ÉDGAR HERNÁNDEZ RAMÍREZ
Frente a la grave crisis financiera que enfrenta el gobierno, la clase política chiapaneca –beneficiaria de la corrupción que prohijó el desastre— se lava la cara… y las manos. Con el programa de austeridad adoptado por los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y algunos municipios como el de Tuxtla Gutiérrez, que incluye en algunos casos la reducción de 50 por ciento en el salario de los altos funcionarios, lo que pretende la élite política local es quitarse un poco la suciedad del rostro frente a la ciudadanía, aunque siga sentada en el lodo.
Intentar mostrarse ante los chiapanecos como baluartes de la honestidad y ejemplo de sobriedad en el ejercicio de la función pública, evadiendo pronunciarse sobre las causas de la ruina en las finanzas estatales, no tiene otro propósito que reforzar la “operación encubrimiento” a través de una fachada mediática que disipe la estropeada imagen de nuestros gobernantes.
Ni el gobernador Manuel Velasco, ni los líderes del Congreso Neftalí del Toro Guzmán y Noé Castañón Ramírez, ni el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia, Óscar Rolando Ramos Rovelo, ni el alcalde capitalino Samuel Córdova Toledo, hicieron mención alguna sobre la necesidad de buscar y castigar a los responsables de la crisis, con lo cual rehuyen a su responsabilidad de aplicar la rendición de cuentas y dejan intactos los mecanismos ilegales que permiten la corrupción institucional, es decir, el sistema de prácticas ilícitas que facilita la rapiña del erario, el tráfico de influencias, los negocios bajo el amparo del poder y el enriquecimiento obsceno de los políticos.
Bajo estas circunstancias, no podemos pecar de ingenuos. Las medidas de austeridad que hoyAñadir un evento para hoy se anuncian con vehemencia, tienen una intención prestidigitadora y temporal. En la primera oportunidad, los funcionarios estatales y municipales, así como los diputados, olvidarán sus arrebatos discursivos de “congruencia” y “solidaridad”, y buscarán la forma de compensar la reducción de su jugoso ingreso, decisión que en muchos casos fue aceptada a regañadientes.
Siendo realistas, no se puede esperar otra cosa. Con sus honrosas excepciones, la naturaleza de los políticos es proclive a la corrupción, su “software mental” está programado para buscar el enriquecimiento, no tienen compromiso social con los ciudadanos y sí con sus benefactores, responden a intereses particulares o de grupo, en su degradada cultura política el poder es un botín y no una oportunidad de servir a la sociedad. En este sentido, no les será fácil renunciar a los incentivos de un fenomenal salario y de la oportunidad de obtener favores que resarzan sus expectativas económicas; y para ello, deben defender a toda costa el mayor incentivo de todos, el que permite el funcionamiento del sistema de complicidades: la impunidad.
En conclusión, el promocionado plan de austeridad significa que estamos frente a un preocupante fenómeno de decadencia política e institucional en el que la élite busca salvar sus privilegios con un mínimo de legitimidad social. Por eso los funcionarios y políticos en el poder, decidieron –temporalmente— bajar sus salarios a la mitad (excepto los magistrados) y en el corto plazo evitarán subir impuestos o cobrar otros además de la tenencia. La idea es ganar tiempo para curar la enfermedad de la gallina de los huevos de oro y así ésta pueda seguir saciando el hambre voraz de sus dueños.
La rapiña del dinero público no se erradicará por obra y gracia de sus beneficiarios. Para contener esos impulsos devastadores de la cleptocracia, la sociedad debe criticar, protestar, movilizarse, empujar reformas de transparencia, pero sobre todo, presionar para que se aplique sin concesiones el sistema de rendición de cuentas a los gobernantes. Debe también deshacerse de su pasividad, indiferencia y, en muchos casos, de la complacencia a las corruptelas de la clase política.
De la fuerza que muestre en la búsqueda de estos objetivos, dependerá el saneamiento de la política y las instituciones. Los chiapanecos tienen la palabra.
REMOLINO.- Lamentable el papel de comparsa que está adoptando Jaime Valls Esponda, rector de la Unach en el caso de la crisis financiera del estado. Al sumarse oportunistamente al plan de austeridad convocado por el gobierno, muestra una actitud servil ante el poder y legitimadora de los actos corruptos de quienes vaciaron las arcas públicas. Su postura es cuestionable porque la universidad, que por eso se hace llamar autónoma, debe mantener una sana distancia con el poder y ejercer una crítica constructiva, razonada, para contribuir al fortalecimiento de la democracia. Pero tal vez sea mucho pedir, si recordamos que Valls es también hijo y beneficiario de ese sistema corrupto que hoyAñadir un evento para hoy busca salir a flote… En calidad de improvisados e ignorantes quedaron los diputados locales, principalmente los de la Comisión de Hacienda encabezada por Emilio Salazar Farías, quienes aprobaron el dictamen de la iniciativa que permitiría al Ayuntamiento tuxtleco cobrar un impuesto del 8 por ciento sobre el consumo de energía eléctrica para destinarlo al mejoramiento del alumbrado público de la ciudad. El gobernador Manuel Velasco vetó la aplicación del nuevo tributo por inconstitucional, argumentando que la alcaldía viola la Carta Magna del país al intentar gravar un servicio que presta una entidad federal como la CFE. Si los legisladores quedaron como ignorantes ante el veto del Ejecutivo, el alcalde Samuel Toledo y sus asesores fueron exhibidos como ineptos. Con esta vergonzante pifia del edil priista, el gobernador será quien se lleve el reconocimiento de la gente, pese a que Toledo ya había dado marcha atrás al impopular impuesto.
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