Mario Tassías
Los alimentos y la agricultura estarán en la agenda de la reunión de Ministros de Agricultura del G20 que se celebrará en París los días 22 y 23 de junio. Es una cita preparatoria de la conferencia del G20 del mes de noviembre en Cannes, Francia.
El movimiento internacional La Vía Campesina, condena el intento de los gobiernos de las naciones que quieren apropiarse de las políticas alimentarias, para controlarlas en perjuicio de la humanidad.
El G20 incluye a las 20 economías más ricas y excluye a las más pobres. De África, un continente azotado por el hambre, sólo tiene presencia África del Sur.
El G20 intenta, desde su creación en 1999, controlar la especulación y los paraísos fiscales, desmantelar los bancos e imponer impuestos a las transacciones financieras. Estos intentos han fracasado porque los líderes de esas naciones promueven las mismas políticas que provocan las crisis alimentarias y financieras actuales.
Los alimentos llegan a precios máximos y alcanzan los niveles de 2008 cuando los altos precios elevaron el número de personas hambrientas a más de mil millones, sobre todo, en zonas rurales.
La inestabilidad de los precios de los alimentos, es consecuencia de la liberalización del comercio, la desregulación de los mercados, la especulación y la promoción de los agrocombustibles. Los agronegocios orientados a la exportación crean volatilidad en los precios. Cuando la producción principal se vende a los mercados y no hay disponibilidad de existencias a nivel comunitario como de país, la inestabilidad de los precios puede tener un impacto mortal. Los campesinos pierden poder de negociación para determinar el precio, porque son los exportadores, los grandes corredores de bolsa, y los supermercados los que controlan los mercados y se benefician de sus fluctuaciones.
A diferencia de la agroecología, la agricultura industrial depende de los combustibles fósiles para la producción de pesticidas y para el transporte; lo que también contribuye a que la volatilidad del mercado aumente. Si bien producen alimentos, los campesinos y las campesinas son las primeras víctimas de los altos precios. No cuentan con acceso suficiente a la tierra y otros recursos productivos. Como consecuencia, compran lo que comen. Los costos de producción, se incrementan por los altos precios del combustible. En consecuencia, los precios a los productores quedan por debajo de los precios de producción.
La adquisición de tierra agrícola por las empresas transnacionales incrementa el número de desahucios de campesinos y campesinas y reduce la capacidad de muchos países y comunidades para alimentarse por sí mismos en África, Asia y Latinoamérica. La iniciativa del Banco Mundial para que los «acaparamientos de tierras» sean aceptables socialmente no aporta solución. Los «Principios para una Inversión Agrícola Responsable» (RAI por sus siglas en inglés) se establece para legitimar la apropiación de la tierra en perjuicio de los pequeños productores.
El G20 no debería tomar las decisiones relacionadas con los alimentos y la agricultura, y mucho menos el G8; estas decisiones deberían tomarse con la participación de todos los países. El G-20 considera la creación de una “reunión anual de las partes interesadas para la seguridad alimentaria”. La Vía Campesina ve esta iniciativa como un paso atrás y reafirma que el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (CSA) de las Naciones Unidas debería respetarse como el espacio donde las políticas globales sobre la alimentación se negocien con la participación de la sociedad civil y se decidan por todos los gobiernos.
Juntos la Confédération Paysanne, miembro de La Vía Campesina en Francia, afirman que la solución a la crisis actual está en las políticas públicas nacionales, regionales e internacionales que regulen los mercados para conseguir precios justos tanto para los consumidores como para los campesinos, y especialmente para mujeres y jóvenes.
Las políticas basadas en la soberanía alimentaria deberían incluir: La defensa y la promoción de una agricultura con base campesina, a pequeña escala y sostenible, y vendida en los mercados locales. Ello incluye la venta directa de alimentos en las comunidades, la protección de las semillas de los campesinos, el acceso a la tierra, al agua y la educación. La conversión de tierra agrícola para otros propósitos como la construcción de viviendas, el turismo o la industria no debería permitirse. Cuando los campesinos y las campesinas tienen un mejor control de la transformación y comercialización de sus productos, son menos vulnerables a la volatilidad de los mercados.
El (re)establecimiento de reservas diversificadas de alimentos (local y nacionalmente) para estabilizar los precios y gestionar los riesgos en caso de catástrofes naturales y situaciones de emergencia.
Los países deberían tener el derecho a proteger sus propios mercados frente al dumping y defender su producción local. Los países con un potencial agrícola en términos de número de familias agrícolas y disponibilidad de tierra arable necesitan revivir sus producciones alimentarias para sus necesidades domésticas.
Poner fin a la promoción de los agrocombustibles que están ejerciendo presión sobre los mercados alimentarios y expulsando a los campesinos de sus tierras.
Poner fin a la apropiación de la tierra e implementar los compromisos adquiridos por la Conferencia Internacional sobre Reforma Agraria y Desarrollo Rural (CIRADR) de la FAO.
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