Rodolfo Tuirán
Varios senadores demócratas y republicanos, con el apoyo de la Casa Blanca, trabajaron a puerta cerrada durante los últimos tres meses para lograr articular un paquete de reformas a la ley de inmigración. El resultado de esta larga y difícil negociación será presentado formalmente hoy o mañana en el Senado estadounidense para dar inicio al esperado debate sobre la reforma migratoria. Sus promotores (el demócrata Edward Kennedy y el republicano Jon Kyl) cuentan con muy poco tiempo para lograr la aprobación de esta propuesta, ya que el calendario político juega en su contra.
De ser aprobada, la iniciativa de ley impulsaría una profunda transformación en el sistema de inmigración estadounidense, ya que gradualmente tendería a sustituir el esquema actual, basado principalmente en los vínculos filiales y en el propósito de reunificación familiar, por otro anclado en los méritos y atributos de los futuros inmigrantes (escolaridad, calificación y experiencia laboral, entre otros). Es claro que este cambio busca romper con las cadenas migratorias tradicionales e incidir en la competitividad de la economía estadounidense.
Esta iniciativa de ley, impulsada por una alianza inusual, atiende las preocupaciones de los principales grupos de interés y guarda ciertos equilibrios para atraer al mayor número de legisladores de ambos partidos y asegurar así su aprobación. Sin embargo, como era de esperar, las soluciones propuestas no han dejado satisfechas a todas las partes, en particular a quienes se ubican en los polos opuestos. Casi de inmediato, ésta fue calificada de “excesivamente generosa” por los conservadores y de “injusta” e “insuficiente” por los liberales, lo que augura un intenso debate en el Senado.
Como muchas otras propuestas de ley presentadas después de los eventos del 11 de septiembre de 2001, la que se debatirá esta semana en el Senado coloca un fuerte énfasis en el conjunto de medidas que buscan garantizar el cumplimiento de la ley migratoria y el fortalecimiento de la seguridad interna y limítrofe. Desafortunadamente estas medidas ya no son tan controversiales como las dirigidas, por ejemplo, a regularizar la situación migratoria de los indocumentados.
Bajo los términos de esta iniciativa de ley, las personas no autorizadas que se encontraban en Estados Unidos antes del 1 de enero de 2007 podrían permanecer temporalmente en Estados Unidos bajo una condición probatoria y optar más tarde (luego de pagar una multa de mil dólares y someterse a la verificación de antecedentes, entre otros) por un nuevo tipo de visa de no inmigrante (Z), renovable cada cuatro años. Con esta visa podrían vivir, trabajar y viajar en Estados Unidos. Mientras que para algunos esta medida es simplemente una “amnistía”, para otros la exigencia de diversos requisitos podría impedir que los indocumentados se acogan a los beneficios de este programa.
Una vez obtenida la denominada visa Z, a sus portadores podría tomarles un largo periodo (entre ocho y 13 años) la obtención de la residencia permanente. Para lograrlo, tendrían que pagar cada uno una multa adicional de 4 mil dólares y esperar en la fila detrás de los que cumplieron con la ley para obtener la visa de residencia permanente. Cuando sea el momento indicado, el jefe de familia deberá salir de Estados Unidos y solicitar su reingreso por canales regulares. De nueva cuenta, en esta y en otras propuestas similares se configura una ruta llena de obstáculos (el alto costo y la obligación de salir del país) que podrían desalentar a los inmigrantes regularizados a obtener la residencia permanente y más tarde la ciudadanía.
Uno de los aspectos más preocupantes de esta propuesta de ley, que refleja el énfasis en la seguridad, es que la puesta en marcha de los programas de regularización (o de otras medidas que benefician a los migrantes) estaría condicionada al funcionamiento previo de las medidas de control interno y limítrofe. Como se advertirá, la iniciativa de ley no es perfecta, pero hay consenso en Estados Unidos en calificarla como “el mejor acuerdo dentro de lo posible”.
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Economista y demógrafo, Premio Nacional de Demografía