Restauranteros denuncian incremento en impuestos, recorte de horario y pérdida de antigüedad

Propietarios de establecimientos que expenden bebidas alcohólicas realizaron una enérgica denuncia en contra de la Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios y de la Jurisdicción Sanitaria No.1, de la Secretaría de Salubridad, porque en un proceso de “regularización” están obligándolos a sacar como nueva su licencia de venta de vinos y licores, en diversas modalidades, cuando muchos tienen hasta 20 años de haberla obtenido, con el objetivo de restarles antigüedad.
La situación es crítica para este gremio impulsor de la economía del estado y generador de empleos: se han incrementado los impuestos y se pretende recortar el horario de atención al público.
Los dueños de restaurantes, bares, cantinas y cacinos, denunciaron diversas irregularidades como el levantamiento de censos en sus negocios por personal que no se encuentra acreditado por la autoridad sanitaria; retraso en la entrega de documentación y prepotencia en el trato a los agremiados del giro de bienes y servicios con venta de bebidas alcohólicas.
Asimismo, señalaron que el refrendo de los permisos que anteriormente pagaban cada año ante el Municipio, ahora lo exigen cada seis meses ante Hacienda, con un incremento mayor al cien por ciento, así como fuertes multas en el caso de retrasos, con el objetivo de cobrarles mayores impuestos y que pierdan su antigüedad.
Esto, debido a que si en ese plazo se ubica en las inmediaciones del local, a menos de 150 metros a la redonda, una iglesia, escuela o institución, el dueño del negocio pierde automáticamente la licencia, cuando la máxima del derecho reza que “quien es primero en tiempo, es primero en derecho”.
Lo peor, señalaron en entrevista, algunos restauranteros agraviados, es que todos estos cambios, plazos y nuevas disposiciones, no las han dado a conocer oportunamente, “cuando hemos ido a pagar, de acuerdo a los tiempos que conocíamos, nos enteramos que el plazo ya venció, y nos han generado multas, por las nuevas disposiciones”.
En un documento de tres cuartillas, los denunciantes aseguraron que estas arbitrariedades se oponen a la política de puertas abiertas y de negociación que ha implementado el gobernador Juan Sabines, por lo que solicitaron su inmediata intervención para poner un alto a este agravio que las autoridades están realizando en contra de chiapanecos emprendedores, que diariamente se esfuerzan por generar empleos e impulsar la economía del estado.
Bastante irritados, brindaron una lista de nombres de quienes “representan a la autoridad en estas dependencias y son responsables de las arbitrariedades y acciones prepotentes”: Albert Rafael Hernández Castellanos, Edgardo Pérez Román, Jorge Iván Villatoro Martínez, Greysi Magali Matuz Pineda y María Dolores Román Cruz; quienes han demostrado con hechos, que no pueden con la responsabilidad, pues no dan solución a los problemas que se les presentan en relación a los expedientes de bebidas alcohólicas. ASICh

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