Exal Baltazar Juan
¿Ley mordaza?
Verde. El diez de diciembre del año 1948, tras la segunda guerra mundial, fue adoptada y proclamada la declaración universal de los derechos humanos de la O.N.U., dentro de la cual en el artículo 19 se establece la libertad de expresión y opinión, dentro de lo que cabe nuestro derecho a estar informados, investigar y difundir todo ello sin ser molestados por eso, entendiéndose así la libertad de prensa.
Amarillo. Ciertamente y valiéndonos de aquella frase que dictamina que la libertad de unos termina donde comienza el derecho de los otros, existen límites para la libertad de expresión, los cuales se basan en los principios conocidos como “principio del daño”, que se encarga de detener a aquél que pretende dañar a alguien más. Es entonces cuando entra en juego la difamación, como representante de calumnias que agravan a otros, actos premeditados de desprestigio ya sean cometidos contra personas, instituciones u organismos. ¿Pero qué sucede cuando solo se trata de preguntas, cuándo no existe la difamación y todo es información objetiva? ¿O cuándo es la realidad la que ofende? Simple: Nos Topamos a Pablo Salazar Mendiguchía.
Aquí en nuestro pequeño estado, en el 2004, por obra de un infame político entró en vigor la aún recordada “ley mordaza”, la cual incrementaba las penas y sanciones para delitos de difamación de 3 a 9 años de prisión y multas de cien a mil salarios mínimos; y cuya única finalidad era arremeter contra los periodistas del estado, valiéndose de esa artimaña conocida como “miedo” y las especulaciones del delito.
Entre las víctimas de esta terrible ley se encontró a Conrado de la Cruz, ex propietario del periódico Cuarto Poder con énfasis en el prefijo por que el ciudadano murió en el exilio, cuyo crimen recaía en una publicación que hacía mención de que Pablo Salazar Mendiguchía hacía uso de una Cédula Profesional falsa. Seguido del propietario de Cuarto Poder, su hijo también fue acusado injustamente para posteriormente ser encarcelado, meses después de su liberación falleció. Enrique Zamora, editor de este periódico cometió el delito de cuestionar a Pablo Salazar acerca de los recursos destinados a la reparación de los daños ocasionados por el huracán Stan, por ello fue sometido a un interrogatorio de 12 horas, suceso que se dio a conocer en varios países, desvirtuando la imagen de nuestro país, conocido por poseer una de las mejores cartas magnas del mundo. Tras la muerte de más de treinta niños recién nacidos en el hospital de Comitán, fue la reportera Rosy Pérez la víctima de la ira pablista, madre de dos niñas, limitada, censurada y más tarde despedida, todo por ordenes del entonces gobernador.
Durante esa administración quedó sepultada la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, para Chiapas, de nada sirvieron todas las marchas, las quejas, exigencias, tanto de décadas anteriores por las libertades, como de ese entonces por la justicia.
Rojo. Es común en todas las campañas electorales un poco de difamación, descontento de los candidatos, estrategias desesperadas de calumnias y desprestigio hacia los rivales políticos, situaciones que se prestan a la crítica, pero nada más.
Sin embargo, estos hechos se han extendido también a nuestro municipio con los ataques a los compañeros periodistas: Gustavo López, Ramón Cardona, Juan Aparicio, Alberto de la Cruz, Henry Canel García, Cesar Solís, Rubén Zúñiga, Omar Escamilla, Juan Manuel Blanco, Dorian Scott, entre otros.
Las agresiones hacia los periodistas van desde las amenazas, la compra masiva de ejemplares, el secuestro y la captura para culminar con el asesinato de los colegas periodistas y reporteros. De acuerdo a esto, el peligro no radica en escribir e indagar el narcotráfico, es más sobre funcionarios involucrado en ello, puesto a que los cárteles pretenderán mantenerse ocultos, pero los políticos carecen de esa “profesionalidad” del asesino.
En Xalapa, Veracruz una de las primeras sedes de estos crímenes, teniendo como víctima a Regina Martínez, quien escribía sobre las violaciones a los derechos humanos, cometidas por militares específicamente. A menos de una semana de esta tragedia, se suscitan los asesinatos de los fotoperiodistas Guillermo Luna, Gabriel Huge y Esteban Rodríguez en el mismo estado.
En días pasados la L.C.C. María Elena Orantes expresó su desagradó hacía la repudiada ley mordaza que existió en el “régimen” pablista, hecho curioso y destacable, ya que su “padrino de campaña” así como el partido al que actualmente pertenecen se han encargado de difamar a los medios de comunicación que dan a conocer información que los desprestigian (más), tachándolos de corruptos, partidistas, y demás calificativos desagradables, con lo que parecen buscar poner freno a la libertad de expresión y difusión con que contamos todos los ciudadanos, esperemos entonces que en la próxima administración de la república no se desate algo similar a lo ocurrido en 2004 en nuestro estado.
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