Mario Tassías
Ahora sí va en serio la reestructuración. Al interior de la administración pública estatal ocurren otros cambios y nuevos nombramientos. Son movimientos esperados. En los círculos políticos se dice que los primeros años de un sexenio son para conocer, los siguientes son para reafirmar y la tercera parte para consolidar aquello que se inició con las modificaciones.
El Gobernador Juan José Sabines Guerrero, envió y la LXIII Legislatura del Congreso del Estado aprobó sin dilación, una iniciativa de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Chiapas.
En términos prácticos, las modificaciones son de forma y fondo administrativo, con sus respectivas cargas políticas. En ese contexto, la institución que ocupa el segundo lugar de la administración, ahora se denomina Secretaría General de Gobierno. Se le atribuyen nuevas responsabilidades a la Secretaría de Economía. Nuevas facultades a la ahora identificada como Secretaría de Turismo y Relaciones Internacionales.
Suprimir la Secretaría de Administración y sustituir la Secretaría de la Contraloría por la hoy denominada Secretaría de la Función Pública, es percibir que la administración del sexenio sabinista tiene delimitada con especificación precisa, sus funciones. Ampliar las responsabilidades de la Secretaría de Hacienda y realizar el cambio de adscripción de BANCHIAPAS con la finalidad de que realice operaciones financieras, es un ejercicio de precisión que tiene que ver con la economía.
La creación de la Secretaría para el Desarrollo de la Frontera Sur, para coordinar los proyectos relacionados con energías alternativas y renovables. Lo concerniente con la atención de los migrantes. La conducción de políticas, proyectos y programas de desarrollo y fomento de Puerto Chiapas. Coordinar y enlazar al estado con los Proyectos de Integración y Desarrollo de los Estados del Sureste y los países de Centroamérica, atiende a una necesidad por abarcar algunos espacios que merecían un trato especializado.
Fortalecer la que fue la Consejería Jurídica del Gobernador, para realizar funciones de atención, asistencia, orientación y seguimiento jurídico que requiera la ciudadanía, es la razón de ser de lo que a partir del decreto se denominará Instituto de la Consejería Jurídica y de Asistencia Legal.
Regresar a su nombre original a la Procuraduría General de Justicia como órgano del Poder Ejecutivo Estatal, es volver a tomar los asuntos sin retruécanos. Un órgano institucional tan cercano a la sociedad debe ser operativamente ágil. Contribuir al estado de derecho. Cumplir los mandatos constitucionales de manera eficaz y eficiente, apegada a los principios de legalidad y certeza jurídica y respeto a los derechos humanos. Con el nombre, la Procuraduría también lleva el nuevo orden de su estructura.
Otros nombres se sumarán a los más recientes nombramientos. Algunos personajes saldrán por cuenta y riesgo propios. Hay quienes tienen en la mira las elecciones del próximo 5 de julio. Es cuestión de sentido común. Quienes aspiran a ser electos diputados federales, están en el arrancadero, la carrera ya empezó.
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