Mario Tassías
Una vez más la AMEDI, Asociación Mexicana de Derecho a la Información, pone el dedo en el renglón y ahora mediante carta abierta exige que el segundo debate sea trasmitido por televisión nacional.
El derecho a la información es para los mexicanos, en el capítulo de los derechos humanos, una garantía que el estado debe cumplir. Todavía más, la Federación, los Estados y el Distrito Federal en el ámbito de sus respectivas competencias están obligados a cumplirle a los mexicanos.
Para eso se establece que “toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público en los términos que fijen las leyes. En la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad”, dice la Constitución.
Desde esta ventana, las campañas electorales en busca de la presidencia de la república es información que interesa por lo menos, a ciudadanos sensatos que saben que el futuro del país está en manos de los partidos políticos y sus elegidos para contender el primero de julio de 2012. La vida democrática depende de la construcción de un espacio público informado.
Lo que ocurra después de ese ejercicio, es responsabilidad de los ciudadanos. Antes no se les debe coartar su derecho a saber. Sin información el estado de derecho no es posible, ni viable.
Por eso es que nos sumamos a la petición de la AMEDI que exige cobertura total para el segundo debate entre los presidenciables, el próximo 10 de junio. En su carta abierta, la asociación expresa:
“El debate entre los aspirantes a la Presidencia de la República que se realizó el pasado 6 de mayo, fue un ejercicio democrático que suscitó el interés de millones de personas y generó una deliberación pública necesaria para confrontar propuestas y perfiles. Esos son elementos esenciales para un voto razonado que tiene como base el derecho a la información de la sociedad, tal como se pudo constatar en la medición de audiencias así como el los múltiples espacios de opinión y análisis en los medios de comunicación.
Toda la población debe de tener acceso gratuito y universal para sintonizar tales acontecimientos ciudadanos. Eso no sucedió en el primer debate, a causa de la negativa de las televisoras para que fuera transmitido en sus cadenas de mayor cobertura nacional. Televisa sólo puso a disposición la cadena del Canal 5. TV Azteca lo transmitió en el Canal 40, que cubre únicamente el Valle de México y sólo después del alud de críticas que recibió el dueño de esa televisora por desafiar al Estado con la programación de un partido de futbol a la misma hora. Los medios no comerciales, tanto en televisión como en radio, junto con la colaboración de los medios privados que sí participaron de esa transmisión, atenuaron los efectos de esa campaña contra el debate.
Las concesiones de radio y televisión son un bien público que el Estado tiene obligación de regular para el interés común. Es muy importante que por lo menos el canal 2 de Televisa y el 13 de TV Azteca transmitan el debate el 10 de junio a fin de garantizar que la mayor cantidad posible de mexicanos tengan la opción de verlo.
Si las televisoras se niegan a difundir el debate en sus redes nacionales de mayor cobertura, entonces será pertinente que la Secretaría de Gobernación cumpla con la responsabilidad que tiene para procurar la mayor difusión a los asuntos de trascendencia para la sociedad y aplique el Artículo 62 de la Ley de Radio y Televisión. De esa manera el segundo debate podría ser visto y escuchado en cadena nacional de radio y televisión.
El fallido intento de TV Azteca para entorpecer la difusión del debate presidencial y la reticencia de Televisa para darle toda la cobertura posible, han reiterado las consecuencias indeseables que tiene para el país la desmedida concentración de muchas frecuencias de televisión en manos de solamente dos empresas. No tenemos confianza alguna en la vocación social de tales consorcios, pero sí en la capacidad de la sociedad mexicana e incluso de la clase política –por lo general tan tímida ante las televisoras pero cuyos intereses ahora han sido directamente afectados debido al sabotaje contra el debate– para exigir que la transmisión del 10 de junio llegue a todos los sitios del país en donde se reciben señales de televisión abierta”.
El documento está suscrito en la ciudad de México, con fecha 15 de mayo. Suscriben Aleida Calleja, Presidenta y Alberto Aziz Nassif Coordinador del Consejo Consultivo, así como los Comités: Directivo, de Investigación, Editorial, de Enlace Institucional, de Vinculación Social, de Finanzas, Jurídico, de Difusión, de Relaciones Internacionales y Académico.
También está firmado por los presidentes de los Capítulos: Zacatecas, Yucatán, Sinaloa, Jalisco, Oaxaca, Baja California, Puebla y el Consejo Consultivo de la AMEDI.