Mario Tassías
A nosotros nos queda claro, la ley electoral no viola la libertad de expresión, los que ven borroso, son los empresarios que dejaron de hacer negocios con la venta de publicidad y la pérdida del controlsobre los procesos electorales.
Por eso los industriales de la radio y la televisión congregados en la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión (CIRT) han utilizando argucias legales para incumplir la ley electoral.
Hasta ahora, emplean las pantallas y micrófonos para desacreditarla.
Cómo no van a estar enojados y chillando, si le se fueron millones de pesos que antes se embolsaban frente a los oídos y los ojos de radioescuchas y televidentes.
Simplemente hay que recordar que 7 de cada 10 pesos del financiamiento público de los partidos era para pagar tiempos en radio y televisión. Además de que administraban la propaganda política.
Era pues un negocio, como el futbol u otros espectáculos mediáticos que aportan millones para quienes usufructúan concesiones federales para transmitir imágenes y sonido.
El actual modelo de comunicación política prohíbe explícitamente la contratación de tiempo aire en la radio y la televisión por parte de candidatos y partidos políticos.
La CIRT confunde – cuando no diría el otro – a la sociedad cuando afirma que la ley viola la libertad de expresión.
Al difundir información sesgada y parcial los de la CIRT quieren agua para su molino. Dinero para sus arcas.
La Asociación Mexicana de Derecho a la Información AMEDI, en su boletín del pasado 26 indica que: “Desde 2007 los medios, especialmente las televisoras, no han dejado de litigar en contra de la reforma, no se resignan a la pérdida económica y de control que tenían.
El documento difundido por la AMEDI a través de las redes sociales se puede consultar en: http://www.amedi.org.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=769:la-ley-electoral-no-viola-la-libertad-de-expresion&catid=59:comunicados&Itemid=105
“Ahora que se inició el periodo de “intercampañas”, se ha regresado al ataque. Retornan a la batalla en contra de la reforma, porque no pierden la esperanza de que el clima de animadversión que han generado pueda llevar tarde o temprano a una contrarreforma para cambiar el modelo en favor de sus intereses”
Para no ser menos y en estricto apego a la ley, la justicia es otra cosa, el Tribunal Federal Electoral, a partir de interpretaciones sumamente restrictivas de la legislación, ha sancionado a medios por difundir mensajes políticos sin que se haya comprobado la existencia de compra o venta de espacios para propagar tales contenidos.
Obligado por decisiones expresas del TRIFE, el Instituto Federal Electoral, impuso multas de pertinencia y legalidad discutibles.
Hay que decir que, las insuficientes explicaciones del IFE acerca de sus decisiones han incrementado la confusión en los medios de comunicación. La inquietud legítima de numerosos periodistas y comunicadores, a los que no se ha informado con claridad cuáles son los parámetros que tienen para informar acerca de las actividades de candidatos y partidos, ha sido aprovechada por la CIRT para redoblar sus impugnaciones a la reforma electoral de 2007.
Esa confusión no se debe a las reglas electorales, sino a la interpretación que el Tribunal Electoral hace de ellas y a las posiciones que en consecuencia ha asumido (erróneamente, a nuestro juicio) el Instituto Federal Electoral.
La prohibición constitucional y legal para contratar propaganda política corresponde a estándares democráticos recomendados por instancias internacionales como la ONU, y la OEA al determinar el riesgo para las democracias cuando es el dinero y no la información la que priva en los procesos electorales.
En el desplegado que difundió la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT) afirma que emprenderá “denuncias ante organismos internacionales para defender la libertad de información de los mexicanos y la libre expresión de todos los comunicadores de la radiodifusión mexicana”, argumenta que los criterios que las autoridades electorales han fijado para sancionar casos específicos de propaganda disfrazada de libre ejercicio informativo o de expresión, demuestran que la reforma constitucional en materia electoral es censora. Lo que la CIRT quiere hacer quedar en el olvido es que la ley electoral responde a la histórica demanda ciudadana para que hubiera menos gasto político y campañas más cortas.
Lo demás, es parte de las lágrimas de quienes están acostumbrados al espectáculo.