Cosme Vázquez /ASICh
Chiapas pugna en contra de los alarmantes problemas sociales y previene el delito, por lo que en congruencia ahora se establece una política criminal con acatamiento de los derechos humanos; de nada serviría combatir el delito si no se respetan las garantías individuales, señaló la diputada Arely Madrid Tovilla.
Al manifestar la posición del grupo parlamentario del PRI en la Cámara local de diputados, a favor del decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Constitución Política del Estado de Chiapas, la jurista indicó que sin importar la clase de intereses locales y nacionales de relevancia o beneficios para la entidad o para el país que se pudieran tener, el gobierno no deberá caer más en el autoritarismo ni considerar al “ius puniendi” como medio para luchar contra el delito sin respeto a los derechos humanos.
Desaparecer la figura del arraigo es entender qué es la justicia, es respetar los derechos inherentes del ser humano, subrayó la también integrante de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, que presentó el dictamen del decreto aprobado por unanimidad en la sesión ordinaria de este jueves de la 64 Legislatura estatal.
Precisó que en la Constitución se han realizado algunas reformas al 16 Constitucional y también al artículo 133 Bis del Código Federal de Procedimientos Penales que expresamente cometían violaciones al establecer una detención espuria de más de 48 horas, una privación de libertad en arraigo domiciliario hasta por 30 días, así como por omitir las garantías individuales de audiencia.
Agregó que con esta reforma a la Constitución Política local se avanza en la defensa de las garantías individuales; el que se prohíba la figura del arraigo en Chiapas en delitos del fuero común, se está previendo la comisión de un delito y se garantiza la defensa de los derechos humanos del gobernado.
Indicó que la Constitución comprende además de lo jurídico factores históricos sociales y políticos, que generalmente de manera democrática se incluyen en la misma. Ello no implica desconocer la importancia jurídica de la norma constitucional, como producto formal del Poder Legislativo –en su carácter de Constituyente Permanente- pues ello es necesario para confirmar su validez constitucional en el derecho objetivo. Se ratifica con esto, que la Constitución es normal fundamental que está por arriba de todo el restante derecho positivo nacional, subrayó.
Por otra parte, anotó que el derecho que a fin de cuentas más sirve al Estado para proteger bienes jurídicos, por su eficacia de poder político y fuerza que posee, lo es sin duda el Derecho Penal; ninguna otra norma jurídica comparada con la potencia de éste, se ofrece con mejor contundencia para mantener la integridad de dichos bienes, el orden público, el progreso del propio Estado, del gobernado y en general de la comunidad. ASICh