Mario Tassías
Para construir una política de Estado para la Seguridad y la Justicia con Democracia, es fundamental abonar en una política local en materia de seguridad, que debe contar con un altísimo perfil en cuanto a la planeación de políticas públicas en el ámbito municipal.
Se dice y es cierto, que el ciudadano común está más cerca de su gobierno municipal que de cualquier otro orden. Es en la jurisdicción local, donde la vida comunitaria adquiere sentido de pertenencia. Por eso es desde ese ámbito, donde debe lanzarse un modelo policial centrado en la seguridad ciudadana.
La propuesta de la UNAM y del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, confirman que “Resulta importante impulsar la planificación y el diseño de ciudades y comunidades, así como la revisión de las que ya existen en sus espacios públicos, con diversas características que promuevan la seguridad y la certidumbre de mujeres, jóvenes y niños”.
“Al planificar y diseñar espacios públicos seguros para estos grupos en las comunidades y ciudades, los planificadores, diseñadores y arquitectos prestan especial atención a la iluminación, paisaje, visibilidad, tránsito vehicular, tránsito peatonal, mobiliario urbano, posibles lugares de escondite, señalización, proximidad con otros espacios públicos y con servicios de emergencia, y acceso al transportes público”.
En pocas palabras, se propone que las ciudades y comunidades sea lugares de sana convivencia, que atiendan las demandas de mujeres, jóvenes y niñas, y que contribuyan a la configuración de espacios públicos, donde mujeres y hombres tengan igualdad de oportunidades para que ambos se sientan seguros.
Desde la perspectiva de los especialistas, el problema de la violencia contra las mujeres remata en tres prioridades: a) impulsar con decisión el proceso de armonización legislativa con los principios de los derechos humanos para tipificar adecuadamente todas las formas de violencia contra las mujeres, b) garantizar un acceso de jure et facto (de derecho y hecho) a recursos judiciales idóneos y efectivos para las mujeres, y c) la aprobación e implementación de la política de acceso a una vida libre de violencia y los modelos que la acompañan, que debe quedar plasmada en el “Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres”, tal como lo establece la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en su capítulo II.
La propuesta se basa en que el componente inmediato de un programa de seguridad ciudadana en el municipio, debe partir de un esquema integral de prevención de las violencias. Aquellas que constituyen acción física o moral lo suficientemente eficaces para anular la capacidad de reacción de las personas sobre quien se ejerce. Su estrategia tiene que ser intersectorial e interinstitucional, y atravesar las barreras de los ámbitos de gobierno para enlazarse con las políticas local y nacional.
“El programa debe incluir, acciones para la formación de una cultura ciudadana y de la legalidad, mediante la educación en valores y normas cívicas. Debe buscar la recuperación del espacio público en sectores estratégicos, siempre con la participación ciudadana”.
Con las condiciones actuales, lo más seguro es que los municipios de cualquier rango social, económico o político, no cuenten con unidades de análisis delictivo para acciones preventivas a fin de desarticular acciones antisociales. La propuesta ya entregada al Poder Legislativo sugiere hacer uso de los recursos y las herramientas como la Plataforma México, “y fortalecer la capacidad técnica de una unidad de análisis que recopile y analice información y proporcione recomendaciones operativas a la autoridad municipal. Es evidente que esta es una tarea de largo plazo que se debe iniciar en los municipios más grandes o conflictivos”.
Es cierto que programa que no se evalúa no tiene destino cierto, por eso “la política local de seguridad debe favorecer un sistema de rendición de cuentas y transparencia para monitorear las estrategias y acciones, darles seguimiento, evaluar su eficacia y la conducta de los miembros de la corporación.
Existen en el medio oficial procesos disciplinarios, manuales, operativos, sistemas de supervisión interna y externa, y toda clase de sumarios para ponerlos en práctica. De lo que se trata es de responder con una política local en materia de seguridad municipal. La seguridad es una garantía que representa la organización estatal en orden al mantenimiento del derecho y a la protección del individuo.