Más allá de ideologías partidistas, los Grupos Parlamentarios del PRI, PAN, PRD, PVEM, PT y PANAL, conformados al interior de la LXIV Legislatura, coincidieron en reconocer el compromiso y sensibilidad del Gobernador del Estado, Juan Sabines Guerrero, con el respeto irrestricto a los derechos humanos, al presentar una iniciativa de reforma constitucional que suprime la figura del arraigo.
Al discutir, votar y aprobar por unanimidad el dictamen presentado por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales relativo a las iniciativas de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a las Constitución Política del Estado de Chiapas, los legisladores hicieron uso de la máxima Tribuna para manifestar su posicionamiento respecto a los temas de especial trascendencia que contemplan las reformas.
En su calidad de Presidente de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, el diputado Juan Jesús Aquino Calvo fue el primero en tomar la palabra para destacar que “las leyes –aun las constitucionales- son dinámicas y los que tenemos la responsabilidad de legislar, debemos tener un sentido humanista para escuchar las voces de la ciudadanía que con todo derecho pueden expresarse en un sentido u otro”.
Aquino Calvo subrayó la sensibilidad mostrada por el Ejecutivo del Estado en el respeto a los derechos humanos; con esta reforma, dijo, “se cumple el principio fundamental pro persona, del que la Corte Interamericana de Derechos Humanos y los criterios jurisprudenciales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que han establecido privilegiar el principio de presunción de inocencia hacia el inculpado”.
La LXIV Legislatura es y ha sido congruente con el trabajo realizado, apuntó el Coordinador del Grupo Parlamentario del PAN, “el fortalecimiento responsable de los derechos humanos ha sido una premisa que nos ha impuesto la ciudadanía, prueba de ello es que a partir de esta reforma constitucional, Chiapas vuelve a ser ejemplo a nivel nacional y se convierte en la primera entidad federativa en eliminar la figura del arraigo en los procedimientos inherentes a la ley”.
Por el Grupo Parlamentario del PRI, intervino la Coordinadora de la bancada, Arely Madrid Tovilla, quien indicó “en la Comisión de Gobernación estamos convencidos de la viabilidad, trascendencia y beneficios que traerán consigo las propuestas presentadas por el Ejecutivo Estatal, ya que tratan temas que se requieren adecuar para otorgar a la sociedad mayores condiciones de certidumbre jurídica y oportunidades de participación social”.
Al abordar el tema de la supresión del arraigo en la Constitución local, opinó que “con esta iniciativa se avanza en la defensa de las garantías individuales. Al prohibir la figura del arraigo en Chiapas, en delitos del fuero común, se está previniendo la comisión de un delito y se garantiza la defensa de los derechos humanos del gobernado”, sostuvo.
El arraigo es violatorio de las garantías individuales, sentenció la legisladora y destacada jurista, “porque quita lo referente al cuerpo del delito; la probable responsabilidad del inculpado; la libertad provisional bajo caución; porque pasa de ser una garantía individual a ser una facultad del Ministerio Público; quita también la seguridad jurídica y es violatoria de derechos humanos”.
Para eliminar cualquier duda sobre si la figura del arraigo será aplicable a todos los delitos, la diputada priísta pormenorizó: “para que no hubiera duda constitucional, ni penal acerca de que el arraigo únicamente opera en la denominada delincuencia organizada, se adicionó el párrafo VIII del artículo 16 estableciendo qué se debe entender por “delincuencia organizada”. De nada sirve combatir el delito si no se respetan garantías individuales, apuntó Madrid Tovilla y finalizó diciendo, “desaparecer la figura del arraigo es entender qué es justicia, es respetar los derechos inherentes del ser humano”.
Por el Grupo Parlamentario del PRD, la diputada María Gertrudis Hernández Hernández, señaló que el respeto a los derechos humanos es un tema primordial en la agenda pública de México y de Chiapas; el tema, continuó, no está a discusión en su pertinencia, no hay instancia de gobierno, ni poder público que se oponga a éste principio guía.
En lo particular, aseguró la diputada del PRD, estoy de acuerdo en erradicar el arraigo, “ya que es un recurso jurídico que obliga a una persona a permanecer en arresto sin inculpación, medida que internacionalmente es considerada una detención arbitraria”.
El arraigo es una procedimiento que debemos superar, continuó la legisladora, ya que además de afectar los derechos humanos, ha inhibido el desarrollo de capacidades de investigación del ministerio público y no puede pasarnos por alto que incluso haya representado una salida complaciente que compensaba una deficiente averiguación, deficiencia que solo iba en detrimento de las garantías procesales, del abatimiento de la impunidad y de la observancia de los derechos humanos, indicó.
Correspondió al diputado Javín Guzmán Vilchis, del PVEM, en su calidad de Vocal de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, precisar que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de acuerdo a las reformas del 18 de junio del año 2008, establece un periodo de 8 años para adecuar el marco legal de las entidades federativas, al nuevo sistema de justicia penal acusatorio y oral, que tiene como objetivo el pleno respeto a los derechos humanos, dentro del cual no tendrá cabida el uso de figuras como el arraigo.
Guzmán Vilchis, Presidente de la Comisión de Justicia, indicó “la Constitución chiapaneca da un paso importante para el cumplimiento del mandato establecido en el año 2008, respecto al nuevo sistema de justicia penal, y finca un precedente importante al ser la primera Constitución que prohibirá el uso de la figura del arraigo”.
En su oportunidad ,el Coordinador Parlamentario del Grupo del PT; Carlos Mario Estrada Urbina, dijo que la prohibición de la figura del arraigo en los delitos del fuero común restringe de manera considerable el derecho de la persona detenida en flagrancia o caso urgente a que su situación jurídica se resuelva en 48 horas, ante la autoridad del ministerio público, ó 72 horas ante la autoridad jurisdiccional; buscando con esta reforma evitar la violación al derecho que les asiste de ser presentado sin demora ante autoridad judicial que estudie y resuelva sobre la legalidad de su detención.
El arraigo es un trato cruel al ser humano, el arraigo es inhumano y degradante, consideró Estrada Urbina, al tiempo de precisar que esta reforma garantiza el pleno goce de las garantías individuales y el respeto a los derechos humanos.
A nombre de los legisladores del PANAL, su coordinador, Carlos Valdez Avendaño, en lo concerniente a la desaparición del arraigo como una discrecionalidad del ministerio publico en el fuero común, enfatizó que el gobernador Juan Sabines Guerrero demuestra con hechos su convicción de que el secreto de la paz, reside en el respeto a los derechos humanos.
Valdéz Avendaño ponderó al Gobernador Juan Sabines Guerrero, por escuchar las voces del pueblo, “de mandar obedeciendo” enfatizó. ASICh
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