René Delios
Es importante que se estudie el caso de las empresas que en determinado momento infringieron o tuvieron una falta a las leyes actuales y a “las reglas del juego” a que se refirieron Agustín Cartens y Guillermo Ortíz, Secretario de Hacienda y Gobernador del Banco de México, respectivamente, y se actúe con sanciones ejemplares como se dijo en la cúpula del dinero: la Coparmex, la Canacintra y la Canaco.
Pero cuales son esas “las reglas del juego”.
Se supone que las no escritas, las que no se ven, pero que se cumplen supra constitucionalmente. Las reglas del juego son flexibles, de acuerdo a quienes las usen o a quienes se las apliquen y, podríamos decir que en ambos bandos hay privilegios al conocer antes que nadie el comportamiento de las finanzas. Pero para eso debe de haber informantes, alguien de dentro tanto de Hacienda Federal, como del Banco de México, para poder especular.
Porque sino es así como esas empresas tuvieron tanta facilidad para especular con el peso y devaluarlo.
¿Cómo puede haber esos filtros entre los muros del dinero?
No es demasiado pedir el que, los “intelectuales” que especularon con nuestro peso, sean llamados a cuentas, porque mucha fue la gente que perdió millones, cerraron pequeñas empresas, se perdieron empleos, y demasiadas prospectivas de futuro porque unos quisieron -o lo hicieron-, ganar más dinero en medio de la inestabilidad bursátil.
Eso es traición a la nación y tienen que pagar, porque nuevamente los delincuentes de “cuello blanco”, serían perdonados ante un claro ilícito, y todavía ganándose una “lanísima”.
Matraz
Resulta increíble que pese a la oxidada que se le ha dado al nombre del ex gobernador Salazar, no se pueda actuar en consecuencia.
Ni la abrumadora falta de calidad e incluso de obras concluidas en torno a la reconstrucción por el paso de “Stan”, y ni la cantidad bárbara de presos políticos encarcelados por el de Soyaló -y liberados por Sabines-, han sido suficiente fragua para sustentar tanto un juicio por desvío de recursos y un juicio político.
Esta situación, que desde Carlos Tapia, pasando por los ex alboristas, para seguirnos con los presos políticos, habla de un ex gobernante arrasador, poco tolerante, obstinado, lo contrario a lo que debe ser el mandamás de un gobierno emanado de la democracia y la pluralidad, en el entendido que es en ésta última en dónde se gesta la ordenanza en que la voz de los menos se escucha igual que la de los más.
Solo ahí, en la pluralidad, porque en la democracia, se impone la de los más: el que saque más votos gana, y es cuando éste triunfador puede aplicar la tolerancia, la pluralidad, la transparencia.
Pero por lo que se ve no se dio: no están claras las cuentas de “Stan”, menos que le den una su revisada al periodo 2000-2006; tampoco se explican tantos presos políticos y la persecución sistemática a ex colaboradores de Albores Guillén, que aunque en su momento se les vieron los abusos y trácalas, finalmente solo se les vieron porque no se les comprobó nada, y ahora demandan.
¿Procederá el asunto?
Difícilmente, pero queda claro que es una advertencia para qué no salga en la foto de los posibles candidatos plurinominales por la tercera circunscripción regional, que le quiere dar a Salazar el grupo de Chucho Ortega y Amalia García, dos fuertes corrientes al interior del perredismo. De ahí la estrategia administrativa de demandarlo, para que estando en investigación, no pueda candidatearse hasta que se de un fallo.
Solo que éste no debe demorarse, muy aparte de que hay que recordar que el actual ministro de justicia fue asesor del sindicado, representante de su gobierno en el D.F., y su amigo personal desde que los dos como senadores fueron parte de aquella resonante Cocopa, junto a Heberto Castillo, Jaime Martínez Veloz, Payán Velver entre otras lumbreras.
Todos culpan al ex gobernador de sus penas y derechos humanos pisoteados, pero nadie lo ha encontrado -oficialmente- responsable de nada. ¿Porqué? No lo hace la Secretaría de la Función Pública, ni la Contraloría del Estado y ni el Organo de Fiscalización del Congreso Local. Faltará ver si hay atenuantes y lo hace el Ministerio de Justicia, al remitir al rubro administrativo, el expediente de la causa para su análisis y sentencia.
Envío
¡Larráinzar; cumplimiento y paz!