Se salvaguarda bienes de ciudadanos ajenos al crimen organizado

Las modificaciones hechas a la Ley de Extinción de Dominio, promovidas por la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional (PRI), garantizan la protección de los ciudadanos que nada tengan que ver con actividades criminales, afirmó el candidato del PRI a diputado federal por el distrito XII de Tapachula, Sami David. Se congratuló porque sus correligionarios priistas hayan tenido entereza suficiente para haber impulsado cambios sustanciales a dicha iniciativa presidencial pero al mismo tiempo lamentó el uso electoral que está dando el Partido Acción Nacional (PAN) a dicha Ley, aprobada la víspera en el Senado de la República en medio de ríspidas acusaciones hacia los priistas promovidas por el líder nacional y los demás representantes de ese instituto político.
Sami David recordó que la iniciativa de ley, enviada por el ejecutivo federal, presentaba numerosas deficiencias y, por su redacción, eran técnicamente riesgosas y abrían las puertas para cometer abusos y violaciones a las garantías individuales de todos los mexicanos.
Por eso, los legisladores priistas, apuntó, influyeron de manera decisiva para modificar 55, de los 70 artículos de la iniciativa presidencial cuya finalidad principal, seguir cerrándole las puertas a la delincuencia organizada, no resultó afectada.
El aspirante a una curul en San Lázaro recordó que los legisladores priistas no estuvieron nunca en contra de la Ley de Extinción de Dominio pero sí defendieron con ahínco cambios para garantizar los derechos de propiedad a quienes, de buena fe y sin conocer el estatus delictivo de los inquilinos, tengan que dar en arrendamiento algún inmueble a los delincuentes.
Explicó que también propusieron modificar el ejercicio del Ministerio Público de la acción de la extinción del dominio y darle la facultad exclusiva al Procurador General de la República quien deberá rendir cuentas a la sociedad y al congreso del ejercicio de esa facultad. De igual forma, revisar el plazo que se les concederá a los indiciados para defenderse del procedimiento de extinción de dominio y precisar que si dentro del proceso del indiciado resulta absuelto, tenga la obligación de acreditar la licitud de sus propiedades y bienes en general.
Quedó claro entonces que las modificaciones planteadas y logradas por la fracción priista en el Senado de la República pretenden amarrar las manos a los potenciales abusos de los mandos policíacos y garantiza la protección de los derechos de los ciudadanos honrados, apuntó Sami David. ASICh

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