Mario Tassías
Dicho sin preámbulos, la frase es concluyente: “En el Derecho penal, lo peor que puede ocurrir es meter a un inocente a la cárcel”.
En materia electoral “… lo equivalente sería declarar válida una elección no democrática. Por ello, mientras en el Derecho Penal sería mejor liberar 10 delincuentes que encarcelar a un inocente, en el Derecho electoral es mejor anular 10 elecciones a que llegue alguien a un cargo de elección popular de manera ilegítima”.
Así de sencillo es el razonamiento de John Mill Ackerman Rose, investigador en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM respecto de las instituciones electorales de nuestro país.
En entrevista para El mundo del Abogado, (http://elmundodelabogado.com/2011/john-ackerman-los-partidos-politicos-se-van-a-dar-con-todo) el especialista habría dicho que “… en México los consejeros (y) los magistrados electorales y la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales regatean sus propias funciones y acaban echándole la culpa a los vacíos de la ley, a la falta de normas o a las deficiencias en la tipificación de los delitos electorales. Simplemente se niegan a utilizar plenamente sus facultades y a llegar al fondo de los asuntos”.
De ahí que despierte por lo menos curiosidad, su más reciente publicación “Elecciones 2012: en busca de equidad y legalidad” (IIJ-UNAM/Senado, 2011, 349 páginas)
La reforma electoral de 2007-2008, advierte el texto, fortaleció las reglas e instituciones electorales con el fin de asegurar la equidad y legalidad de la competencia política en México. Sin embargo, los acontecimientos de los procesos electorales de 2009 y 2010 revelaron que todavía existen importantes vacios legales que deben ser atendidos ante las elecciones electorales de 2012. Así mismo, aún sin la realización de modificaciones legales correctivas tienen la responsabilidad de implementar mejor el marco jurídico vigente.
Desde la perspectiva de los procesos electorales pasados, incluidos 2009 y 2010, equidad y legalidad, fueron des elementos por lo menos ausentes en la decisión final. Equidad va más allá de dejarse guiar, o a fallar, por el sentimiento del deber o de la conciencia, de la justicia natural. Legalidad es aquí, algo más que un principio jurídico que permite someter a gobernados y gobernantes a la letra de la ley y el derecho.
El volumen “Elecciones 2012: en busca de equidad y legalidad” atiende este reto y reúne a algunos de los expertos más destacados en derecho electoral para identificar los puntos más vulnerables en el actual sistema de regulación política-electoral así como proponer soluciones concretas con el fin de reencauzar y consolidar la democracia mexicana.
Coordinados por Ackerman Rose, en el libro escriben Jesús Cantú, Jaime Cárdenas, Hugo Concha, Javier Corral, Francisco De Andrea, Miguel Eraña, Rafael Estrada, Gonzalo Farrera, José Fernández Santillán, Imer Flores, Pablo Gómez, Manuel González Oropeza, Pilar Hernández, Rafael Hernández, Eduardo Huchim, Issa Luna, Daniel Márquez, Carlos Navarrete, Arturo Núñez, Alfredo Orellana, Jesús Orozco, Francisco José Paoli, Leticia Santín, Francisco Tortolero, Isabelle Arroyo, Leonardo Valdés, José Luis Vargas
Algunos de los debates más importantes que aborda el libro son: la regulación de la intervención de los medios de comunicación en los procesos electorales, el control de la utilización de recursos y cargos públicos para promover la imagen pública de los gobernantes, el fortalecimiento del blindaje en contra del crimen organizado y el narcotráfico, entre otros temas.
Así mismo, se analiza el desempeño y los retos de las principales instituciones electorales a nivel federal: el Instituto Federal electoral (IFE), el tribunal Electoral del Poder judicial de la Federación (TEPJF) y la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos electorales (FEPADE).
“Elecciones 2012: en busca de equidad y legalidad”, es un buen pretexto para actualizarse en una materia que tiene muchos pendientes, principalmente con eso que busca.
Por otra parte, Ackerman Rose es el académico que promueve ante la Corte Penal Internacional, Juicio penal internacional en contra de Felipe Calderón, Joaquín Guzmán Loera, Genaro García Luna, Guillermo Galván Galván, Francisco Saynez Mendoza y demás autoridades, militares y narcotraficantes responsables de crímenes de guerra en México.