Mario Tassías
Quienes hemos estado en las trincheras electorales, sabemos que el mejor blindaje que se le puede brindar a un proceso de elección, es el ejercicio del voto. Es decir, evitar el abstencionismo. Al votar, el ciudadano cumple con una obligación y ejerce su derecho a elegir. Pero ante todo, evita que los asaltantes de un ejercicio democrático quebranten la voluntad soberana de los votantes.
Blindar “las campañas electorales contra la penetración de recursos ilegales”, es un procedimiento ideado por el Instituto Federal Electoral y avalado por los partidos políticos o a la inversa, para permitir que en el curso de las propias precampañas y campañas, el IFE pueda dar “información inmediata acerca de la eventual participación de dinero proveniente de actividades ilícitas”.
Ese revestimiento pretende resguardar el proceso de quienes por el poder del dinero, pudieran inclinar la balanza a su favor. Es desde la perspectiva política un acuerdo de buena fe, basado en la confianza.
La transparencia del proceso, descansa colectivamente en el Instituto Federal Electoral, pero somos los ciudadanos los que tenemos la facultad de seleccionar. Somos nosotros, los electores, quienes mediante el voto podemos elegir a quien nos represente desde el poder legislativo. Es un mérito de la democracia.
Cuando se dio el anuncio de que los partidos políticos representados en el IFE aprobaban por unanimidad, blindar las elecciones federales del 5 de julio próximo, hubo regocijo y a cual más se dio por escuchado. El blindaje comprende la realización de auditorías aleatorias y de campo en los actos de precampaña y de campaña a partir del 31 de enero.
Basados en experiencias nada edificantes, los políticos fueron precisos para crear esquemas de control de las aportaciones de las personas jurídicas. El acuerdo permite aportaciones en efectivo de hasta 10 mil pesos (200 salarios mínimos) en campañas y precampañas. Los montos superiores deberán entregarse en cheque, previa identificación plena de los aportantes.
Además incluye la elaboración de una relación de proveedores y prestadores de servicio con los que se realicen operaciones que rebasen los 500 días de salario mínimo. Incluir el nombre comercial de cada proveedor, Registro Federal de Contribuyentes; domicilio fiscal completo; los montos de las operaciones realizadas y los bienes o servicios obtenidos. Para las operaciones que superen los 5 mil días de salario mínimo se conservará un expediente por cada uno de los proveedores y prestadores de servicios. El IFE tiene la facultad de designar a los auditores que verifiquen las actividades de recaudación por autofinanciamiento.
Sin embargo, el Partido Acción Nacional se quejó que de faltaba una coma o algún acento en el contexto del acuerdo, el recurso de impugnación fue desechado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y las aguas volvieron a su nivel.
Eso, a grandes rasgos, es el contenido del llamado blindaje electoral en cuanto a los ingresos del financiamiento privado de los partidos.
En ese contexto, el TEPJF consideró fuera del lugar una disposición contenida en la segunda parte del punto Segundo, párrafo VII del acuerdo que persuade a los partidos a “…evitar señalamientos públicos sin sustento que impliquen calumnia respecto a involucramientos y participación de partidos, militantes, precandidatos o candidatos en presuntas actividades ilícitas”. Conociendo, como se conocen, el acuerdo pretende que durante el proceso se divulguen infundios.
Esa disposición, es notoriamente contradictoria del contenido del artículo 6º Constitucional, que garantiza la libertad de expresión. Si tan solo se respetara el espíritu de este artículo, no habría necesidad de otra reglamentación, pero las elecciones son otra cosa, “…se sale de lo ordinario por tratarse de un proceso de contienda” argumentó el Tribunal.
Al final del día, si ejerciéramos responsablemente nuestro derecho y cumpliéramos con la obligación de votar, no habría ninguna necesidad de acordar, más allá de lo que se ha reglamentado ya.
Se trata de dar algunos pasos. Si solo nos tomáramos la molestia de participar, los partidos políticos tendrían que acatar nuestras decisiones. El ejercicio del poder sería en razón un mandato ciudadano, alejado de las frivolidades de políticos, y de las perrunas contiendas electorales por demostrarnos quien hace o dice la primera estupidez.
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