Delincuencia desatada, ¿pactos rotos?
Vulnerable el gobierno ante criminalidad
ÉDGAR HERNÁNDEZ RAMÍREZ
En teoría, el índice de actos delictivos no debería sufrir variaciones significativas cuando hay cambio de gobierno en un estado, sobre todo si tomamos en cuenta que permanecen las mismas estructuras policiacas, igual número de elementos, armas y vehículos para su combate, continúa el aparato de inteligencia, la misma estrategia de seguridad pública, e incluso siguen en sus cargos casi todos los mandos que estuvieron en la anterior administración.
Sin embargo, en Chiapas empiezan a aparecer signos de mayor violencia e inseguridad pública que preocupan. Pudiera argumentarse que esta percepción se debe a que disminuyeron notablemente las campañas publicitarias que nos aseguraban que vivíamos en uno de los estados más seguros del país, pero desgraciadamente hay hechos muy concretos que nos alertan sobre una espiral delictiva con señales ominosas.
Las falsas alarmas de bombas en plazas comerciales, extrañas y recurrentes movilizaciones policiacas en “zonas calientes” de la ciudad, el incremento del índice de robos, la puesta en marcha de operativos conjuntos policiaco-militares en la capital chiapaneca, el intento de asesinato del exalcalde de Jaltenango, pero sobre todo la alta frecuencia de homicidios, uno de ellos cometidos contra la madre del secretario particular del titular de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, nos hablan de una alteración inusual de la lógica delictiva que ya ha impactado en los primeros círculos de los mandos superiores de la policía.
Bajo estas circunstancias, lo que se intuye es que el cambio de gobierno y el contexto en el que se está dando la transición, han generado inestabilidad en los pactos no escritos que presumiblemente realizan autoridades y grupos de la delincuencia organizada para que éstos operen cómodamente en la región a cambio de recompensas y un grado de violencia tolerable.
En un país donde ha quedado documentada desde hace décadas la penetración de las mafias en las instituciones, incluido el Ejército, así como su fortalecimiento en connivencia o con la protección del poder, no tendría por qué sorprendernos que se den este tipo de acuerdos extralegales ni tampoco que esos pactos secretos sean susceptibles de ser violentados cuando la estructura del poder y quienes la detentan empiezan a ser modificados.
Bajo estas consideraciones, el problema en la actual coyuntura es que la delincuencia parece ir ganando terreno frente a un gobierno vulnerable en el que el poder no lo ejerce un mando único o un grupo compacto, sino que está disperso en camarillas políticas que por momentos dan la impresión de que están por encima del propio titular del Ejecutivo. Y es en este contexto de falta de cohesión política donde las instituciones se vuelven más susceptibles de ser copadas por las mafias delictivas, particularmente aquellas que se encargan de la seguridad pública y la procuración de justicia.
Un hecho bastante ilustrativo de que los cuerpos policiacos están siendo rebasados, es la creación de grupos ciudadanos armados que, ante la ineficacia de los policías, han decidido combatir directamente a la delincuencia, como es el caso de Mapastepec, donde ganaderos quieren erradicar el abigeato que les ha dejado cuantiosas pérdidas en su patrimonio.
Cuando la gente empieza a tomar decisiones para ejercer la justicia por cuenta propia, algo grave debe estar sucediendo en el gobierno, más aún cuando la información oficial es contradictoria o confusa; porque mientras el general Raúl David Guillén Altúzar, comandante de la Guarnición Militar en San Cristóbal de Las Casas, asegura que en caso de que el pelotón civil sea encontrado en los caminos por los militares, tendrán que desarmarlo, el fiscal de Distrito Istmo Costa de la Procuraduría de Justicia del Estado, Roger Reyes Estrada, afirma que la Policía Rural Militar es un grupo capacitado y coordinado por el Ejército Mexicano.
De cualquier forma, el trasfondo del asunto es que las bandas delincuenciales están poniendo en jaque a las instituciones de seguridad y justicia, y en Chiapas esa tendencia puede resultar más perniciosa en el contexto de un gobierno que no ha logrado consolidarse para enfrentar con fortaleza las amenazas desestabilizadoras, ya sean políticas o criminales. Dicho de otra forma, si el problema sigue empeorando, estaríamos frente al riesgo de caer en una descomposición social de insospechadas consecuencias.
REMOLINO.- Por si había dudas de que el panorama político-social se ha enrarecido en Chiapas, ayer comuneros de diez municipios de la Sierra Madre decidieron crear grupos de autodefensa para evitar la instalación de compañías mineras anunciadas para la zona, cuya presencia han rechazado desde hace meses. Armados con palos, machetes y tubos, los campesinos afirmaron que la decisión fue tomada por el desinterés de las autoridades para cancelar todos los permisos de exploración y explotación minera en la entidad. Otro signo de ingobernabilidad que el secretario general de Gobierno, Noé Castañón León, deberá resolver pronto, porque también se avecinan movilizaciones magisteriales por la detención de la líder sindical Elba Esther Gordillo.
Correos:
chiapaspost@gmail.com
edgarhram@hotmail.com