Mario Tassías
A pesar de que no existe una cifra indiscutible del lavado de dinero, expertos del gobierno federal han llegado a estimar que la cifra ronda los 19 mil y 29 mil millones de dólares anuales, afirma la propuesta “Elementos para la Construcción de una Política de Estado para la Seguridad y la Justicia en Democracia”.
El esfuerzo hasta ahora, contra el lavado de dinero, resulta pequeño en comparación con la gravedad del fenómeno. Las huellas del lavado quedan en bancos y aseguradoras, en grandes constructoras e inmobiliarias, notarios y empresas. Los resultados son magros. De 2006 a 2010 se dictaron sólo 53 sentencias.
El convenio de Mérida para el combate a la corrupción y el de Palermo para la delincuencia organizada, no bastan. En el ataque al “lavado de dinero” se encuentra uno de los instrumentos más importantes en la lucha contra la delincuencia organizada. Aunque debe atenderse con urgencia el marco legislativo que incorpore total y correctamente estas convenciones.
Los procesos por lavado de dinero se relacionan con aseguramientos en flagrancia en aeropuertos y fronteras. La coordinación de los poderes públicos en los tres niveles de gobierno es indispensable, pero deben involucrarse los sectores social y privado.
La situación presenta rezagos: 1) baja o nula persecución penal vinculada con la corrupción pasiva y activa de personas físicas y morales; 2) baja o nula detección del financiamiento de partidos y procesos preelectorales con dinero de origen ilícito; 3) poco desarrollo y tecnificación de las fuentes de inteligencia humana; y 4) supervisión inadecuada de transacciones en el medio empresarial y de actividades económicas comunes.
En su vertiente técnica, el ejercicio de esta función debe pasar por el desarrollo de estándares contables y de auditoría, compatibles con las mejores prácticas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. Además, se deben desarrollar algunas técnicas de investigación preventiva y detección de transferencias de recursos financieros ilícitos. Es muy bajo aún el nivel de abandono, decomiso, aseguramiento y extinción de dominio de activos ligados al lavado de dinero. Existe además poco interés manifiesto por perseguir la corrupción de alto nivel.
México fue uno de los países más activos en proponer mecanismos de colaboración entre países para afrontar esta lucha, así como la discusión de asuntos tan delicados como el intercambio de información, el tráfico de armas, el lavado de dinero y la posibilidad de la legalización de algunas drogas. Es necesario que se retome esta bandera, y con otros países proponer foros internacionales para la discusión y acuerdos de colaboración sobre el tema.
Es necesario integrar unidades de inteligencia financiera y de investigación patrimonial en las diversas entidades del país, en todas las policías federales y las fuerzas armadas, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Procuraduría General de la República. Deben intensificarse las relaciones interinstitucionales en la Fiscalía Especial para Delitos Electorales, en la PGR, la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada, el Servicio de Administración Tributaria, en sinergia con los servicios de aduanas, la Secretaría de Seguridad Pública Federal, la Secretaría de la Función Pública, el Instituto Nacional de Migración, y otros.
Es necesario que exista un registro mercantil detallado con datos de accionistas, en particular las personas físicas que controlan y se benefician de cualquier persona jurídica.
Deben incluirse los fideicomisos y las entidades sin fines de lucro para que apliquen estándares con el debido cuidado y proporcionen información que les sea requerida durante investigaciones patrimoniales. Los servicios que reúnan inteligencia financiera deben montarse en un sistema adecuado de coordinación interinstitucional con la policía y los fiscales, de manera que se puedan aprovechar los reportes de operación inusual o sospechosa del sistema financiero, entre otros.
Es importante acelerar la producción de datos patrimoniales en el contexto de la información proporcionada por los reguladores del sistema financiero, como la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, y otros.
La propuesta está en la mesa.