Víctor Hugo Roblero Hernández /ASICh
Tapachula, Chiapas.- La población damnificada de las regiones Soconusco, Costa, Sierra y Frailesca de la zona devastada por el huracán “Stan” en el 2005, en el marco del tercer aniversario de la contingencia se declaran en resistencia civil.
Ante la falta de cumplimiento de la Auditoria Superior de la Federación y del órgano Superior de fiscalización del Congreso del Estado para dar a conocer los resultados de las auditorias realizadas a los recursos y programas de la reconstrucción ejercidas de manera fraudulenta durante la administración de Pablo Salazar Mendiguchia. Así lo dio a conocer a este medio Carlos Tapia Ramírez, presidente de la sociedad civil del soconusco A. C. en Tapachula el pasado sábado del presente mes, dijo: La información que la dependencia encargada daría a conocer a mas tarda el 31 de marzo del presente año y no se ha cumplido, mostrando una clara evidencia de que se encubre a Pablo Salazar Mendiguchia y a Vicente Fox Quezada.
Tapia Ramírez, en un documento que hace llegar a varias dependencias e instituciones, amnistía Internacional, Derechos Humanos entre otras, hace mención que se pretende dar carpetazo al asunto del fraude a los recursos del stan por más de 11 mil millones de pesos, para evitar que se finquen responsabilidades penales, a Pablo Salazar, como responsable directo del fraude, pero también a familiares y ex funcionarios coludidos.
La Sociedad Civil del soconusco A. C. que preside Carlos Tapia Ramírez solicitan y en base al articulo 8° Constitucional entre otras peticiones al Ministerio de justicia Lic. Amador Rodríguez Lozano, inicie de manera inmediata las averiguaciones previas y el arraigo a funcionarios y empresas coludidas en el fraude de los fondos de la reconstrucción, de acuerdo a los resultados de las auditorias realizadas y a la denuncia interpuesta por el Contralor General de estado Lic. Francisco Gerardo Sau Yáñez.
A la Procuraduría General de la República (PGR) y al Ministerio Publico Federal iniciar las investigaciones legales y el fincamiento de responsabilidades legales correspondientes a funcionarios y empresas coludidos con el fraude. ASICh