Augusto Solórzano López/ASICh
La presunta red de delincuencia organizada que lidera Ana María Orantes Campos fue públicamente denunciada por no menos de 500 afectados por esta mujer que presume vínculos con toda la clase política de Chiapas, para “vender” concesiones de transporte público y defraudando a cuanto incauto encuentra sin que el peso de la justicia pueda caer sobre ella y compañía. La mayoría mujeres y hombres de la tercera edad, profesionistas jubilados se declararon víctimas de una persona con “virtudes extraordinarias” para hacer daño y que no se ha tentado el alma para dejarlos en la calle arrebatándoles con engaños de 50 mil hasta millones de pesos producto de honrado trabajo.
Se quejaron que tanto autoridades del Poder Ejecutivo de inicio los escuchan, pero, los han olvidado sin lograr absolutamente nada, lo mismo ha ocurrido con el Poder Legislativo en donde les han ofrecido, pero, nunca les han cumplido.
Por eso pidieron la intervención enérgica de las autoridades estatales, a fin de que por primera vez se haga justicia y se acorte la brecha de la justicia legal con la justicia real, ya que la primera no alcanza para ella (la defraudadora) y la segunda que es la verdad no les llega a los defraudados, por la actitud presumiblemente corrupta de representantes de la justicia en Chiapas.
“Hemos guardado silencio desde hace más de 8 años y nuestra lucha ha sido institucional, pero, vemos que por más que aportamos pruebas la justicia siempre le asiste a ella (Ana María Orantes Campos) por eso decidimos hacerlo público”.
Al frente de esta “red de delincuencia organizada” aparece Ana María Orantes Campos, seguida de Oscar Octavio de la Riva y notarios públicos como Eugenio Orantes de Coss; además del fiscal José Alfonso Trejo Velázquez de Asuntos Relevantes de la PGJE y otros que están al frente incluso de un corporativo llamado Abogados Alborán y Riva.
El grupo ha sido tolerado presuntamente por la Secretaría del Transporte que –incluso- se ha prestado y ayudado al grupo defraudador y la complicidad de autoridades que van desde la procuración de justicia y hasta notarios públicos como se anota antes.
También cuenta con enganchadores y guapas enganchadoras, un taller “Alborán” montado al más alto nivel para dar mantenimiento a sus unidades de transporte, muchas con concesiones “patito”, otros clonados, otras más cedidas y luego arrebatadas porque –una misma concesión de taxi o combi- la vende más de una vez a diferentes personas y luego las quita.
La indiciada, posee, una cadena de propiedades millonarias, residencias, carros, automóviles, motocicletas, viajes frecuentes al extranjero, que ha comprado gracias al despojo de cantidades millonarias que le ha quitado a la gente que ha caído en el sueño de obtener una concesión legítima que nunca les llegó y que por el contrario le hizo perder todo su dinero.
Exhibieron una larga lista de afectados que supera los 500 y que han perdido desde 50 mil hasta más de 3 millones de pesos por persona y que pasa por otras cifras como el caso de la maestra Balboa que supera los 3 millones de pesos.
A los largo de los últimos 8 años existen expediente penales, como los de Maribel Vázquez Gómez y 8 personas más; Hugo Daniel Caña Constantino; Blanca Ortiz y 5 personas más, Abenamar Espinosa de la Cruz y 10 personas más, etc., etc., etc.
Y muchos expedientes más de gentes de Tuxtla Gutiérrez, Chiapa de Corzo, Tonalá, Arriaga, Comitán, San Cristóbal de Las Casas, el norte y costa de Chiapas que, se relacionan entre sí con respectivas Averiguaciones Previas iniciadas en diferentes fechas por presunto fraude.
Documentación que está soportada entre indagatorias consignadas y regresadas –según- para tratamiento; expedientes penales con ordenes de aprehensión canceladas (¿?) y otras tantas que curiosamente no han procedido quizá porque como Orantes Ocampo vocifera es demasiado influyente. ASICh