el problema consiste en que los recursos fiscales adicionales no alcanzarían para cubrir ni siquiera una porción sustantiva de las enormes carencias en infraestructura, educación, salud, combate a la pobreza, seguridad pública, desarrollo científico-tecnológico, fomento industrial y agropecuario, para no hablar del costo fiscal de la reforma del sistema de pensiones, del alivio tributario de Pemex o de los márgenes de maniobra hacendarios que México necesita para desplegar políticas contracíclicas que sostengan el crecimiento del producto nacional y del empleo. Desde luego, la espada de Damocles de la eventual caída de los ingresos petroleros permanecería amenazante sobre la economía mexicana.
Frente a este horizonte, es necesario tomar la palabra al presidente Calderón, que en referencia a su iniciativa hacendaria expresó: “Convoco a todos los actores políticos y sociales del país a debatirla, porque (.) el diálogo abierto y responsable va a contribuir a mejorar esta iniciativa”. “Los invito -dijo- a que por encima de cualquier diferencia política miremos hacia el futuro y encontraremos las soluciones que México requiere para avanzar en la ruta de la justicia, de la prosperidad y del desarrollo” (EL UNIVERSAL, 26/VI/07).
Ciertamente, hay que ampliar la mirada. La construcción de un sistema tributario moderno, capaz de proveer al Estado de recursos suficientes para el cumplimiento eficaz de sus responsabilidades en el desarrollo nacional, constituye una de nuestras mayores prioridades. Debemos aprender de otros países que han logrado incrementar aceleradamente su recaudación. Según cifras del Banco Mundial, Italia aumentó los ingresos tributarios del gobierno central de 29.1% del PIB en 1980 a 38.4% del PIB en 1995; en España el incremento fue de 22.2% a 28.7% del PIB; en Costa Rica la recaudación tributaria saltó de 16.8% a 23.5% del PIB. Partiendo de un nivel inferior, ¿no podremos hacer algo similar por nuestro México?
El libro Finanzas públicas para el desarrollo, publicado recientemente por la UNAM, Porrúa y la 60 Legislatura de la Cámara de Diputados, dentro de la colección Agenda para el Desarrollo, propone diversos caminos mediante los cuales podría elevarse la recaudación tributaria de México en 10 puntos porcentuales del PIB. Por razones de espacio resumiré sólo dos de estos caminos.
Primero, gravar los dividendos como se hace en los países más representativos de la OCDE, donde los beneficios de las sociedades por acciones están sujetos a la discutiblemente denominada “doble tributación”: la empresa paga impuestos sobre sus utilidades (antes de distribuir dividendos) y los accionistas pagan impuestos netos sobre sus ingresos por dividendos. Así, la tasa neta de impuesto personal sobre dividendos es de 32.7% en Francia, de 22.2% en Alemania, de 42% en Irlanda, de 25% en el Reino Unido, de 43% en Dinamarca, de 29.3% en Corea del Sur, de 23.3% en Canadá, etcétera. Solamente en tres países de la OCDE (la República Eslovaca, Grecia y México), la tasa neta de impuestos personales sobre dividendos es cero.
Segundo, acentuar la progresividad del Impuesto Sobre la Renta personal en la franja de ingresos gravables superiores al millón y medio de pesos, preferentemente mediante la introducción de impuestos estatales sobre el ingreso, análogos a los impuestos estatales o provinciales sobre el ingreso vigentes en Estados Unidos y Canadá. En general, prácticamente todos los países de la OCDE tienen tasas marginales de ISR, incluyendo impuestos del gobierno central e impuestos provinciales o locales, superiores a las de México. Según cifras de la OCDE correspondientes a 2005, la tasa máxima de ISR para personas físicas fue de 46.4% en Canadá, de 45.2% en Alemania, de 40% en el Reino Unido, de 45% en España, de 41.4% en EU, de 55.9% en Francia, de 44.1% en Italia, etcétera, mientras que en México fue de 30% y actualmente es de 28%.
De igual modo, las tasas máximas de impuestos sobre beneficios corporativos (correspondientes éstas a 2006), sumando también los impuestos del gobierno central y los provinciales, resultan ser en los países más representativos de la OCDE mayores que en México: de 39.3% en EU, de 36.1% en Canadá, de 39.5% en Japón, de 38.9% en Alemania, de 35% en España, de 34.4% en Francia, etcétera, sin que se hayan producido, por cierto, fugas de inversiones.
Agregando a una versión corregida de la iniciativa del Ejecutivo federal las dos anteriores reformas en nuestro régimen tributario -así como otras reformas propuestas en el libro arriba citado, especialmente gravar las ganancias bursátiles-, se atendería la convocatoria del presidente Calderón para mejorar su propuesta hacendaria, avanzando así “en la ruta de la justicia, la prosperidad y el desarrollo”.
Investigador del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM