Luego de reconocer que en Chiapas existen una serie de expresiones sociales diversas, recurrentes y cíclicas de inconformidad sobre el trato, cobro, tarifas y suspensión de servicios que realiza la Comisión Federal de Electricidad, el Congreso del Estado expuso que planteará al Congreso de la Unión, vía el presupuesto de Egresos de la Federación, un esquema de compensación económica a los estados de la República que como el nuestro, aportan territorio y recursos naturales para la producción de energía hidroeléctrica en beneficio de todo el país, pero que localmente cancela oportunidades productivas y de desarrollo social y económico.
Lo anterior fue dado a conocer por los Presidentes de los Órganos de Gobierno del Poder Legislativo, Zoé Robledo Aburto y Juan Jesús Aquino Calvo, de la Mesa Directiva y Junta de Coordinación Política, respectivamente, mediante una Carta Abierta dirigida a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a la Secretaría de Energía, a la Comisión Federal de Electricidad, a los Ayuntamientos, autoridades municipales y a la Opinión Pública en general.
En el documento, los legisladores consideran que Chiapas ha sido consecuente con el espíritu y la organización federalista de la nación, por lo que con inversiones importantes del gobierno federal y con el agua que corre en la entidad se genera el 48% de la energía hidroeléctrica del país.
Asimismo subrayan los aportes que la Federación hace a Chiapas, particularmente en la distribución fiscal, pero hay que ser claros, dicen, “en nuestro estado, entre nuestra gente, hay un sentimiento profundo de que la Federación no ha sido recíproca con Chiapas y que por tanto no han sido compensadas con justicia las aportaciones chiapanecas al desarrollo nacional. Baste recordar que Chiapas es uno de los estados con menor cobertura del servicio de energía eléctrica en el país, pues registra un 95.9% de hogares con servicio, siendo la media nacional de 97.8% (INEGI 2010). Esto con todo y que en Chiapas es el principal productor de energía limpia en el país”, afirman.
Por esta razón, Robledo Aburto y Aquino Calvo proponen al Congreso de la Unión incorporar criterios socioeconómicos para que las tarifas de la CFE tomen en cuenta no solo aspectos técnicos, estacionales o de consumos mínimos, sino también niveles de ingreso de la población en localidades de alta y muy alta marginación; solicitan también establecer un mecanismo permanente de diálogo, análisis y conciliación entre CFE, autoridades municipales y usuarios del servicio de energía eléctrica en la entidad, que cuente con la participación plural de representantes del Congreso del Estado.
Los diputados locales piden realizar reuniones inmediatas con los presidentes municipales del estado que tienen mayores rezagos y/o adeudos con CFE para analizar alternativas de prestación permanente de servicios públicos, programas de ahorro de energía y regularización o renegociación de adeudos ante CFE, así como abrir una ventanilla de atención social para que el Congreso del Estado reciba a través de los presidentes municipales, las solicitudes de nuevos servicios, reparación de fallas técnicas y revisión de cobros desproporcionados o aparentemente injustificados por parte de CFE.
En una amplia carta, Zoé Robledo y Juan Jesús Aquino Calvo se refieren a la necesidad de establecer un mecanismo de “Alerta temprana” entre CFE, gobiernos municipales y el Congreso del Estado, a efecto de NO comprometer el suministro de electricidad para la prestación de los servicios públicos básicos; en su último punto se pronuncian por difundir entre los presidentes municipales del estado la oferta institucional y los programas del Fideicomiso de Ahorro de Energía (FIDE) a efecto de instrumentar acciones concretas que disminuyan la demanda y el costo del servicio.
Los Presidentes de los órganos de gobierno del Legislativo consideran que este tema es de una alta sensibilidad e importancia social que requiere una vía institucional plural para su adecuada atención, particularmente en fechas próximas a procesos electorales, porque es cuando los movimientos sociales se agudizan, se radicalizan, “transformando una legítima demanda social de atención en una bandera política orientada a fines personales o de pequeños grupos, que lejos de resolver, tiende a empeorar los problemas y a polarizar posiciones, comprometiendo la economía de los ciudadanos, haciendo que se acumulen adeudos, hostigando al personal técnico de la CFE y con todo ello poniendo en riesgo la tranquilidad y paz social, la continuidad del servicio de energía eléctrica en muchos hogares e incluso la libertad de personas”.
“Los recursos hidráulicos, lo sabemos, son recursos de la nación y Chiapas entiende y solidariamente los comparte con todo México, en aras de que alcancemos, todos, mejores niveles de desarrollo y atemperemos la desigualdad social. No podemos tener un México industrializado, próspero y pujante a costa de otro México en donde la marginación y la pobreza sean destino”, concluyeron. ASICh
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