En tiempos donde una publicación puede recorrer el estado en cuestión de minutos, la línea entre el ejercicio responsable del periodismo y la desinformación parece volverse cada vez más delgada.
En Chiapas, durante las últimas semanas, ha comenzado a instalarse un discurso que pretende hacer creer que desde el Congreso del Estado se prepara una nueva “Ley Mordaza”, una narrativa que inevitablemente remite a uno de los capítulos más oscuros para la libertad de expresión durante el gobierno de Pablo Salazar, cuando periodistas fueron perseguidos y encarcelados bajo el amparo de figuras legales utilizadas para intimidar la crítica.
Ese episodio dejó heridas profundas en el gremio y una lección que jamás debe olvidarse, ninguna democracia puede sostenerse cuando se intenta callar a la prensa. Por ello, cualquier intento de limitar el derecho a informar debe ser observado con absoluta firmeza.
Pero también es cierto que hoy el escenario es distinto. La irrupción de las redes sociales y el uso indiscriminado de la inteligencia artificial han abierto una nueva discusión. Cada vez es más frecuente encontrar montajes, fotografías manipuladas, audios alterados y campañas de desprestigio que poco tienen que ver con el periodismo de investigación y mucho con la fabricación deliberada de narrativas para destruir reputaciones.
Ahí es donde comienza el verdadero debate. ¿Hasta dónde llega la libertad de expresión y dónde inicia la responsabilidad de quien comunica?
No puede colocarse en el mismo nivel una investigación sustentada con documentos, testimonios y evidencia que una publicación basada en rumores, insultos, ediciones manipuladas o contenido generado para engañar. La crítica al poder no solo es válida; es indispensable en una sociedad democrática. Lo que nunca podrá justificarse es utilizar plataformas digitales para difamar, mentir o violentar a una persona bajo el escudo del periodismo.
Por eso resulta importante escuchar con atención lo expresado por la presidenta del Congreso del Estado, la diputada Alejandra Gómez Mendoza, quien salió públicamente a rechazar que exista alguna iniciativa para restringir la libertad de prensa. Lo que sí defendió fue la aplicación de la legislación vigente en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género, luego de que el IEPC sancionara a páginas de Facebook por considerar que incurrieron en violencia digital, mediática y verbal.
El organismo electoral concluyó que las publicaciones analizadas contenían expresiones dirigidas a la vida privada de las denunciantes, utilización de imágenes modificadas y mensajes sustentados en estereotipos de género. La discusión jurídica podrá continuar en las instancias correspondientes, pero reducir todo el caso a una supuesta “Ley Mordaza” distorsiona el fondo del asunto.
El periodismo chiapaneco enfrenta hoy uno de sus mayores desafíos, diferenciar con claridad el trabajo profesional de quienes investigan, verifican y documentan, del activismo digital que recurre al insulto, la mentira o la manipulación para obtener audiencia. Esa diferencia debe defenderse con la misma fuerza con la que se defiende la libertad de expresión.
Porque si permitimos que cualquiera se escude en el nombre del periodismo para justificar la difamación, terminaremos debilitando una profesión que históricamente ha sido uno de los principales contrapesos del poder. Defender la libertad de prensa también implica defender la ética, la responsabilidad y la credibilidad de quienes verdaderamente ejercen este oficio.
REFLECTORES
En la Preparatoria Alberto C. Culebro de Huixtla el conflicto dejó de ser un simple rumor para convertirse en un problema que ya involucra a toda la comunidad educativa. Padres de familia exigen la salida de la directora Ninfa Sosa Merchant, a quien responsabilizan de decisiones tomadas, sin consultar a la comunidad escolar, entre ellas el cambio de uniforme y el incremento de cuotas, medidas que golpean directamente la economía de cientos de familias.
Lo más preocupante no es únicamente la inconformidad, sino el silencio institucional. Cuando las autoridades educativas optan por no escuchar ni responder, la incertidumbre crece y la confianza se rompe. La educación pública no puede administrarse con imposiciones; requiere diálogo, transparencia y rendición de cuentas.
En Huixtla también persisten señalamientos sobre presuntas irregularidades atribuidas a la directora desde su llegada al plantel. Diversos actores sostienen que ha permanecido en el cargo gracias al respaldo de funcionarios de los ámbitos estatal y federal. Son afirmaciones que, por su relevancia, merecen ser investigadas y esclarecidas por las instancias competentes, garantizando el debido proceso y la transparencia.
Mientras tanto, las preguntas siguen sin respuesta. ¿Qué ha hecho la Subsecretaría de Educación para atender este conflicto? ¿Existe alguna investigación administrativa? ¿Por qué una inconformidad que involucra a padres de familia, docentes y estudiantes continúa sin una solución visible?
Está claro que la señora Ninfa Soza goza de buenos padrinos que la protegen una vez más, el subsecretario de educación estatal Gilberto de los Santos evidenciado también recientemente por cometer irregularidades y que está más preocupado por intentar ser alcalde de un municipio de la costa, así como su otro padrino Plácido Morales Vázquez Procurador General de la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (PROFEDET), y el Director de educación media superior en Chiapas , Luis Antonio Aguilar Macías quien en poco tiempo en el cargo solo ha demostrado torpeza e ineptitud.
Las autoridades educativas tienen la oportunidad de demostrar que en la Nueva ERA la educación también se gobierna con apertura y sensibilidad. Ignorar las voces de una comunidad escolar nunca será la mejor estrategia. La gobernabilidad comienza escuchando, investigando y resolviendo.
Porque cuando el diálogo desaparece, los conflictos crecen… y entonces ya no se trata únicamente de una directora cuestionada, sino de un sistema que parece empeñado en proteger cargos antes que garantizar el derecho de los jóvenes a recibir una educación en un ambiente de confianza y respeto.
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